Aterrada frente a la posibilidad de una demanda colectiva de los tenedores extranjeros del 55% del capital de la firma, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores levantó la suspensión de las acciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico, pese a seguir vivo el conflicto que provocó el paréntesis.
Estamos hablando de la disputa por el control de la empresa que aglutina 14 terminales aéreas del país entre sus socios nacionales y extranjeros. La Controladora Mexicana de Aeropuertos Españoles y las firmas Aeropuertos Españoles de la Navegación Aérea y Abertis.
En el escenario hay dos presidentes del Consejo de Administración: la mexicana Laura Díez Barroso Azcárraga y el español Demetrio Ullastres; dos grupos de consejeros independientes, y dos resoluciones por cumplir en torno a una disminución del capital de la firma y un reparto de utilidades... y dos asambleas de socios.
La primera se celebró el 17 de abril pasado, ratificándose al Consejo de Administración, incluidos los miembros independientes, y aprobando un reparto de utilidades por 900 millones de pesos, en paralelo a una disminución de capital.
La segunda se efectuó el dos de junio, nombrándose a un nuevo presidente y anulando los acuerdos de la anterior.
Sin embargo, para los socios nacionales esta última carece de validez dado que no reunió el quórum reclamado; se celebró en un lugar distinto al estipulado en la convocatoria, y no se clarificó la orden del día.
Más aún, tampoco se convocó a la totalidad de los consejeros.
Adicionalmente, el nuevo Consejo de Administración designaría a nueve miembros independientes sin tener facultades para ello, dado que éstas recaen en la asamblea.
Ahora que los nombrados carecen de objetividad e independencia, ya que se han coludido con los socios españoles, y algunos de ellos han incumplido con la Ley del Mercado de Valores en el desempeño de sus funciones y deberes.
Lo cierto es que aun cuando en el papel estamos hablando de una simple disputa entre socios por el control de una empresa gigante, el fondo va más, mucho más allá de ello.
Se trata de un escenario que de entrada viola las leyes mexicanas.
De acuerdo al Artículo 34 de la Ley de Aeropuertos, los concesionarios o permisionarios del sector aeroportuario en ningún caso podrán ceder ni en forma alguna gravar, transferir o enajenar la concesión o el permiso y los derechos conferidos, así como los bienes efecto de ellos a ningún gobierno extranjero.
Hete aquí que Aeropuertos Españoles de la Navegación Aérea es propiedad del gobierno español.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues, olímpicamente permitió la violación, por más que se habla de una filial en México de la firma.
Y si le seguimos, el Artículo Séptimo de la Ley de Inversiones Extranjeras establece que el caudal foráneo no puede acumular más del 10% del capital de una empresa aeroportuaria, por más que se realicen acuerdos de piramidación.
En este caso el Gobierno se lava las manos aduciendo que tanto Aena como Abertis, tienen el cinco por ciento del capital del grupo, en tanto la Controladora Mexicana de Aeropuertos tiene un tanto igual.
El resto está pulverizado en acciones colocadas en Bolsas del extranjero y la propia Mexicana de Valores. Concretamente en las primeras se adquirió el 55% y en el segundo el 30% restante.
Lo que no se dice es que las acciones de las firmas españolas valen 100 veces más, por enlistarse en el llamado paquete de control.
Digamos que si el 15% equivale al 100% de éste, Aena y Abertis tendrían el 66%.
El esquema se implantó a la privatización de Teléfonos de México, ubicándose en este caso un paquete de control equivalente al 4.5% del capital, aunque las acciones de éste valían infinitamente más que las destinadas al gran público.
En todo caso, pese a la participación original de dos firmas extranjeras, el control de la empresa quedó en manos mexicanas.
Bajo ese prisma, pues, los accionistas nacionales debían tener no sólo la presidencia del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Pacífico, sino el control total de éste.
El problema es que desde la privatización del conjunto de terminales aéreas que incluye dos joyas: Tijuana y Guadalajara, ubicadas como las de mayor tráfico después de la de la capital y Cancún, la autoridad permitió el dominio español.
El paisaje lo dibujó de cuerpo entero, la respuesta que los directivos del grupo le dieron al entonces legislador Jesús González Schmall, en su intento de buscar una salida a un conflicto entre éste y los comerciantes aglutinados en el aeropuerto de Tijuana: "Tenemos que consultar con España".
Más allá, los ibéricos ordenaron arriar la bandera de México en las terminales, en flagrante violación a la Ley de Símbolos Patrios, provocándose un conflicto jurídico que duró tres años.
La bandera regresó... así sea simbólicamente.
Como lee usted, no estamos hablando de un simple pleito de comadres.
Los timbres rojos de alerta están sonando entre las cúpulas empresariales ante una ofensiva sin precedente del Instituto Mexicano del Seguro Social contra los que supone como morosos, a quienes en paralelo de avisos de fincamiento de créditos se les congelan las cuentas.
El escenario, naturalmente, coloca en el callejón a los supuestos deudores, al meterlos en una camisa de fuerza que les impide la posibilidad de salidas.
Lo inaudito del caso es que la campaña se realiza aparentemente sin el visto bueno del centro, es decir vía las delegaciones del organismo.
Los golpes en cadena alcanzan a las industrias extractiva, de la construcción, metal-mecánica, bienes de capital y textil.
Naturalmente, la gran pregunta es ¿dónde están los representantes empresariales ante el Consejo Técnico del organismo tripartita?
¿PUNTILLA A NAPOLEÓN?
Cerrado el colosal fiasco que representó la discusión del dictamen del ministro Arturo Zaldívar sobre el penoso caso de la guardería ABC, cuyo marcador final fue 0-0, la Suprema Corte se meterá en otra polémica.
Concretamente la Segunda Sala analizará las facultades de la Secretaría del Trabajo para otorgar la llamada "toma de nota", es decir el reconocimiento a la elección de dirigentes sindicales.
El tema lo colocó en la mesa el líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia, al solicitar un amparo contra la medida que lo desconoció como tal, argumentando que la dependencia actúa discrecionalmente al interpretar los estatutos internos de las organizaciones que representan a los trabajadores.
Su ingerencia, señala la exposición de motivos, viola la autonomía sindical.
La Suprema Corte había señalado en septiembre de 2006 que sí era válida la "toma de nota", desde el plano oficial. Sin embargo, bajo el nuevo escenario se plantea si ésta debe dictarla el Gobierno o, en tal caso, los propios sindicatos.
