Lo que realmente ocurre en materia de seguridad en Durango, y lo que las autoridades nos ofrecenen su versión oficial, resulta cada vez más incongruente.
El fin de semana pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició la distribución de un documento en el que enjuician las condiciones en que actualmente se encuentra el ejercicio de las garantías individuales en la entidad: en uno de los incisos, el de control penitenciario, califican al Estado como entidad gubernamental como "incapaz" de llevar un control adecuado en los penales locales.
A la vuelta de un par de días, la estructura gubernamental envió al subsecretario general de Gobierno, Juan Mejorado Oláguez, para desmentir lo que el organismo desconcentrado afirmó: "no existe ingobernabilidad en los Ceresos", sentenció tajante el lunes.
Un par de horas después de su declaración, en el Cereso No. 1 se desató una presunta riña, en la que finalmente fallecieron dos internos. El contraste, divulgado en los medios de comunicación entre lunes y martes, saltó a la vista de televidentes, radioescuchas y lectores. El Subsecretario hizo el ridículo: fue surrealista observar sus declaraciones y enseguida pasar a la nota policiaca que relataba lo ocurrido en la cárcel.
Ajenos a lo que el ciudadano común percibió al conocer el entorno de lo ocurrido -el informe de Derechos Humanos, la respuesta oficial y el doble asesinato-, los estrategas mediaticos oficiales todavía se atrevieron a enviar al fiscal general del Estado, Ramiro Ortiz Aguirre, para que dijera lo mismo que su compañero de función pública: "no existe ingobernabilidad en los centros penitenciarios". Más surrealismo.
A diferencia de Mejorado Oláguez, que se mantuvo tajante en la postura ordenada, al Fiscal le ganó la sinceridad y reconoció que la violencia que ocurre en el exterior ha alcanzado a los penales y reconoció la existencia de artefactos que pueden ser utilizados como armas.
Aunque ya se ve como algo "normal" la existencia de armas de diferentes tipos en el interior de los Ceresos, no deja de ser una aberración.
En la calle, los ciudadanos comunes no podemos portar armas: la legislación mexicana lo prohíbe, salvo en algunas excepciones contempladas por la propia ley. Frecuentemente encontramos en los medios de información notas sobre personas que fueron detenidas por cargar con ellos una pistola o una navaja.
Esa medida, la de prohibir la portación de armas, tiene una concepción muy simple: que un mexicano tenga consigo un artefacto de defensa -o ataque- de este tipo, rompe precisamente con las condiciones de gobernabilidad. Es facultad única de los cuerpos policiacos hacer uso de la fuerza y, en su caso, utilizar armas para enfrentar cualquier atentado contra el bienestar de las personas.
Entonces, ¿cómo presumir que los Ceresos están "bajo control" si cada vez que se realiza un operativo en el interior son decomisadas cientos de "puntas", aparatos de comunicación y hasta armas de fuego?
No hay gobernabilidad en los centros penitenciarios; ¿para qué insistir en lo contrario?
La mayoría de las cárceles, no sólo de Durango, sino de todo el país, se encuentran en la actualidad regidas por "autogobiernos", responsables hoy de los periodos de paz y las épocas de guerra en su interior. Quizá el Fiscal y el Subsecretario de Gobierno se referían a esa gobernabilidad.
Al final los estrategas se dieron cuenta de su error. Ayer, tanto al secretario de Seguridad Pública, Jesús Antonio Rosso Holguín, como al propio gobernador Jorge Herrera Caldera, se les enmendó el discurso: hablaron de algunos problemas al interior de los penales: infiltración de la delincuencia, antigüedad de las instalaciones, rezago en la preparación de custodios, falta de equipo. En fin, entre líneas, reconocieron la ingobernabilidad.
Los dos defensores de lo contrario, tristemente para ellos, se quedaron con su ridículo.
