Irregularidades. La Cofemer detectó por lo menos 13 obligaciones que se imponen a los concesionarios en el Renaut, que no fueron evaluadas por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes. ARCHIVO
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) determinó que el Gobierno Federal debe realizar un análisis sobre el impacto que tendrá el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) en ese sector de las comunicaciones ante la posibilidad de una baja en la demanda por la renuencia de los usuarios a entregar datos personales a las empresas.
El organismo solicitó además a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) diversas correcciones y ampliaciones en el anteproyecto de Reglamento del Renaut.
La Cofemer detectó por lo menos 13 obligaciones que se imponen a los concesionarios, mismas que les generarán costos, que no fueron evaluadas por la SCT en la Manifestación de Impacto Regulatorio del anteproyecto.
En un oficio fechado el 14 de mayo indicó que la obligación expresa de darse de alta en el registro no está contemplada en la Ley Federal de Telecomunicaciones, reformada en febrero de 2009 para incluir el Renaut, sino apenas en el proyecto de reglamento.
El anteproyecto de reglamento aclara que los concesionarios, o las empresas comercializadoras que venden los teléfonos, son las que deberán recabar los datos previstos en la Ley, que incluyen impresión de huella digital del cliente, y copia de identificación oficial y comprobante domiciliario.
En el plazo que venció en abril de 2010, lo único que se hizo fue dar de alta los teléfonos que ya existían antes de la creación del Renaut, mediante un trámite relativamente sencillo.
Pero la operación ordinaria del Renaut contempla recabar mucho más datos al contratarse una línea, lo que hasta ahora no han hecho las concesionarias por la ausencia de reglamento.
"Se solicita a esa Secretaría analizar el posible impacto de mercado que la aplicación del anteproyecto podría generar en la disminución de la demanda de telefonía móvil, como probable consecuencia de la negativa de los usuarios a entregar a los proveedores de servicios y comercializadoras sus datos personales", apunta el oficio de la Cofemer.
