En lo que podría constituir un nuevo choque entre el Legislativo y el Ejecutivo en la coyuntura de la discusión sobre el sí o no a un periodo extraordinario para discutir reformas pendientes, la Secretaría de Hacienda le modificó la plana a una disposición aprobada por el Congreso.
La maniobra le daría oxígeno a los grandes corporativos en la exigencia de cubrir impuestos diferidos tras la modificación del régimen de consolidación fiscal.
De acuerdo a la Ley de Ingresos para este año aprobada por el Congreso, los adeudos tributarios, o si lo prefiere los créditos fiscales, deberían cubrirse vía una ruta crítica de mediano plazo: 25% en junio de este año; otro tanto en 2011; 20 más en 2012; 15 en 2013, y el 15 restante en 2014.
El caso es que sorpresivamente la dependencia, encabezada por Ernesto Cordero, emitió el 31 de marzo pasado una resolución miscelánea, la cuarta de la temporada, en la que se modifica sustancialmente el esquema, para atenuar el golpe inicial.
Según el cálculo de los legisladores, la disposición reduce en 86% el monto a cubrir para este año. Oxígeno, pues, para las empresas gigantes.
Lo grave del caso es que el escándalo coincide con lo que se considera la madre de todos los operativos de la Secretaría de Hacienda contra evasores fiscales, en cuyo marco se están atacando dos flancos: las firmas omisas y los despachos que las asesoraron para colocarle la zancadilla al erario.
Se calcula que habría unas 800 empresas medianas, ya hoteles, líneas aéreas, embotelladoras, clubes deportivos, colegios particulares, en una danza que podría alcanzar omisiones por tres mil 400 millones de pesos.
La cacería camina, en paralelo, contra 19 empresas consultoras, entre ellas Inteligencia en Dirección de Negocios e Internacional Consulting Business Group, que tejieron la madeja vía la transformación de sociedades anónimas en cooperativas; la creación de empresas outsorcing para autoservicio de las firmas... omitiendo el pago de prestaciones sociales, reparto de utilidades y, naturalmente, reduciendo salarios.
Se diría, que el Sistema de Administración Tributaria actúa con dos pesas y medidas: Todo la furia contra las medianas... y alfombra roja para las gigantes.
Lanzada una colosal embestida de cabildeo al fragor de la discusión por el llamado paquete económico para este año, las firmas beneficiadas por el esquema de consolidación fiscal lograron atenuar el golpe, aunque no detenerlo.
El marco favorece a las compañías al equilibrar sus ganancias corporativas con las pérdidas de alguna o algunas de sus filiales, con la novedad de que en ciertos casos los contrastes son brutales.
Mientras las primeras alcanzan números negros de diez dígitos, las segundas reflejan rojos de siete u ocho.
Se diría, pues, que a propósito se crean filiales con vocación de cuarto de cachivaches, es decir nacidas para perder.
Durante lustros, la posibilidad de la consolidación fiscal, implantada durante el sexenio del presidente Luis Echeverría, se permitió a una tasa de 60%, acotándose a 40 durante el zedillista, en un escenario que provocó una oleada formidable de protestas de los corporativos. Sin embargo, la recaudación se incrementó en 15%.
Ahora que en compensación al cambio de reglas, el Gobierno le permitió a los gigantes la posibilidad de diferir el pago de los tributos, cubriéndolos en abonos chiquitos.
El manotazo en la mesa del Congreso obligó a estrechar la ruta, lo que motivó la presentación de docenas de amparos, cuya resolución final se debate aún en los tribunales.
Por lo pronto, la Comisión Permanente del Congreso le está solicitando a la Secretaría de Hacienda y al Sistema de Administración Tributaria que le entreguen un informe pormenorizado sobre las medidas aprobadas en materia de consolidación fiscal... explicando en paralelo los alcances de la resolución miscelánea publicada el 31 de marzo pasado.
El callejón se hizo chiquito.
¿Se metió la Secretaría de Hacienda entre las patas de los caballos a título de paladín de los ricos?
BALANCE GENERAL
La comparecencia de ayer a puerta cerrada del director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, ante el pleno de la Comisión de Energía del Senado, confirmó que la paraestatal arrastra un capital negativo de cinco mil 500 millones de dólares, lo que la coloca en un marco de quiebra técnica.
La andanada, sin embargo, se centró en la tardanza de la paraestatal en implementar las reformas aprobadas por el Congreso para impulsar su viabilidad. De hecho, no hay aún reglas claras para los llamados contratos de desempeño; no hay aún reestructura a fondo de la paraestatal, ni está funcionando el Consejo de Administración.
Peor aún, el Gobierno metió mano negra en la constitución del Comité de Auditoría, que en el papel debía tener mayoría de independientes, al colocar a cuatro de sus alfiles, contra tres de ellos.
ORGULLO NACIONAL
Invitado a la reunión del pleno del Consejo Coordinador Empresarial el viernes pasado, para ofrecer un panorama general de las acciones del Gobierno frente a los graves problemas de inseguridad en el país, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, fue testigo de una andanada... de elogios al presidente Felipe Calderón.
El motivo fue el discurso pronunciado ante el Congreso de Estados Unidos para condenar la facilidad con que se trafican armas, miles de las cuales llegan al país para crecer el arsenal de la delincuencia organizada, y de pasadita fustigar la ley antiinmigrante de Arizona. La primera flor la lanzó el presidente saliente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio Xavier González.
El ramillete se integró con calificativos de "valiente", "enérgico", "firme"...
El caso es que la Secretaría de Relaciones Exteriores acaba de anunciar que no habrá represalias económicas contra el estado de la Unión Americana que criminaliza a nuestros trabajadores.
Y el caso es que Gómez Mont se salvó de preguntas incómodas como el móvil del secuestro del ex senador Diego Fernández de Cevallos, o las extorsiones de la mafia en el Norte del país.
PARTE DE GUERRA
De acuerdo al cálculo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el costo de la inseguridad en el país alcanza ya el equivalente a 15% del PIB, lo que constituye un impuesto expropiatorio.
El saldo de la violencia, según ello, llena varios capítulos de la actividad económica del país:
* Deterioro del acervo del capital físico al destituirse infraestructura, es decir carreteras, puentes, instalaciones públicas y plantas de generación de electricidad.
* Incertidumbre en el entorno de negocios, provocando desaliento en la inversión y la generación de empleos.
* Desvío de recursos necesarios para actividades prioritarias como educación y salud.
