Jubilados y otros residentes de todo el país figuran entre los que han donado casi 500 mil dólares para ayudar a Arizona a defender su ley de inmigración, en su mayoría con aportes de 100 dólares o menos, según un análisis de documentos obtenidos el jueves por The Associated Press.
Las donaciones, el 88% de las cuales fueron canalizadas a través de una página de internet establecida por el fondo de defensa de la legislación, aumentaron esta semana después que el gobierno federal presentó el martes una demanda contra la ley.
Un documento de la oficina de la gobernadora Jan Brewer indicó que siete mil 8 de las nueve mil 57 aportaciones hechas hasta el jueves por la mañana vía internet fueron efectuadas tras la demanda federal.
Esas aportaciones procedieron de los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, y casi dos mil de Arizona. Las donaciones oscilaron entre cinco y dos mil dólares, y la gran mayoría entre 10 y 100 dólares.
La ley de Arizona exige que la policía que haga cumplir otras leyes debe investigar la situación de inmigración del detenido si existe una "sospecha razonable" de que esa persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
Brewer y otros partidarios de la ley sostienen que la medida hará que los indocumentados abandonen el estado, y que éste no la habría aprobado si el gobierno federal cumpliese su deber de proteger y guardar la frontera.
Sus oponentes sostienen que la ley promocionará la caracterización racial y es anticonstitucional porque el control de la inmigración es asunto exclusivo del gobierno federal.
Los donantes contactados por AP dijeron que aportaron fondos porque el gobierno federal debería ayudar a Arizona, no demandarla.
"Arizona necesita nuestra ayuda", dijo Mary Ann Rohde, una empleada municipal jubilada residente en California, que donó 20 dólares junto con su esposo. "Es una desgracia lo que está haciendo nuestro gobierno".
Howard E. Sanner, residente en Texas, dijo que la ley de Arizona debería impulsar al gobierno a velar por la seguridad de la frontera, para evitar que entren ilegalmente al país delincuentes y terroristas.
"Es simplemente un lío que tiene que ser corregido", agregó Sanner, un vendedor textil jubilado que dijo respaldar la inmigración legal y que donó cinco dólares al fondo.
Con la demanda federal, la ley aprobada en abril y que debería entrar en vigencia el 29 de julio encara ahora seis demandas en los tribunales federales.
