El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá que rendir cuentas de casi 74 mil millones de pesos, que la Federación dejó de recibir, por concepto de la cancelación masiva de créditos fiscales de personas físicas y morales.
Al anteponer el interés público por ser un caso relevante para la sociedad, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) rompió con el "secreto bancario" que argumentó el SAT para clasificar la información y le ordenó entregar los nombres y los montos de los beneficiarios por la cancelación de su deuda.
El comisionado ponente Ángel Trinidad Zaldívar dijo que por medio de la rendición de cuentas se puede evitar que haya discrecionalidad en esta cancelación de créditos y conocer quiénes y de qué manera fueron beneficiados.
"¿Cómo evaluar al SAT?, pues lo evaluamos si cobró o no eficientemente... y conociendo a quienes no les cobró y el monto, eso nos daría una absoluta claridad de que no hay discrecionalidad como lo busca la Ley Federal de Transparencia".
En su argumentación, el comisionado Trinidad Zaldívar aseguró que el SAT debe dar una explicación de por qué dentro de sus atribuciones, que es cobrar y recaudar eficientemente, no pudo ingresar a las arcas de la nación 73 mil 900 millones de pesos -seis veces el presupuesto del programa contra la pobreza Oportunidades, que asciende a 12 mil millones de pesos anuales-.
A petición de la comisionada presidenta Jacqueline Peschard, el SAT deberá proporcionar un padrón con los nombres a quienes se les otorgó la cancelación de sus créditos fiscales, lo anterior con referencia al Artículo 12 de Ley Federal de Transparencia, que dice debe ser público el nombre de que todo aquel que recibe algún tipo de beneficio económico del Estado.
La comisionada María Marvan dijo que este recurso de revisión era de máxima importancia porque se trata de abrir la información al escrutinio público.
