Pactada el 15 de febrero de este año vía una carta-compromiso que obliga a la contraparte a adquirir el 30% del capital de la telefónica en México, ahora resulta que la alianza Nextel-Televisa está sujeta al resultado de la subasta del espectro.
De acuerdo al cálculo del binomio, ésta cerrará a más tardar en dos semanas, una vez agotada la posibilidad de puja... salvo que algún competidor esté jugando a la especulación para revender los segmentos alcanzados.
Las firmas, colocadas en el centro de un torbellino que las ubica como "clientes" de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, al tendérseles una alfombra que les permite alcanzar la mayor parte del pastel, sin despeinarse, se defienden de uno por uno de los cargos.
De entrada, señalan que su compromiso matrimonial se realizó cuando ya estaban diseñadas las bases en la necesidad de Televisa de entrar al mercado con un operador de experiencia.
Y aunque Nextel no sería ya, como planeaba la estrategia, un operador entrante, lo cierto es que su operación se ha sustentado mayoritariamente en una banda distinta a la ofertada, además de que sin opción de ésta no podría ingresar a la oferta de tercera generación.
De hecho, siendo la empresa la mayor generadora de tráfico, tiene en contraparte la posesión del espectro más baja. Su promedio es de 19.8 Megahercios, en tanto la telefónica cuenta con 34.5, Iusacell con 48.4 y Telcel en 53.3.
Desde otro ángulo, a contrapelo de la opinión de los expertos, se sostiene que la unión Televisa-Nextel no afecta sustancialmente el monto de la oferta económica que se alcanzará en la licitación del espectro de las bandas 1.7 y 1.9 gigahercios, dado que según ello si hubieran participado en forma independiente el volumen de la recaudación para el Gobierno habría sido similar. Sin embargo, sostienen que el principal objetivo del Gobierno es promover al sector de las telecomunicaciones.
Como usted sabe, el binomio se sentó en la primera postura para un paquete de 30 Megahercios, inalcanzable para el resto de las competidoras, es decir Telcel, Movistar y Iusacell, en tanto para el resto de bloques regionales de 10, se alcanzan ya casi 70 vueltas, es decir contraposturas.
Sin embargo, se aduce que la principal fuente de ingresos para el Gobierno sería el pago de derechos por la explotación del espectro, cuyo monto, de asignársele el paquete que apartó Nextel-Televisa, sería de 8 mil 124 millones de pesos al año... por más que la concesión la obtendría con sólo 180 millones 124 mil pesos.
El monto global sería muy superior al obtenido por el espectro similar en los países adheridos a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Lo curioso del caso es que, abierta la licitación al plano internacional, las empresas extranjeras que pudieran haber llegado al país se rajaron ante lo que ubicaban como escasa seguridad jurídica.
Más al detalle, China y la India declinaron la invitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, argumentando que el historial de recursos jurídicos interpuestos en México desalentaba su interés.
De hecho, una compañía del país de la muralla de plano dijo que participaría sólo si se le asignaba directamente alguna de las frecuencias.
Desde otro plano, el binomio rechaza que las bases de licitación se hayan realizado a su medida, dado que el objetivo central era fomentar el ingreso de nuevos jugadores al sector, en un contexto de sana competencia.
Estas, se asegura, fueron elaboradas con criterios internacionales. De hecho, la fórmula se ha aplicado exitosamente en Canadá en 2008 y en Inglaterra en 2000.
Más aún, al inicio de la pelea se habían inscrito 44 empresas, quienes incluso compraron las bases de licitación.
Hasta hoy dos operadoras concentran cerca de 90% del mercado: Telcel con 75%, y Telefónica Móviles con 15%, lo que permite que México tenga los costos más elevados de la región.
En paralelo, se sostiene, contra la creencia generalizada de que es imposible que Nextel-Televisa lleguen a concentrar la mayor parte del espectro, dado que a lo más alcanzarían 50 Megahercios, frente a los 80 del tope fijado por la Comisión Federal de Competencia.
Finalmente, frente a las críticas de que el binomio obtendría un subsidio injustificado de dos mil millones de pesos al exentársele del pago de derechos durante dos años, se aduce que en tal caso el beneficio es para todos los participantes en la licitación.
Sin embargo, el plazo de gracia le permitirá a todas ellas realizar las inversiones reclamadas para ingresar a servicios de tercera generación. El alegato, además, apunta a que no es la primera vez que se aplican estímulos similares. A la llegada de los primeros operadores de servicios móviles, también hubo una tregua, al fijarse la contraprestación como un porcentaje de sus ingresos brutos... cuando los tuviera. A nosotros, pues, que nos esculquen, dicen.
Una de dos: el Seguro Social incumplió la Ley al no entregar en tiempo y forma su Informe sobre Viabilidad y Riesgos Financieros cuya fecha límite era el 30 de junio, o el Ejecutivo y el Legislativo lo guardaron bajo siete llaves.
Aprobado hace tres semanas por el Consejo Técnico del organismo, el documento convocaba al escándalo, dada la precariedad con que se mueve el Instituto, cuya operación, a espaldas de la Ley, se está financiando con sus propias reservas.
Los faltantes en el renglón de reservas para jubilaciones y pensiones de sus propios trabajadores; del seguro para enfermedades y maternidad, y del seguro para atención médica de derechohabientes jubilados y pensionados, equivalen al 140 % del Producto Interno Bruto.
Más aún, la disponibilidad de camas alcanza sólo 0.8% por cada mil usuarios, cuando hace una década se llegaba a 1.2%.
Alguien, pues, no quiere encender la mecha de la bomba.
OTRA DE MEX LUB
La posibilidad de una asamblea de socios de Mexicana de Lubricantes en la que se plantearía una suerte de borrón y cuenta nueva de cara a la catarata de agravios que reclama Petróleos Mexicanos, se volvió a frustrar.
El obstáculo, esta vez, es una investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública contra la firma de capital mixto por haber contratado como asesor al ex director de Pemex Refinación, Jaime Mario Willars.
Este había sido inhabilitado durante 10 años para trabajar en el Gobierno Federal o en sus entidades satélites.
La veda se inició en el 2004.
Al ex funcionario se le acusó de favorecer la causa del consorcio de mayoría coreana Comproca, quien realizó la reconfiguración y modernización de la refinería de Cadereyta. Willars le firmó un finiquito cuando los trabajos no estaban concluidos.
El "error" le podría costar al país un pago superior a 300 millones de dólares.
Petróleos Mexicanos tiene el 46.85% del capital de Mex Lub.
