R Esta año y medio para elegir al próximo Presidente de la República pero, dado el vértigo y el descontrol político prevalecientes, ese lapso se advierte reducido para garantizar "la normalidad" de ese proceso y renovar la esperanza democrática.
El debilitamiento del Estado de derecho y la involución política que el país registra deberían bastar para que, ante esa circunstancia, los partidos apuraran la solución de los pendientes instrumentales, políticos y legislativos relacionados con esa elección. Sin embargo e increíblemente, están más interesados en saldar cuentas a su interior y, así, resolver su respectiva candidatura sin asegurar su elección.
Si los partidos y el trípode que sostiene al régimen electoral -esto es, el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral y la Fiscalía para Delitos Electorales- no atienden ni resuelven urgentemente los pendientes que amenazan la elección de 2012, no será exagerado reconocer ese concurso como un peligro y no como una oportunidad para el país.
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La sola incapacidad de los partidos para encontrar a tres mexicanos dignos de su confianza para completar el consejo del Instituto Federal Electoral habla, precisamente, de la calidad de los supuestos pilares de nuestra frágil democracia.
Los meses han transcurrido y, pese a contar con un elenco de aspirantes a ocupar los tres asientos vacíos en ese consejo, los partidos no acaban de dilucidar quiénes deben sentarse en ellos. Esa dilación exhibe no el interés por revestir de imparcialidad y legitimidad al instituto para darle garantías al proceso electoral, sino la mezquindad de asegurar una cuota de poder en ese órgano.
Es probable que el instituto no requiera de nueve consejeros para funcionar debidamente, pero ése -al menos, de momento- no es el punto. El punto es que viniendo de una elección presidencial tan cuestionada como la de Felipe Calderón y viviendo una situación tan inestable y trágica como la prevaleciente, los partidos no resuelvan ese básico del concurso electoral en puerta.
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Relacionada con ese órgano está la situación de la fiscalía electoral, que a lo largo de su existencia no ha logrado acreditar su valor.
Los titulares de ella no han sabido o querido revestirla de la legitimidad necesaria para convertirla en un garante del concurso electoral y, por si ello no bastara, hoy su estructura se advierte insuficiente para controlar a los poderes fácticos que, una y otra vez, han colocado en un predicamento el ejercicio electoral.
La historia de esa fiscalía para nadie es desconocida; si los partidos la consideran inútil, deberían desaparecerla. Si no es así, deberían reformarla para evitar que los poderes fácticos, criminales o no, incidan en la próxima elección presidencial.
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Vista, sin embargo, la situación de los propios partidos quizá es una quimera exigirles atender los pendientes instrumentales y legislativos para preparar la pista por donde correrá la elección presidencial. Una quimera porque, en el fondo, los partidos están dando muestra de su propia incapacidad para gobernarse a sí mismos.
La renovación de la dirigencia de Acción Nacional fue, en el fondo, la oportunidad para cobrar pequeñas venganzas. A la piedra de los sacrificios se llevó a Roberto Gil para acabar con los residuos de la influencia política de la otrora poderosa Patricia Flores y sus allegados. Pero satisfecha esa sed de venganza dejando a Gustavo Madero como jefe del partido, en la integración del Comité Ejecutivo Nacional vino el desquite: se cobró venganza sobre el calderonismo.
La dirección de Acción Nacional será un galimatías, atemperado quizá por el hecho de que, después de 10 años en el poder, esa fuerza carece de un cuadro con talla de candidato presidencial. Acaso, por eso, Vicente Fox ya bendijo a Enrique Peña como la expresión moderna del PRI. Acaso, por eso, Felipe Calderón comulga con la idea de apoyar a un candidato de filiación distinta a la de su partido o, bien, a un cuadro de "la sociedad civil".
Si Acción Nacional no puede consigo mismo, cómo pedirle interesarse por las instituciones relacionadas con el proceso electoral.
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La franquicia del Partido de la Revolución Democrática sigue en litigio y el tam-tam de los tambores de guerra cobra fuerza.
La estancia de Jesús Ortega en la presidencia de esa formación ha sido cuestionada desde su origen y, ahora, se exige su salida. La corriente encabezada por Ortega mantiene cierto control en los órganos de gobierno del partido, pero no del partido en sí y, entonces, el esfuerzo y la energía de las corrientes perredistas se concentran en la lucha interna sin mirar cuanto ocurre afuera.
En sus distintas expresiones, el perredismo se pelea por las llaves de su vehículo sin interesarse mayormente en las condiciones de la carretera por donde, en principio, deberá circular. Años lleva el perredismo mirándose el ombligo, disputándose el control del partido sin tomar nota de su brutal caída en las preferencias electorales. Provoca risa oír el llamado de algunos de sus cuadros a recuperar al partido para que éste juegue el papel histórico que le corresponde.
¿Cómo va a jugar ese rol histórico si ni siquiera puede resolver su presente?
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Arriba en las preferencias, el Partido Revolucionario Institucional sufre de esquizofrenia política que, en un descuido, podría hundirlo en una crisis.
Por un lado, hace sentir que la elección presidencial es un engorroso trámite a satisfacer. Por el otro, adquiere una cantidad de compromisos con corporaciones gremiales y empresariales que, desde ahora, anulan la posibilidad a su preclaro precandidato Enrique Peña de declarar: llego con las manos libres.
Sin que la competencia haya dado inicio, el priismo se ha echado en brazos de la principal televisora y en brazos de la maestra que fracturó hace no mucho a su partido. Esa esquizofrenia deja ver una cierta inseguridad política, a la vez que cancela de antemano la posibilidad -si recupera el poder presidencial- de someter a control a esos poderes fácticos que, hoy, subastan su apoyo y al día siguiente anulan la reforma del poder.
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Falta apenas un año y medio para elegir al próximo presidente de la República y, por lo visto, sólo los cárteles, criminales o no, están viendo el porvenir. ¿Qué ofrecen entonces los partidos y los candidatos que, desde ahora, se plantean redecorar Los Pinos?
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