Condicionada a ganar un bloque nacional de 30 megahercios en la subasta del espectro de 1.7 gigahercios para telefonía celular, la alianza entre Televisa y la telefonía Nextel se está tambaleando. De hecho, la primera ya no da la cara.
Y es que, como usted sabe, la Comisión Federal de Telecomunicaciones está enviando señales de una eventual suspensión de la licitación correspondiente, tras haber desahogado la del espectro de 1.9 gigahercios, ante el temor de una andanada de críticas.
La razón es simple: Al no haber enemigo al frente en ese terreno, o si lo prefiere al pelear sin posibilidad de competencia, el binomio Televisa-Nextel se sentó en la primera postura por el bloque nacional de 30 megahercios, cuyo monto mínimo era de 180 millones 300 mil pesos... dejando correr 76 rondas más.
Del otro lado de la moneda, el resto de las competidoras, es decir Telcel, Iusacell, Movistar, o si lo prefiere la Telefónica México, han estirado la puja hasta ofrecer en conjunto cuatro mil 800 millones de pesos por tres bloques regionales de 10 megahercios, que se subastan en lo individual.
Dicho con todas las letras, por un espectro similar, que no equivalente dado la cobertura, se ofrecen casi 40 veces más.
De hecho, en afán de cerrar la pinza ante el titubeo de la Cofetel, el Grupo Salinas, propietario de Iusacell, envió una carta a la Auditoría Superior de la Federación, exigiendo que suspenda la licitación para evitarle al país un grave daño patrimonial.
La denuncia está dirigida al titular del organismo de vigilancia dependiente de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Portal Martínez, exhibiéndose como exposición de motivos las bases de la licitación en que se impide a los participantes acumular en conjunto más de 80 megahercios de espectro.
Dado que en algunas regiones alcanza hasta 51.6 o 56.8 megahercios, Iusacell estaba imposibilitado de pelear por una red nacional de 30.
A su vez, Telcel acumula 53.3, y la Telefónica México 51.9.
El otro posible competidor, es decir Axtel, fue descalificado.
Se diría, pues, que la Cofetel está de espaldas al callejón.
Ante ello, Nextel, sin Televisa al calce, salió a ofrecer sus razones, subrayando, de entrada, que los 180 millones 300 mil pesos que pagaría por la concesión representan apenas el cinco por ciento de los cerca de nueve mil millones que cubrirá por derechos anuales durante el lapso que dure la concesión...digo, si se la dan.
En paralelo, la firma ofrece una catarata de cifras en aval de su causa. Así, se habla de que obteniendo la red se realizaría una inversión de 18 mil millones de pesos para desarrollarla, a cuya vera se crearían siete mil 300 empleos.
La apuesta, pues, se quedaría en la buchaca.
En paralelo, el Gobierno perdería por concepto de aprovechamiento al menos cinco mil 225 millones de pesos, es decir al considerar los 180 millones 300 mil que pagarían Televisa-Nextel y lo que ofrece el resto de las competidoras.
Sumadas todas ellas en el renglón de derechos por los 19 años que duraría la concesión, se llegaría a 18 mil millones de pesos... que se quedarían volando.
En paralelo, sólo Nextel le pagaría al Gobierno por concepto de IVA facturado, 26 mil 429 millones de pesos durante los próximos seis años.
Ahora que desde el plano cualitativo, Nextel habla de crearse incertidumbre jurídica para inversionistas; mantener el rezago en la brecha digital del país; evitar la creación de más y mejores servicios; evitar la reducción en tarifas ante una mayor competencia, y mantener un oligopolio.
"Nos tienen miedo", sintetiza.
Lo cierto es que, por aquellas cosas raras de la vida, la Cofetel modificó radicalmente la estructura original de la subasta, en cuyo escenario se planteaba licitar dos bloques de 20 megahercios y cinco bloques de 10.
De acuerdo a ello, aún con el tope de 80, todas las competidoras habrían estado en la pelea por ambos.
La ruta se modificó con el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia, en un marco en que se encarecieron al infinito los bloques de 10... y se abarató hasta la risa el de 30.
Codetel en el fondo de su propia trampa.
A la callada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le asestó un golpazo a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social que eventualmente pudieran solicitar su jubilación bajo la vieja ley, al acotarse su pensión en un máximo de 10 salarios mínimos.
El tope, hasta antes de la resolución, era de 25, lo que implica una merma de 60 por ciento.
De acuerdo a la reforma a la Ley del Seguro Social realizada en 1967, el cálculo para las pensiones, sea por edad, por incapacidad total o permanente o cesantía en edad avanzada, equivaldría al salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización.
El caso es que según la interpretación de la Segunda Sala del máximo tribunal de justicia del país, el límite es el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Naturalmente, el nuevo escenario le abre la puerta a los jubilados a ingresar a las filas de la economía informal.
SE GRAVAN APUESTAS
De prosperar una propuesta colocada por el PRD en la mesa de discusión para una eventual reforma hacendaria, finalmente se gravarían las operaciones bursátiles.
Dicho con todas las letras, si se realiza la compra de un porcentaje parcial o total de una empresa vía el cruce de sus acciones en el piso de remates, se debe cubrir el Impuesto sobre la Renta correspondiente. La intención es tapar el pozo después de fisco burlado por la operación en que el Citigroup de los Estados Unidos se engulló a Banamex. La operación se pactó en 12 mil 500 millones de dólares, pagándose parte en efectivo y parte en especie, es decir con acciones del banco de Estados Unidos.
La omisión se calculó en unos 36 mil millones de pesos.
OTRA DE TOMZA
A contrapelo de la buena relación que mantiene con el Gobierno de Guatemala, a cuyo presidente, Álvaro Colom, le presta un avión privado para sus viajes al interior del país y el extranjero, le acaban de detener al grupo mexicano Tomza la construcción de una terminal marítima para carga y descarga de formidables buques transportadores de gas LP.
La terminal se ubicaría en la zona conocida como Punta Mozambique, uno de los lugares protegidos por las autoridades ecológicas al constituirse en un humedal de gran valor.
La paradoja del caso es que la firma propiedad de Tomás y Enrique Zaragoza deduce los gastos operativos de su empresa Aerosilza ante la Secretaría de Hacienda de México.
Digamos que ella hace el favorcito al Ejecutivo guatemalteco, y México paga.
