México es uno de los 10 países del mundo que presenta agresiones sistemáticas contra defensores de derechos humanos y atentados que derivan en su muerte.
Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, el país está al nivel de otros como Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Sri Lanka, Indonesia, Rusia, Uzbequistán y República del Congo respecto a la desprotección que viven los defensores mexicanos.
"Las torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones, homicidios y otras agresiones cometidas por las fuerzas de seguridad no son objeto de investigación por las autoridades civiles competentes, y el uso de la justicia militar para juzgar los abusos cometidos por los militares han contribuido a mantener la impunidad", señaló en su Informe Mundial 2010.
En el apartado sobre México el organismo registró agresiones y homicidios de defensores de derechos indígenas, medio ambiente, mujeres y comunidad homosexual, ocurridos durante 2009.
Como el asesinato de Raúl Lucas y Manuel Ponce, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, ocurrido el 14 de febrero en Guerrero. O el homicidio de Mariano Abarca, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y quien estaba en contra de las afectaciones ambientales provocadas por la minera canadiense Blackfire Exploration, el 27 de noviembre.
Sobre el caso de defensores que denuncian abusos cometidos por las fuerzas armadas, señala que Salomón Monárrez, secretario del Frente Cívico Sinaloense, en Culiacán, sufrió una herida de bala cuando su domicilio fue allanado.
Además el Observatorio registró los casos de Alba Cruz Ramos, abogada del Comité 25 de noviembre, Yésica Sánchez Maya, abogada del Consorcio para el Diálogo y la Equidad en Oaxaca, Beatriz Casas, del Centro de DH Bartolomé Carrasco, y el Padre Romualdo Mayrén, de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, todos ellos amenazados de muerte en Oaxaca.
También se denunció el acoso sufrido por Janahuy Paredes, hija de Francisco Paredes, militante de la Fundación Diego Lucero, desaparecido desde septiembre de 2007.
El Observatorio es un programa de alerta creado por la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, en 1997.