Parteaguas. El asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey conmocionó a los regiomontanos. ARCHIVO
Policías de la zona metropolitana de Monterrey fueron durante una semana el blanco preciso del crimen organizado. Estas ejecuciones, los recurrentes choques entre narcotraficantes y los ataques directos a las fuerzas federales provocaron que el mes de abril se convirtiera en el más sangriento de los últimos años de la otrora próspera capital regia.
Analistas coinciden que la violencia en la zona metropolitana de Monterrey y en la frontera con Tamaulipas "sigue desbordando a las autoridades". Estadísticas de la Procuraduría de Justicia estatal demuestran un incremento en el número de crímenes.
Enero finalizó con 23 asesinatos relacionados con el narcotráfico; en el segundo mes del año se había reportado otros 29 homicidios. A partir de marzo, la narcoguerra, que inició en Tamaulipas y se trasladó a Nuevo León, disparó las ejecuciones a 73.
Abril impuso un récord con más de 100 crímenes cometidos con rifles AR-15, pistolas nueve milímetros y con el arma oficial del Ejército ruso: los Kaláshnikov, mejor conocidos como AK-47 o cuernos de chivo.
Durante marzo, la guerra entre cárteles rivales se apoderó de Monterrey, lo que terminó por trastocar la vida de las más de cuatro millones de personas que habitan los nueve municipios que conforman la zona metropolitana de la capital. Son ciudadanos "que cada vez se sienten más vulnerables ante la violencia", describió María Antonieta Gutiérrez, investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey (UdeM).
Desde el rico municipio de San Pedro, donde vive la élite empresarial del estado, hasta las zonas marginadas de Guadalupe, Apodaca y Juárez, sufrieron por los bloqueos de las principales avenidas y autopistas que realizaron miembros de la delincuencia organizada: robaron y atravesaron camiones del trasporte urbano, vehículos pesados y autos, con el objetivo de paralizar los operativos que llevaba a cabo el Ejército.
El 19 de marzo, la violencia alcanzó uno de los íconos de la ciudad: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Lo que fue una emboscada contra militares, en la que participaron alrededor de 10 camionetas blindadas y sicarios que dispararon y arrojaron granadas contra cuatro patrullas, terminó con la vida de dos estudiantes de excelencia de la principal universidad privada del país.
El mismo procurador de Justicia estatal, Alejandro Garza y Garza, había reconocido que la inseguridad y la violencia escalarían "por el reacomodo de los cárteles".
Los presagios se cumplieron: los enfrentamientos entre sicarios y contra efectivos militares se incrementaron en las zonas rurales, limítrofes con Tamaulipas, y en los municipios metropolitanos de Guadalupe, San Nicolás y San Pedro, este último el de mayor ingreso per cápita del país.
La doctora Lylia Palacio, investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), advierte que la metrópoli está pagando los costos de la injusticia social, que significa mantener a 30% de su población en la pobreza extrema.
Ahora, comenta Lylia Pacheco, la violencia golpea incluso a las élites regiomontanas e impacta la economía local.
Residencia de importantes sectores de altos ingresos económicos, pero también de una ensanchada población pobre y empobrecida. "La ciudad termina convirtiéndose en escenario propicio para la inversión, consumo y participación en la industria de las drogas", afirma la investigadora de la UANL.
