Uno de los factores que han propiciado la descomposición que padece La Laguna y una gran parte del país en materia de seguridad pública es la falta de coordinación de los tres niveles de gobierno para el establecimiento de acciones concretas de persecución, contención y prevención de hechos delictivos.
En los últimos tres años, las corporaciones policiacas no han podido aplicar una sola acción conjunta con éxito. La incapacidad, la desconfianza, la cortedad de miras y la falta de voluntad han terminado por hundir cualquier intento por crear un plan regional de seguridad.
El Código Rojo, la primera gran estrategia de reacción inmediata establecida en la región, ha arrojado resultados mínimos. De acuerdo al análisis publicado por El Siglo de Torreón el 25 de abril de este año, sólo 1 de cada 10 responsables de delitos cometidos en la región durante 2009 fue detenido gracias a la citada estrategia. A las limitaciones geográficas y políticas propias de La Laguna, región dividida en dos estados, hay que sumar como causa del fracaso del Código Rojo las limitaciones de las corporaciones estatales y municipales en cuanto a recurso material y humano se refiere; limitaciones que son en cantidad, pero sobre todo en calidad.
A la par de la implementación del Código Rojo, resurgió el viejo proyecto de crear una policía metropolitana, la cual podría actuar, sin problemas de jurisdicción, en toda la mancha urbana de la Comarca Lagunera. A pesar de que se realizaron varias reuniones en 2007 para poner pies y cabeza al proyecto, éste fue sepultado por las complicaciones relacionadas a la autonomía de los estados y municipios. Como muchas, la propuesta quedó en el papel.
No obstante, las reuniones para intentar mejorar la coordinación entre las policías continuaron... pero sólo un tiempo. Desde mediados de 2009 dichas reuniones fueron suspendidas, pese a que el clima de inseguridad en la región iba en aumento.
Los roces de los agentes federales con policías municipales de Torreón, acusados de colaborar en acciones criminales durante la administración panista de José Ángel Pérez, pusieron de manifiesto la falta de confianza entre las corporaciones de distintos niveles de gobierno.
En 2010, la situación en Torreón hizo crisis con el despido masivo de agentes municipales que participaron en un paro de labores para exigir el despido del actual director de Seguridad Pública, Bibiano Villa Castillo. La Policía local se quedó con sólo 300 elementos para patrullar una ciudad de casi 600 mil habitantes. La falta de estrategias del Gobierno Municipal, encabezado por el priista Eduardo Olmos, el apoyo ineficiente del Gobierno de Coahuila, a cargo del también priista Humberto Moreira y el retiro de las fuerzas federales destacamentadas en la región, puso al municipio a merced de los criminales. Las consecuencias de esta evidente falta de coordinación saltan a la vista de todos: la lista de asesinatos, asaltos y robos no deja de crecer.
Luego de la matanza de 17 jóvenes en una quinta de Torreón, el reclamo de las autoridades estatales y municipales para exigir el regreso de los policías federales se hizo más fuerte. En medio de los llamados de auxilio, de los cuales hicieron eco medios regionales y nacionales, Facundo Rosas, comisionado de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la República, llegó a Torreón el martes pasado. En una rueda de prensa anunció el despliegue de 200 agentes de la Policía Federal en Torreón, lo cual fue aplaudido por los representantes de los gobiernos local y estatal que se reunieron con él. En la misma rueda de prensa, el comisionado justificó la ausencia de los federales en los últimos meses argumentando la falta de coordinación y de colaboración de las fuerzas estatales y municipales en los programas impulsados por el Gobierno de la República en el combate a la inseguridad.
Tanto Olmos como Moreira plantearon la llegada de los agentes como la gran solución a los problemas de violencia en la región. Pero nuevamente se incurrió en los mismos errores. La estrategia anunciada por el comisionado para contener la violencia no contempla a La Laguna de Durango, como si ambos lados del Nazas fueran territorios ajenos en cuanto a dinámica social y económica se refiere.
Pero esta falta de visión regional se observa incluso en los gobernantes que se supone deben conocer la peculiar característica de esta zona del país. El gobernador Ismael Hernández Deras declaró el miércoles pasado que la actividad delictiva de Torreón había "contaminado" a la Comarca Lagunera de Durango, como si su estado se encontrara exento del problema hasta hace poco.
Mientras las autoridades de los tres niveles sigan empeñadas en no asumir la corresponsabilidad del problema que tiene hundida a La Laguna en la peor crisis de inseguridad en su historia, no veremos progresos sustanciales. Si bien es cierto que la criminalidad es un fenómeno con numerosas causas y que exige estrategias más allá de lo policiaco, lo mínimo que podemos esperar de nuestras autoridades es que se pongan de acuerdo en este aspecto. Pero si ya han demostrado sobradamente que ni eso pueden hacer ¿qué podemos esperar entonces?
