Votación. Los senadores del PRI, Francisco Labastida, Eloy Cantú, Jesús Murillo, Fernando Castro Trenti y del PAN, Juan Bueno Torio, en discusión por la polémica Ley de Transparencia en varios artículos reservados, durante la sesión de la Cámara Alta. EL UNIVERSAL
El Senado de la República aprobó la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, que beneficiará a los empleados de la iniciativa privada, con la que se busca convencer con estímulos fiscales a las empresas particulares para ofrecer el servicio de comedores o vales para garantizar una "dieta correcta" a sus trabajadores.
Después de 3 años de negociación, la senadora priista, María de los Ángeles Moreno Uriegas, logró una ley "opcional" para que las empresas privadas brinden este servicio de comedor.
En entrevista, Moreno admitió la estrechez del proyecto aprobado: "en principio no somos demasiado optimistas de que van a ser miles. Creemos que un principio va ser muy paulatino, tal vez 100 o 150 empresas máximo".
La Ley no establece la cifra monetaria a la que deberá ascender la ayuda alimentaria. Pero Moreno Uriegas consideró que lo ideal sería dar lo de un salario mínimo diario, que actualmente es de 55 pesos.
APOYOS Y SALUD Uno de los principios rectores del nuevo ordenamiento es cuidar el peso de los trabajadores.
La Secretaría de Salud será la encargada de emitir los lineamientos correspondientes a los menús que se servirán en los comedores de las empresas.
La Ley señala tres modalidades para que los patrones otorguen ayuda alimentaria a sus trabajadores: comedores, vales o una canastilla tipo lunch.
Los patrones podrán deducir impuestos una vez que comprueben la documentación.
La Ley fue enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado, el priísta Carlos Aceves, precisó que el monto del apoyo a los trabajadores "dependerá de lo que negocien las empresas con sus empleados, particularmente si hay sindicatos de por medio".
Moreno Uriegas explicó que el principio de obligatoriedad que define per se la Ley se ubica en la regulación a la prestación, en caso de que "por buena voluntad" las empresas privadas se adhieran a dicho programa.
