Tras reconocer que el costo más visible de la "guerra" del Gobierno Federal contra el crimen organizado, son los "niveles inaceptables" de violencia, el Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) dijeron que tal problemática, además de que incrementó las penas y modificó procedimientos para otorgar más facultades "discrecionales" a policías, ministerios públicos y jueces, permitió una regresión en el reconocimiento de derechos fundamentales al debido proceso.
En el estudio Sistemas sobrecargados: leyes de drogas y cárceles en América Latina, presentado por esas instituciones, se detalló que un gran número de personas encarceladas en el país por delitos relacionados con drogas, no cae en la categoría de "gran traficante", y ni siquiera ha cometido delitos relacionados con el comercio, producción, suministro o tráfico de narcóticos.
Para reestablecer la proporcionalidad en las sentencias penales, urge que las autoridades introduzcan lineamientos más claros para identificar los diferentes niveles en el tráfico y tipos de drogas, e impedir que los consumidores acaben en la cárcel, dijo Pien Metaal, coordinadora del proyecto sobre reforma a las leyes de drogas del TNI.
En el informe, que para el caso de México se centra en datos de Chihuahua, Jalisco y el Distrito Federal, y que fue presentado ayer jueves en la Universidad de Palermo, Argentina, el TNI y WOLA añadieron que a pesar que el número de personas detenidas y encarceladas ha sido un indicador utilizado por el gobierno para "demostrar que su combate a la delincuencia está funcionando", existen cientos de miles de detenciones que no resultan en consignaciones y menos aún en condenas.
"Encarcelar a ofensores menores con el fin de restringir el narcotráfico es inútil, pues al día siguiente los reemplazan. Pero a los encarcelados, la prisión les destruye la vida", dijo.
En la investigación comparativa de ocho países latinoamericanos, entre los que se encuentran Colombia, Argentina y Brasil, se detalló que en los tres primeros años del gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2009), el total de las detenciones en México por delitos de drogas alcanzó a 226 mil 667 personas, de las cuales el total de consignados fue de 51 mil 282, y el de condenados, 33 mil 500.
