Colocadas en el ojo del huracán ante la presión del sector empresarial por forzar su privatización y la opinión pública por garantizar su eficiencia, la Secretaría de Energía está planteando una sacudida a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
De entrada, la Estrategia Nacional de Energía diseñada por la dependencia como una suerte de fórmula mágica para un eventual redespegue, les está imponiendo metas de producción.
Para empezar, se le fija a Petróleos Mexicanos una meta de producción de petróleo crudo de 3.3 millones de barriles diarios, frente a los 2.6 actuales, exigiéndole, en paralelo, incrementar y sostener un nivel de restitución de reservas probadas de al menos 100 por ciento, frente al 72 por ciento actual.
Y si le seguimos, se le fija un margen de reservas para el suministro de gasolinas del 15 por ciento, calculado como capacidad máxima frente a la demanda nacional.
En el caso de la CFE, se plantea, de entrada, reducir a cero sus pérdidas por comercialización ilegal de energía eléctrica, que en el caso de la extinta Luz y Fuerza del Centro llegaban al 31 por ciento; alcanzar una cobertura de suministro del 98.5 por ciento del territorio nacional, frente al 97.3 actual, y disminuir el margen de reservas de capacidad de generación de electricidad a un nivel de 22 por ciento, frente al 42 actual.
En el papel, pues, las firmas paraestatales regresarían a los niveles de hace tres lustros, cuando Pemex representaba la punta de lanza de la exportación del país, y la CFE el eje de la presencia del Estado en la modernización de México.
El problema, sin embargo, es que el eje, el epicentro, el motor se ubica más en la exigencia de alianzas con el sector privado, que en la fortaleza interna de las empresas públicas. Así, para que Petróleos Mexicanos incremente su potencial se plantea una oleada de los llamados "contratos incentivados" para inversión privada en materia de exploración de aguas profundas.
De hecho, se habla de una segunda generación de reformas que permitan un paso adelante, incluida la posibilidad de participación privada en la comercialización, transporte, distribución y almacenamiento de productos refinados, con énfasis, naturalmente, en gasolinas. Así, además, se habla de abrir el escenario de par en par a la participación privada en la generación de energías alternativas como la biomasa, la eólica, la maremotriz, la geotérmica...
Sin embargo, decíamos, el documento entregado al Congreso soslaya la productividad laboral, en un escenario en que ésta se ubica tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad a ras de piso. En el caso de la primera, medida como miles de barriles diarios por trabajador, resulta mucho menor a la de petroleras como Exxon Móvil, Petrobrás, Royal Dutch Shell y British Petroleum.
En el 2008, por ejemplo, Exxon Mobil reportó ventas por 4.2 millones de dólares por trabajador, en tanto Pemex vendió sólo 0.8 millones.
Ahora que la paraestatal empleó 38 mil 721 trabajadores más que la firma estadounidense. Ahora que, pese a sus alardes de ser una empresa de clase mundial, en la CFE también hace aire.
La energía vendida por trabajador está muy por debajo de firmas como la chilena CGI o la brasileña Electropart-SP. De hecho, se le ubica en el escalón número 32 de América Latina con tres mil 424 megawatts por trabajador, frente a los siete mil 222 de la brasileña Electropart SP; los siete mil 133 de la también brasileña CPFC Pivatining; los seis mil 702 de la colombiana Codeso, o los seis mil 505 de la argentina Edenev.
Ahora que la paraestatal no ha logrado hasta hoy demostrar que su eficiencia es mayor a la de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro, por más que ha reforzado ilegalmente su tarea, con el concurso de firmas privadas.
Por lo pronto, su principal reto es demostrar que el alza permanente de tarifas al desmantelamiento de los subsidios, se compensa con un mejor servicio.
La gran pregunta es si la sacudida a Pemex y la CFE encubre el acercarla más a la ratonera de la privatización.
Esta semana, presumiblemente el jueves, la Comisión de Salud del Senado que encabeza Ernesto Saro, colocará en la mesa una iniciativa para incrementar drásticamente los impuestos que paga la industria tabacalera.
De aprobarse la iniciativa habría una recaudación adicional de 20 mil millones de pesos. La intención es elevar de dos a seis pesos el monto que se cobra por cajetilla vendida al público, lo que crecería los precios de éstas en alrededor de 25 por ciento.
Naturalmente, los cabilderos de las firmas afectadas se desgarrarán las vestiduras hablando de un incremento brutal en el contrabando procedente de Estados Unidos.
¿MODELO COMO MODELO?
Curioso, por emplear un calificativo, que el director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, haya hablado de convertir a la empresa pública en una compañía similar a Cemex, Televisa, Telmex o el Grupo Modelo.
Monopolio de Estado con perfil de monopolio privado.
La paradoja del caso es que en su paso como financiero del emporio cervecero, Suárez Coppel casi lo lleva a la ruina, al contratar riesgosas operaciones de derivados.
Las pérdidas se calculan en mil millones de pesos.
¿Será éste el modelo de negocio anhelado?
SE CAYÓ EL NEGOCITO
La noticia es que el Gobierno capitalino le negó a la Asociación Latinoamericana de Oxibiodegradables la validez de las bolsas con que se pretendía sustituir a las de plástico, utilizadas por las cadenas de tiendas de autoservicio.
Como usted sabe, de acuerdo a la Ley de Residuos Sólidos del DF, promulgada el año pasado, queda prohibido utilizar bolsas de materiales no degradables.
El caso es que la negativa le cierra la posibilidad a un gran negocio a los industriales del ramo, que pretendían vender las bolsas de uno a ocho pesos... que se cargarían, naturalmente al costo de los productos... al margen de cobrárselos al público.
CINCO AÑOS DESPUÉS...
Con un retraso de un lustro, el Gobierno, finalmente, se decidió a reparar los estragos de las vías por las que cruza el ferrocarril Chiapas-Mayab, provocados por la furia del huracán "Ismael".
De entrada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes rehabilitará el libramiento de Tapachula.
Como recordará usted, ante la negativa oficial de participar en la rehabilitación de la línea corta que la conecta al ferrocarril del Sureste, la firma estadounidense que la operaba decidió salir del país.
La administración la reasumió el Gobierno.
