En las noches de desierto, cuenta Alfredo, se oían ruidos de lo que él pensaba, eran conejos. Alfredo es un niño de 14 años que es atendido en un albergue para menores que trataron de cruzar la frontera sin compañía de un adulto.
El frío seco era algo nuevo para él, dice, y la oscuridad le daba miedo. Lo bueno, asegura, es que si encontraba una víbora, sabía cómo matarlas porque en una comunidad cercana a Tehuacán, Puebla, donde nació, se lo enseñaron.
"Pensaba trabajar en el campo... aunque, ¿sabe qué?, ni sé cómo será Estados Unidos, no me lo imagino", dice 17 días después de haber llegado a la frontera norte. "Estuvimos una semana que íbamos y veníamos. Luego nos arrimábamos a un árbol y luego con otras personas... estábamos caminando, pero ya no teníamos agua y nos estábamos perdiendo. Al final mi tío dijo que nos íbamos a morir, vimos una carretera y una patrulla nos vio; nos entregamos porque ya nos íbamos a morir... después de que nos agarraron no sé dónde quedó.
"Yo quería buscar trabajo, mandar dinero a mi pueblo. Ya no quería estar sembrando nada más pa' comer... no me puedo comprar nada más nunca, sólo comida que sembramos, que son habas, chiles, frijol", dice en el centro de atención ubicado a unos metros de la línea que divide Sonora de Arizona.
En ese estado aprobó el Congreso local una de las leyes antiinmigrantes más radicales de Estados Unidos, la SB 1070, que pone a los indocumentados en un rango de delincuentes y, además, vulnerables a que la Policía de los condados pueda detenerlos sólo si, por el color de su piel, sospechan que es ilegal.
Alfredo no lo sabe. Quizá no tenga la capacidad de entender lo que es un papel migratorio, una falta administrativa o un delito. No sabe que por cruzar la frontera, si se aprueba la ley, pasaría en automático a perder su inocencia infantil y, al cumplir la mayoría de edad, estaría a un rango de criminal.
De este tema sí saben bien los legisladores estadounidenses y la gobernadora Jan Brewer, quien este viernes promulgó la ley que pone a los 460 mil inmigrantes ilegales de Arizona en estado permanente de vulnerabilidad. No le importaron las críticas del presidente Barack Obama.
Lo sabe Nayeli Sánchez, madre de 32 años que tiene siete de vivir como ilegal en Estados Unidos. Desde su departamento en Phoenix, cuenta desconcertada el pánico que le provoca la posibilidad de que la gobernadora avale la nueva ley. "¡Imaginen! Ahora cualquier policía, no sólo los de Migración, podría detenerme a mí o a mis hijos; preguntarme fuera de mi casa, en el trabajo o en la calle si tengo papeles. ¡Imagínese! ¿Qué va a pasar el día que necesite ayuda de un policía porque me roben o hagan algo? Voy a tener miedo de pedir ayuda; me va a salir peor, me van a correr del país. ¿Es humano eso?".
"La ley SB 1070 es una violación a los derechos humanos, es profundamente ilegal, inhumana y racista, donde debemos tener claro que los migrantes son indocumentados, y no tener documentos no es un delito, es una falta administrativa", dijo la activista Mónica Soto en una manifestación en el consulado de Estados Unidos en Hermosillo, Sonora, realizada el pasado jueves. Cientos de personas amagaron con dejar de ir de compras a Estados Unidos si aprueban la ley.
"Sólo espero un milagro, una reforma. Mire que puedo ahorrar para legalizarmes, pagar impuestos o, de perdida, un permiso de trabajo. Pero andar así con miedo en las calles, escondiéndome como delincuente, con miedo de pedir protección de la Policía, nomás no. Pierdo todo, me regreso a Guerrero, ¿a hacer qué? No sé, a morirme", dice Nayeli.
