Las señales apuntan a que en el próximo periodo de sesiones del Congreso se revivirá la posibilidad de una reforma a la Ley Federal del Trabajo, sobre la base de un híbrido en que se condensarían nuevas propuestas de las fracciones políticas
De hecho, en afán de manejarla como base, el PRI plantearía una iniciativa que promete ser "radicalmente distinta" a la presentada el 18 de marzo pasado por el PAN, con la novedad que de entrada se modificarían mil artículos del ordenamiento, es decir más del doble de las 414 que pretende Acción Nacional.
La intención de jugarle las contras al gobierno se inscribe en el enfrentamiento frontal, gritos y portazos al calce, entre el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Joaquín Gamboa Pascoe, y el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, cuyo epicentro fue, justo, la propuesta panista largamente cabildeada.
De hecho, hace unos días la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, otro de los apéndices priistas, convocó a un foro de análisis de la propuesta panista, a la que de entrada se descalificó al ubicarla como propatronal, aduciendo que pretende acabar con los contratos colectivos de trabajo, eje, materia, puntal, de los sindicatos.
La paradoja del caso es que al evento acudieron el presidente de la Concamin, Salomón Presburguer; el de la Canacintra, Sergio Enrique Cervantes, y un representante de la Coparmex de nombre Ricardo Castro, por más que éstos hablaron de una posibilidad que favoreciera la generación de empleo y el crecimiento de la economía, además de fomente la inversión.
Entre las innovaciones que planteará el PRI está, justo, el restarle facultades a la Secretaría del Trabajo.
De entrada, se plantea la creación de un Instituto Federal y uno local para el registro de sindicatos, tarea que hasta hoy realiza la dependencia.
Más allá, se revive al idea, impugnada también en su momento por la Secretaría del Trabajo y las cúpulas empresariales, de que las empresas que subcontraten a tercerías u outsourcing se conviertan en obligadas solidarias cuando éstas no cumplan con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo en materia de protección social.
De no responder éstas por la omisión, los contratantes asumirían las multas que les impusiera, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ahora que la propia Coparmex está colocando en la mesa de discusión un abanico de propuestas, entre ellas el hacer obligatorio para las empresas, y de pasadita los trabajadores, la capacitación, tanto a la contratación como durante el marco de ésta... por más que habla de que "ningún cambio podría implicar un incremento de costos para las empresas".
Más allá, se plantea revisar toda la parte de trabajo especial en lo relativo al campo, trabajo de mujeres, menores y personas con capacidades diferentes, dadas las enormes lagunas en la materia.
En coincidencia con la propuesta priista en trámite, además, se plantea que las Juntas de Conciliación y Arbitraje limiten sus funciones a los asuntos estrictamente laborales, lo que en las entrelíneas hablaría de no inferir en la vida de los sindicatos, por ejemplo con la llamada "toma de nota".
Adicionalmente, ahora en coincidencia con la propuesta panista, se plantea la posibilidad de contratación a prueba para la temporada inicial de trabajo; pago de horas extra sobre la base del salario ordinario, es decir ni doble ni triple.
Por su parte, el PRD peleará por la inclusión de los puntos de su iniciativa planteada el 20 de abril pasado, entre ellos el desmantelamiento del sistema corporativo sindical del Estado; la flexibilización concertada en la contratación colectiva con sindicatos legítimos, y la capacitación para la productividad en beneficio compartido, además del fortalecimiento de la libertad, democracia y autonomía sindicales.
El punto fino de la iniciativa, empero, plantea la supresión del apartado B del Artículo 123 de la Constitución, lo que implica que los trabajadores públicos tendrían derecho de huelga.
El paralelo, se habla de instaurar como obligatoria la semana de trabajo de 40 horas, además de sustituir la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por un órgano al que se denominaría Instituto Nacional del Salario Mínimo, Productividad y Reparto de Utilidades.
Finalmente, el PAN insistiría en los puntos clave de su propuesta como el de la capacitación inicial de los trabajadores; los contratos a prueba; el trabajo por horas o por temporada, y el fin del escalafón ciego, sustituyéndolo por otro basado en la productividad y la capacitación.
Más allá, regular el trabajo vía outsourcing o tercerías; exigir elecciones democráticas en los sindicatos; transparentar las cuentas de éstos, y cerrar el paso a los abusos patronales en materia de trabajo femenino.
El problema es que el tamal resulte de chile, de dulce y de manteca.
BALANCE GENERAL
En lo que parecería lluvia sobre mojado contra Mexicana de Aviación, o si lo prefiere tormenta sobre tormenta, hete aquí que los principales bancos de los Estados Unidos están "recomendando" a sus ejecutivos que tengan necesidad de viajar a nuestro país, a que no lo hagan en los aviones de Mexicana de Aviación.
Lo grave del caso es que la previsión alcanza también a Aeroméxico.
La exposición de motivos alude a un estudio de la FDA, es decir la autoridad de vuelos de los Estados Unidos, en que se señala que los aviones de una y otra empresas mexicanas no reúnen las condiciones óptimas de seguridad para pasajeros.
Naturalmente, el foco rojo del asunto es que el boicot se extienda a otras empresas, o de plano a la totalidad de los posibles usuarios.
FUEGO CRUZADO
En lo que parece ya fuego cruzado contra el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, el organismo Transparencia Nacional que encabeza el ex procurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, presentó una denuncia administrativa en contra del funcionario ante la Secretaría de la Función Pública.
Aunque el eje de ésta apunta al quebranto al erario público de entre cuatro y cinco mil millones de pesos provocado por aceptar la oferta de Televisa-Nextel por una red nacional de espectro para telefonía celular y banda ancha, que en proporción resultó 27 veces menor a lo pagado por Telcel por un segmento regional, se anotan otros "pecados".
Estamos hablando de que Molinar actuó con "ligereza" al asegurar a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso que en los primeros seis meses del año la Secretaría a su cargo había ejercido el 90 por ciento de su presupuesto de infraestructura para ese lapso, dato que desmintió la Secretaría de Hacienda, señalando que sólo se había gastado el 26.
El rosario habla también de que el funcionario otorgó contratos irregulares a particulares a su paso por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
MAXCOM EN EL CALLEJÓN
Rechazadas las versiones de una inminente venta, la empresa telefónica Maxcom está tratando de sobrevivir el año vía dos alternativas: emitir nuevas acciones en la Bolsa o buscar su fusión a una empresa con mayor liquidez.
La compañía arrastra pérdidas desde el año pasado, lo que obliga a su capitalización.
El run run hablaba de que estaría en tratos para venderse a la Telefónica de España o la italiana Vivendi, lo que prohíbe la Ley de Inversiones Extranjeras, al limitar el capital externo a un tope de 49 por ciento.
