El presidente Felipe Calderón se pronunció el jueves a favor de analizar la posibilidad de establecer jueces anónimos en México y de realizar modificaciones legales para proteger a los denunciantes a fin de que no queden expuestos a las venganzas del crimen organizado.
En un encuentro con legisladores en la continuación del análisis de su estrategia de seguridad con sectores sociales del país, el mandatario también recriminó a Estados Unidos que no se esfuerza en reducir el consumo de drogas y calificó al vecino del norte de irresponsable por vender armas que terminan en manos de los carteles de las drogas.
Calderón señaló, además, que si es necesario mantendrá hasta el final de su gobierno al ejército en las calles para combatir a la delincuencia organizada. El presidente, que concluye su mandato en 2012, había dicho que habría un retiro paulatino de las fuerzas armadas de esas tareas conforme se depuraran y fortalecieran las policías locales, algo que en gran medida no ha ocurrido.
El mandatario dijo que si bien la figura de jueces anónimos va en contra de la tradición jurídica mexicana, consideró que "hay que valorar esa experiencia" al mismo tiempo de estudiar nuevas garantías a policías, fiscales, testigos y ciudadanos en general para que denuncien sin temor a sufrir la venganza de los criminales.
El pronunciamiento sobre los jueces anónimos pareció contradecir las acciones recientes de México por instalar un sistema judicial más abierto. Esas medidas, apoyada por millones de dólares en ayuda estadounidense, crearían un sistema acusatorio que colocaría la carga de la prueba sobre los fiscales y establecería juicios orales que sustituirían el procedimiento actual que es casi totalmente por escrito.
Una ley aprobada por los 32 estados mexicanos en el 2008 prevé que la terminación de la reforma para el 2016.
Calderón refirió que ha habido casos de policías federales en el estado occidental de Michoacán, considerado bastión del cartel de La Familia, que tras haber declarado ante fiscales "son cobardemente asesinados en la carretera a su regreso a la ciudad de México".
Consideró que más allá de la burocracia en el sistema de procuración de justicia, la gente no denuncia por miedo a que se conozca su nombre, domicilio, ocupación y luego ser víctima.
"Hoy siguen desprotegidos las víctimas, los testigos, los denunciantes, los ministerios públicos (fiscales), los policías y los jueces", dijo.
"Presenta un tema de vulnerabilidad esta tradición jurídica de que el procesado tiene derecho a ver quién lo acusa, cómo lo acusa, cómo se llama, de qué trabaja, dónde vive", añadió.
En una especie de recordatorio sobre la situación del sistema judicial en México, un ombudsman recomendó el jueves la destitución del jefe de la policía en la ciudad nororiental de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. La petición fue hecha con base en las denuncias de personas que se dijeron torturadas por el jefe policial Julián Leyzaola.
El procurador de derechos humanos del estado de Baja California, Humberto García, informó en rueda de prensa que las denuncias son de cinco habitantes de Tijuana.
El presidente Calderón, a quien académicos y representantes sociales le han reclamado la falta de una comunicación eficaz en su lucha anticrimen, nombró el miércoles un vocero en materia de seguridad: Alejandro Poiré, quien se desempeñaba como subsecretario de Población y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.
México padece desde hace años una violencia constante por parte de los carteles de las drogas, y el gobierno ha dicho que en parte se debe a la vecindad de México con Estados Unidos, tanto por ser el principal consumidor de drogas como por sus laxas normas para la venta de armas, incluidas las de alto poder que llegan a caer en manos de la delincuencia organizada.
"Los americanos empezaron a vender armas para una industria que es voraz, ambiciosa, como es la industria armamentista americana", dijo.
"Necesitamos movilizar no sólo a la opinión pública (mexicana) y estar unidos, sino a la opinión internacional para señalar la irresponsabilidad de los americanos una y otra vez, por mucho que se molesten y por mucho que les estorbe en sus campañas", añadió el mandatario, quien a lo largo de su gobierno ha pedido la corresponsabilidad del gobierno de Estados Unidos en la lucha que México mantiene contra los carteles de las drogas.
Calderón también criticó la falta de una ataque efectivo al consumo de drogas en su vecino del norte.
"No creo que Estados Unidos haya hecho un esfuerzo significativo en reducir las adicciones por más que se anuncie y más buena voluntad que pueda tener el presidente (Barack) Obama", dijo.
La violencia del crimen organizado en México se ha traducido en el asesinato de más de 28.000 personas desde diciembre de 2006, cuando Calderón lanzó una ofensiva contra los carteles de las drogas.
En Nuevo León, el miércoles fue localizado el cadáver del alcalde de la municipalidad de Santiago, Edelmiro Cavazos, y aunque no se ha dicho quién lo asesinó Calderón consideró que es atribuible al crimen organizado.
"La muerte de Edelmiro es una razón más para combatir y, con todo, al crimen organizado", dijo el presidente, que mantiene desplegados a más de 45.000 militares en diversas zonas del país para combatir a los carteles.
