En un comunicado que recoge el más puro estilo priista, el Consejo Coordinador Empresarial lanza una ovación a la iniciativa presidencial de reformas a la ley antimonopolios, por más que debajo de la mesa le hace el feo a la posibilidad de más dientes a la Comisión Federal de Competencia.
"Respaldamos -dice- la posibilidad de fortalecer la eficiencia económica y aumentar el bienestar del consumidor... siempre y cuando no caigamos en una autoridad intervencionista y arbitraria que ahogue el dinamismo económico".
Y por si alguno no entendió las entrelíneas, la cúpula mayor del empresario señala letra por letra que "se debe garantizar un equilibrio en las facultades de la Comisión Federal de Competencia" (CFC).
Sí, pero no.
Que se combata a la delincuencia, pues, sin miramiento alguno... pero con policías desarmados. Más aún, con guantes... para que las cachetadas no duelan.
La actitud del organismo encabezado por Armando Paredes contrasta con el desplegado de una plana pagado por la empresa de telefonía Axtel, exigiendo toda la dureza en el combate a las prácticas antimonopólicas.
En paralelo, otra de las telefónicas, Marcatel, se pronunció por "leyes más estrictas en materia de libre competencia que condenen prácticas monopólicas para sacudirnos el rezago competitivo a nivel internacional", calificando sin embargo la iniciativa de avance para garantizar el proceso de competencia y libre concurrencia en el país.
Naturalmente, las posiciones de las dos compañías se sitúan colocando bajo la mira a Teléfonos de México del magnate Carlos Slim.
La manzana de la discordia, como usted sabe, es la posibilidad de cárcel para quienes incurran en prácticas monopólicas absolutas, en paralelo a multas que podrían alcanzar hasta 10% de la facturación anual de una firma infractora en el mercado relevante.
Según ello, la posibilidad colocaría a la Comisión Federal de Competencia en una posición de agente del Ministerio Público, juez y aún tribunal de apelaciones, en un escenario en que los organismos antitrust en algunos países han reducido sus facultades para otorgárselas a órganos en el papel más neutrales.
De hecho, se habla de tribunales especializados como los existentes en Brasil, Perú, Sudáfrica, Dinamarca, Singapur y el Reino Unido.
Los argumentos de los partidarios del sí pero no hablan de que no hay transparencia en el proceso de decisión por parte del organismo al evaluar una concentración o práctica monopólica, dado que la CFC no publica ningún tipo de información relacionada con sus procesos de investigación y metodología que regulan sus decisiones.
Más al detalle, según ello no se sabe cómo ubica la dependencia con etiqueta de autónoma una práctica antimonopólica; cómo la prueba y cómo evalúa su propio desempeño, lo que provoca un grado de incertidumbre entre la comunidad de negocios.
La paradoja del caso es que se airean las supuestas irregularidades justo cuando se plantea la exigencia de endurecer los castigos como lo han hecho Brasil, Australia, Estados Unidos y la generalidad de las naciones de la Unión Europea.
Uno de los argumentos empleados para descalificar a la instancia antimonopólica habla de un bajo índice de efectividad, ubicándose México en un rango de 4% frente a 6.2% de los Países Bajos y Alemania o 6% de Estados Unidos. Lo que se soslaya, empero, es que detrás de cada resolución de la instancia hay un espeso laberinto judicial que vuelve farragosa su ejecución.
En algunos casos han pasado tres o cuatro años para hacer efectiva una multa, tras un largo recorrido que abarca a jueces, tribunales de circuito y a veces hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ahora que ha habido más de un revés bajo el alegato de inconstitucionalidad de la Ley Federal de Competencia Económica, lo que permite soslayar, sin embargo, el fondo del asunto.
Un caso patético, por ejemplo, fue el derivado de una denuncia planteada por la firma fabricante de los chicles Canel's, a la cual se le desplazó indebidamente del mercado en su segmento más competitivo: el paquete de cuatro pastillas en envase de celofán, al lanzar la firma fabricante de Chiclets Adams, es decir Warner Lambert, la marca Clark's... apuntalada con subsidios indirectos del resto de las marcas.
La Suprema Corte rechazó la sanción, bajo el argumento de inconstitucionalidad de la ley... por más que aceptó la justeza de otra implantada a los embotelladores de Coca-Cola por exigir exclusividad en la red de distribución, en prejuicio de Big Cola.
La diferencia la planteó el que haya llegado en el intermedio una reforma a la ley, que en su momento también había sido impugnada.
Se diría, pues, que la jugada de la cúpula empresarial apunta a seguir en la simulación, es decir leyes cojas para permitir coartadas, y multas simbólicas para casos indefendibles. La farsa a todo lo que da.
Curioso, frente al tronante discurso del presidente Felipe Calderón repetido cada año desde la época de Miguel de la Madrid, de acabar de una vez por todas con la excesiva regulación del aparato público que frena la competitividad, es que no empiece por casa.
Petróleos Mexicanos, la mayor empresa del país, enfrenta cinco instancias regulatorias para realizar sus operaciones.
De entrada, tiene frente a sí a la Comisión Reguladora de Energía; más allá, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y si le seguimos, al Consejo de Proyectos Energéticos, que se sacó se la manga la secretaria de Energía, Georgina Kessel.
Naturalmente, la paraestatal está sujeta a los lineamientos burocráticos impuestos por el Órgano de Control Interno, además de la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación.
"CUELLO DE BOTELLA"
Aunque el aeropuerto capitalino presume de ubicarse en el lugar 43 de las terminales más importantes del mundo, y en el 28 por el número de movimientos, lo cierto es que el hacinamiento de las pistas se ha vuelto un cuello de botella para las industrias. ¿Se acuerda usted cuando Aeroméxico presumía de ser la línea aérea más puntual del planeta?
Digamos que las autoridades han saturado las operaciones tanto de aviación comercial como de charters, por más que no hay simetría en el número de pasajeros, lo que provoca una cadena de atrasos en los despegues y aterrizajes, obligando en muchas casos a las aerolíneas a pagar los costos de pérdida de vuelos de interconexión.
FIDELIDAD... AL PAN
En lo que pareciera una maniobra para influir en la selección del aspirante panista para pelear la silla que dejará vacante este año, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, acaba de ordenar la compra de 100 mil frascos de café Buganza, aparentemente con la intención de incluirlos en las despensas que otorga el DIF local. La marca es producida por una empresa de la familia Buganza a la que pertenece uno de los precandidatos del partido blanquiazul: Gerardo Buganza.
La carambola hablaría de cerrarle el camino al director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, quien lleva tres años en campaña.
El café, es decir el apellido, se distribuiría en los 21 municipios de Veracruz afectados por el frío, especialmente los ubicados en la sierra de Zongolica y las faldas del Pico de Orizaba.
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