La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, descartó ayer la posibilidad de suspender las deportaciones de jóvenes indocumentados de manera temporal, mientras se analiza en el Congreso la iniciativa Dream Act.
'No, nuestro trabajo es hacer cumplir la ley y vamos a continuar haciendo eso', dijo Napolitano, quien destacó el número récord de deportaciones que su dependencia ha realizado en la administración del presidente Barack Obama, que inició en enero de 2009.
Aseveró que la aprobación de la iniciativa Dream permitiría al Departamento de Seguridad Interna (DHS) priorizar recursos, enfocándose de manera particular en la aprehensión y deportación de criminales indocumentados.
'Con la Ley Dream (aprobada), esos jóvenes, que no son responsables por su presencia aquí porque fueron traídos por padres o familiares, quedarían fuera' de las acciones de la dependencia a su cargo, dijo. Napolitano dijo que el DHS no tiene opciones cuando se trata de hacer cumplir las leyes como lo sugieren los llamados para que se decrete una suspensión temporal en las deportaciones.
'Bajo la ley, no tenemos la opción de decir simplemente que no vamos a hacer cumplir la ley mientras el Congreso la considera', dijo la funcionaria a la prensa durante una videoconferencia.
Reconoció además que varios cambios en la nueva versión de la iniciativa Dream Act fueron incluidos para reducir la oposición que la propuesta enfrenta.
Bajo algunos de los cambios propuestos, los jóvenes indocumentados que puedan acogerse a los beneficios de esta ley, enfrentarían condiciones más estrictas para ajustar su situación migratoria. 'Algunos cambios hechos, que han sido incorporados en la actual versión son para responder a preocupaciones que han surgido, en particular en el Senado', dijo Napolitano.
Aseguró que su oficina brindó 'asistencia técnica' en el proceso de modificaciones, incluidas en la nueva versión presentada la noche del miércoles por el líder demócrata en el Senado, Harry Reid.
Los cambios proponen crear un estatus condicional de no inmigrante, al que estarían sujetos durante 10 años los jóvenes que se beneficien de la ley, antes de poder solicitar su naturalización.
