Preocupación. Gómez Palacio pidió el apoyo del Infonavit para actuar sobre las casas invadidas y abandonadas.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) está censando las casas abandonadas del municipio de Gómez Palacio por petición de la misma Presidencia Municipal, pues se ha detectado un gran número de viviendas en estas condiciones que podrían ser utilizadas por criminales, reconoció Juan Carlos Rosas Munguía, delegado federal del Infonavit.
Explicó que fue la alcaldesa de Gómez Palacio, Roció Rebollo, quien les proporcionó una base de datos de casas abandonadas, en las cuales el Infonavit trabaja en analizar cuáles pertenecen a acreditados suyos.
"La vivienda abandonada puede provocar muchas situaciones no agradables, como invasión, tema de uso por parte de la gente que se dedica a hacer cosas fuera de la ley", resaltó el Delegado.
Respecto a las viviendas invadidas por integrantes del crimen organizado, dijo: "es un tema delicado, tendremos que analizar y verificarlo, planteando estrategia para resolverlo, nosotros como institución no nos vamos a quedar con los brazos cruzados sobre todo si las viviendas de nuestros acreditados están siendo usadas para esas acciones", al hablar de estrategia se refirió al posible apoyo de las autoridades.
Aún no se tiene una cifra de las casas en dichas condiciones, pero estimó que para inicios del 2011 se conozca la situación real.
El funcionario federal aclaró que por lo pronto sólo se está trabajando con Gómez Palacio; pero se comenzará a investigar las viviendas de todo el estado.
NO DENUNCIAN
La gente que sufre despojo o invasión de vivienda por la delincuencia organizada no denuncia por miedo, subrayó Gerardo Rojas Favela, presidente de la Barra de Abogados de Durango.
El profesionista exhortó a interponer la denuncia ante la autoridad, ésta debe darle la posesión al legítimo propietario y "lanzar" o a quien la ocupe.
Aclaró que la denuncia como tal no puede ser anónima, aunque es posible alertar a las autoridades con una llamada de este tipo, ésta última es la recomendada cuando se sabe que se relaciona el crimen organizado.
La autoridad debe ofrecer garantías de seguridad física, económica y personal.
La Barra ha tenido conocimiento de dos casos, a los cuales los propietarios no le dieron seguimiento.
