A siete días que un coche-bomba explotara en esta ciudad, falleciendo tres agentes federales, un médico de la Cipol y a un civil, los propietarios de los comercios afectados no han recibido apoyo gubernamental.
Los propietarios de los negocios que se vieron afectados por el estallido, ocurrido en el cruce de las calles Bolivia y 16 de septiembre, aseguran que hasta el momento ninguna autoridad ha preguntado cuánto va a costar el reconstruir todo.
'Es increíble esto que pasa en la ciudad, nadie ayuda, estamos desamparados, cuesta mucho trabajo mantenerse entre los robos y la extorsión como para que ahora tengamos que poner de nuestra bolsa para levantarnos otra vez', dijo Carlos Hernández.
Su negocio, una tienda de ropa, fue la más dañada; el carro-bomba explotó exactamente frente a la puerta principal destruyendo la fachada y sus alrededores, incluyendo mercancía que fue devorada por las llamas.
'Nosotros no tenemos la culpa de esta guerra, no la compramos, no la queremos y mire nada más como nos va. Somos los que al final terminamos pagando algo que no pedimos', señaló.
El departamento de limpia del municipio retiró una tonelada y media de escombros, cristales y ventanas rotas, así como varios vehículos que quedaron inservibles después de la explosión, que afectó a más de 15 familias y negocios.
'Ahora mi esposa y mis hijos están temerosos porque llegan a los edificios públicos y lo primero que buscan es un carro sospechoso donde pueda haber una bomba… ¿usted cree que eso es vida?', cuestionó Lorenzo García al pasar por el lugar de la explosión.
Después del jueves, usuarios de oficinas gubernamentales de las tres esferas de gobierno sienten pavor de formarse a hacer cualquier trámite, pues el recuerdo y la imagen del camarógrafo de Canal-5, Luis Hernández, que resultó herido, siguen presentes.
'Claro que tenemos miedo, el sólo pensar que los narcos puedan dejar un carro-bomba aquí, como el otro día, nos llena de miedo, pero estos papeleos los tenemos que hacer', indicó Tomasa Vidales, quien tramitaba la carta de antecedentes no penales.
Desde esta semana, los encargados de edificios públicos y plazas comerciales han solicitado a las corporaciones policiales al menos una patrulla que esté de manera permanente en los estacionamientos.
El temor de otro atentado con explosivos está latente y se quiere evitar que algún inocente se lastime como consecuencia de la narcoguerra librada desde hace tres años en esta frontera.
