Acusados. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es señalado de detenciones arbitrarias, allanamientos de morada y trato cruel a habitantes de varios municipios de Durango.
El Ejército Mexicano es actualmente la segunda autoridad con más quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); las más recientes fueron interpuestas por habitantes de Tepehuanes, Mezquital, Nombre de Dios, San Dimas y Pueblo Nuevo.
Incidencia
A la fecha, el organismo de derechos humanos contabiliza 43 quejas contra personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que coloca a esta autoridad en el segundo renglón de las instituciones con más denuncias ante la CEDH, sólo por detrás de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), que ya tiene 45.
Según lo dio a conocer el mismo organismo, tan sólo en el mes de abril fueron interpuestas cinco quejas contra las fuerzas militares, por presuntas violaciones a las garantías individuales en una serie de operativos en igual número de municipios.
Señalan abusos
La primera queja fue presentada por un habitante de la cabecera municipal de Tepehuanes, quien refirió que el pasado mes de abril los militares ingresaron a su domicilio sin orden de cateo, además de que le dieron trato cruel; la CEDH determinó que la queja se centra en ejercicio indebido de funciones, así como faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, cargos o comisiones.
Poco después se presentó otra procedente de habitantes del municipio de Mezquital, donde se señaló a los soldados de detención arbitraria y tortura. Por los mismos motivos se interpuso una queja más ante la CEDH, de habitantes de la ciudad de Nombre de Dios. La cuarta queja fue de habitantes del ejido San Pablo, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo.
Finalmente, la CEDH registró la queja que el pasado 27 de abril hicieron pública los habitantes de los poblados San José de Causas, La Desmontada y San José, durante el informe de actividades del ombudsman estatal, Carlos García Carranza, en la sala de plenos del Congreso del Estado. Ellos denunciaron allanamientos, detenciones arbitrarias y robos en domicilios y hasta de vehículos.
