La semana próxima se realizará la audiencia constitucional en relación a los amparos solicitados por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria contra una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública que les obliga a revelar a los beneficiarios por la cancelación de créditos fiscales.
Estamos hablando de 711 mil 626 casos, cuyo monto global de adeudos al fisco alcanza 73 mil 900 millones de pesos, comparables con la recaudación adicional al elevarse en un punto la tasa del Impuesto al Valor Agregado.
Como usted sabe, los 17 reclamantes de la protección de la justicia, encabezados por su presidente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, habían obtenido una suspensión provisional, que fue derribada por un Tribunal Colegiado tras la imposición de un recurso de revisión por parte del propio órgano demandante.
Lo que está en juego es la posibilidad de una suspensión definitiva, en cuyo caso el litigio podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, sea porque el propio SAT reclame una resolución de fondo del asunto, o porque el IFAI vuelva a recular.
El empecinamiento del organismo recaudador de tributos se apuntala en que se ubica en un escenario peor que el perro de los dos tortas, dado que si soslaya la resolución del IFAI podrían los funcionarios de la discordia ser inhabilitados para ocupar cargos públicos, y si la acatan, podrían ir a la cárcel.
En la balanza, pues, están dos guillotinas: la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, y las leyes que protegen el secreto fiscal, en un escenario en que el SAT no es dueño del listado ni su fedatario.
Los datos pertenecen a los propios causantes.
El derecho de la opinión pública a conocer las telas y entretelas de las decisiones gubernamentales, frente al derecho de los particulares, personas físicas o morales, a no ser balconeados en su relación con el César.
Sin embargo, de acuerdo a la exposición de motivos con que el SAT se defiende como león herido ante los tribunales, los créditos de la discordia sólo han sido colocados en segundo plano.
El SAT, por lo pronto, pues, relegó su interés en la cobranza, aunque no renunció a éste.
Según ello, se trata de deudas que tienen, por el momento, perfil de incobrables, sea porque las empresas se declararon en quiebra; sea porque las personas físicas carecen de empleo, o sea porque los deudores adolecen de bienes para pagar en especie.
La opción, planteada por un grupo de senadores panistas, fue aprobada por el Congreso vía una modificación al Artículo 15 de la Ley de Ingresos.
La motivación hablaba de que el esfuerzo del organismo recaudador debería orientarse hacia las posibilidades reales de cobranza, dada su escasa capacidad para una acción integral.
La depuración, así, se hizo por ley.
El alegato señala además que la primera acción similar del IFAI se realizó en el 2007, en cuyo caso la respuesta se dio en forma indirecta, es decir no llegó al particular que la solicitaba, sino al Congreso... en lo que constituyó algo así como el lanzamiento de una papa caliente.
Si habría responsabilidad por la revelación pública de los nombres, ésta recaería sobre los legisladores.
Más allá, se planteó una segunda resolución urgiendo la entrega de los datos en el 2008, con la novedad de que el IFAI perdió el pleito en los tribunales.
El año pasado se planteó la tercera resolución, apuntalada tal vez por aquello de que la tercera es la vencida.
La novedad, en este caso, es que perdido un round decisivo por el SAT, algunos de los beneficiarios de la depuración recurrieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien dictó ya medidas cautelares para proteger la secrecía.
Naturalmente, la acción provocó la suspicacia. Si realmente los deudores fiscales estaban en la chilla, a qué el temor de que se publiquen sus nombres.
Ahora que hace unos meses el ex candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, abrió la Caja de Pandora al revelar que la mayor parte de los corporativos le entregan al fisco cantidades simbólicas, dando a conocer las razones sociales, los montos y hasta el comparativo entre lo tributado y las ganancias obtenidas.
La información jamás fue desmentida por la Secretaría de Hacienda, y ninguna de las firmas aludidas se atrevió a plantear una demanda contra el político tabasqueño.
Se diría, pues, que tras los jaloneos se proyecta la sombra del petate del muerto.
La pregunta es si tras el escándalo brotará una colosal llamarada de petate... o la lista de los protegidos por el régimen panista.
El volado está en el aire.
En el insólito de la temporada, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, acaba de amenazar a Televisión Azteca con cancelarle la posibilidad de participar en la licitación por las dos líneas de fibra óptica oscura de la Comisión Federal de Electricidad a las 11 filiales del grupo, encabezadas por Iusacell, que se inscribieron.
Como usted sabe, la alternativa apunta a fortalecer la posibilidad de las empresas en telefonía móvil.
La condición para no dar el manotazo es "bajarle" a la cobertura de las secuelas del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, en que perdieron la vida 49 niños.
Como usted sabe, está a punto de cumplirse un año de la tragedia, lo que explica el interés de los medios por la justicia, en un escenario en que no existe hasta hoy un responsable en la cárcel.
De acuerdo a una investigación realizada por tres magistrados a petición de la Suprema Corte de Justicia, el titular de la dependencia, a su paso como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene culpas por las cuales responder.
Sin embargo, la discusión del pleno para emitir una resolución definitiva, se ha aplazado una y otra vez.
El intento autoritario del funcionario, pues, pretende tapar el Sol con un dedo.
FRUSTRAN LUNA DE MIEL Paradojas de la vida: Sentadas, a juicio de Mexicana de Lubricantes, las bases, para un eventual borrón y cuenta nueva que dejara atrás los agravios infringidos a su socio minoritario, Petróleos Mexicanos, entre ellos el utilizar doble contabilidad y el ocultar por años sus estados financieros, hete aquí que el Juez Primero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, resolvió sorpresivamente un añejo litigio entre las partes.
La resolución resultó contraria a la causa de la productora de aceites y lubricantes que administra la Impulsora Jalisciense.
Estamos hablando de la rescisión de dos de los contratos pactados a la privatización parcial de las plantas. Uno que obligaba a la paraestatal a adquirir en exclusiva los productos fabricados por la empresa, y otro que le otorgaba obligadamente contratos de maquila para marcas propias.
El golpe coloca de espaldas a la pared a Mex Lub, quien se vería obligada a impugnar la resolución, y con ello reanudar las hostilidades.
La pretensión, pues, de una asamblea general extraordinaria de socios para restañar heridas, pareciera esfumarse.
