Blancos. En los últimos meses se han resgistrado varios secuestros de funcionarios de Pemex y empresarios del ramo petrolero. ARCHIVO
La delincuencia organizada no sólo ha afectado la producción de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Cuenca de Burgos, sino que ya hace estragos en otras zonas del país, donde trabajadores han sido privados de su libertad y otros asesinados.
Desde hace dos semanas cinco trabajadores de Pemex Exploración y Producción (PEP) quienes laboraban en la Cuenca de Burgos están desaparecidos.
Otros dos ingenieros que trabajaban en actividades de perforación para el activo Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec), fueron asesinados en Poza Rica, al ser atacados por un comando armado quien les disparó mientras salían de una plaza comercial.
Se trataba de ingenieros principiantes que acababan de ingresar a PEP y que trabajaban como perforadores en el proyecto Chicontepec.
Además, la empresa argentina Tecpetrol que tiene un contrato de servicios en Burgos también tiene a dos trabajadores secuestrados desde hace ya un mes.
Pemex se coordina con las policías locales y federales, así como con el Ejército para el resguardo de la zona, pero el apoyo es insuficiente, ya que la zona tiene una extensión de 50 mil kilómetros cuadrados que abarca cerca de la mitad de Tamaulipas, parte de Nuevo León y de Coahuila.
Semanas antes del secuestro de los trabajadores de Pemex en la Cuenca de Burgos, aparecieron mantas del narcotráfico pidiendo a los habitantes de la zona que se reclutaran voluntariamente como guías de terreno, pero no hubo interés y comenzaron los secuestros, informaron fuentes de la empresa.
En Tabasco, los secuestros a funcionarios de Pemex y empresarios del ramo petrolero es un problema que preocupa al gobernador Andrés Granier, pues de al menos siete casos que han tenido conocimiento las autoridades, sólo uno de ellos ha sido denunciado ante la Procuraduría General de Justicia.
"Es un tema muy delicado, pero lo que sí puedo decir es que los dos últimos casos se han rescatado, uno es el de un funcionario, y el otro, de uno que no trabajaba en la paraestatal, sólo hay una denuncia", comentó el mandatario.
Y es que en la mayoría de los casos, tanto de la paraestatal como de trabajadores de empresas contratistas, los familiares han optado por negociar directamente con las bandas de secuestradores y pagar sumas millonarias, que van de tres a cinco millones de pesos.
