De los cambios que se dieron el miércoles, el de la Secretaría de Gobernación fue el políticamente más notorio.
No puede dudarse de la total entrega que caracterizó la gestión de Fernando Gómez Mont, a quien el destino lanzó a la imponente tarea que le tocó después del 4 de noviembre de 2008, a la que ofreció lo mejor de su inteligencia y experiencia a la intrincada labor de intentar impartir orden al proceso político nacional.
El eje central de su gestión fue la temporada electoral de nada menos que 12 gobernadores. La oposición que en su momento externó Gómez Mont respecto a las alianzas, contrastó con la decisión que había tomado Felipe Calderón con la implacable estrategia que habría de seguir. La advertencia del secretario de Gobernación, enfáticamente expuesta ante sus colegas en el Consejo Nacional del PAN a principios de junio, fue desoída. Las alianzas se confirmaron contra viento y marea y contra el sentido común de la mayoría de los observadores políticos del país. Sus resultados del 4 de julio, sin embargo, fueron exitosos en términos de expulsar al PRI de tres de los estados más connotados. Lo que se impuso fue el simple pragmatismo estratégico ordenado por el Presidente.
No hay nada que reprochar. Si el PAN se ha caracterizado en el pasado por preferir un forjado apego y fidelidad a sus principios de doctrina para no entrar en el manoseado terreno de maniobras que durante sexenios habían dado triunfos al PRI, la decisión que Calderón tomó uniéndose al enemigo para ganar los comicios del 4 de julio, significó un drástico rompimiento hacia un pragmatismo crudo. El PAN ahora decidiría explotar sus posibilidades de triunfo uniendo fuerzas con partidos que también veían la derrota del PRI como paso indispensable para realizar sus objetivos. A la vez, el fortalecimiento de la decisión ciudadana y la confianza popular al ejercer el poder de su voto era la carta que más interesaría al ya cuestionado proceso de la naciente democracia mexicana.
El 4 de julio se vencieron las estructuras del PRI en tres estados gobernados por el más puro dinosaurismo priista. Con ello se rompió la invencible maquinaria priista y se inauguraba una nueva era hacia la consolidación ciudadana iniciada el 6 de julio de 2000.
Faltan dos pasos más que son, por cierto, simultáneos. Uno consiste en proceder a la educación cívica del electorado para que ejercite con mayor madurez y conciencia el poder que tiene con su voto. Es en la casilla donde se muestra la democracia y no en la calle. La federalización de los órganos electorales rescataría los procesos electorales de la corrupción en que han caído. Estas reformas conducirían a su vez a una participación ciudadana durante el lapso que va de elección en elección, haciendo que el poder ejercido por los funcionarios y representantes electos responda realmente a los mandatos. El monitoreo ciudadano es el elemento imprescindible.
El otro paso que hay que dar es el que los partidos digan con sencillez y claridad las metas que ejecutarían en el caso de ser favorecidos por el voto popular. Aquí se unen las fuerzas de la paradoja que las alianzas nos presentaron.
El PAN y el PRD unieron fuerzas para ofrecer al país una acción de Gobierno distinta a la ofrecida por la estructura gastada y corrupta del PRI. La acción del Gobierno que se espera de estas alianzas tiene que ser el resultado de lo común que contienen sus metas. A las necesidades del pueblo de México no se responde ya con retóricas de campaña. Las carencias que esperan ser cubiertas son las más elementales de la vida cotidiana y son tan concretas como oportunidades de empleo para lo cual hay que estimular la acción de los empleadores, urgencia de educación de calidad para lo cual hay que depurar las estructuras docentes, los servicios de salud, para lo cual hay que financiar y ajustar las instituciones públicas y privadas y hacer efectiva la seguridad en las calles, para lo cual hay que contar con la valentía y moralidad de los servicios policiacos.
Son éstas las prioridades que tienen que ser atendidas por los gobernantes electos y que no requieren de ideología sino de esfuerzo y honestidad.
Si los partidos PAN y PRD son capaces de hacer que sus funcionarios actúen en semejante esfuerzo unificado, las alianzas que operaron habrán tenido sentido pese a las intrínsecas incompatibilidades de algunas de sus posiciones doctrinales.
Para el PAN, superar su tradicional preferencia por lo testimonial de las elecciones y haberse lanzado a la acerosa aventura de las alianzas constituyó un paso esperanzador, ya que ese partido se convirtió en promotor de la realización de sus principios en la función real y práctica de Gobierno.
La alianza no fue simplemente para arrojar de las casas de Gobierno de Oaxaca, Puebla y Sinaloa. En realidad se urdieron para acabar con un modo abusivo de poder y un cínico manipuleo de la ciudadanía para sustituirlo con una gestión ordenada y generosa. La apuesta fue fuerte y si a la postre los gobiernos en esos estados realizan el cambio para hacer que partidos opuestos unan su acción, quedarán reivindicados los principios que Fernando Gómez Mont defendió con convicción y que, en último término, son los que siempre quiso como secretario de Gobernación, cargo que desempeñó con gran lealtad, entrega y señorío.