Temporada política

Los políticos están nuevamente en funciones. Este pasado primero de septiembre comenzó el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Durante tres meses y medio los diputados y los senadores se reunirán en sesiones plenarias dos veces a la semana y tratarán de llevar a cabo las reformas legislativas que el país necesita.

Los periodos legislativos fueron ampliados hace apenas unos años. El segundo periodo, el que tiene lugar a principios del año calendario, pasó de dos a tres meses. Pero esto sólo ha hecho que en total los legisladores de nuestro país tengan periodos ordinarios de seis meses y medio por año en lugar de los cinco y medio que tenían con anterioridad.

En ningún país del mundo se distinguen los legisladores por su trabajo intenso. Pero los mexicanos les llevan una gran ventaja a sus colegas de otras naciones por el asueto del que pueden gozar. En los Estados Unidos, por ejemplo, los representantes y los senadores toman un mes de vacaciones en agosto y un par de semanas en Navidad. El resto del año, trabajan de manera normal. Y aun así este pasado mes de agosto los legisladores regresaron a Washington para aprobar una nueva legislación presupuestaria para reforzar la seguridad en la frontera. Es difícil encontrar un parlamento como el nuestro que se reúna sólo dos veces a la semana durante seis meses y medio al año.

Claro que tener periodos de sesiones más prolongados no significa necesariamente que se tenga una mejor calidad en el trabajo legislativo. Si vemos lo que los diputados y los senadores mexicanos han aprobado en los últimos años, quizá habría que preguntarnos si no sería mejor reducir los periodos ordinarios de sesiones. Así, cuando menos evitaríamos algunas de las iniciativas dañinas que los legisladores mexicanos aprueban, como la reforma electoral del 2007.

Lo ideal sería, sin embargo, que en este periodo ordinario de sesiones los legisladores mexicanos hicieran a un lado sus intereses personales y de partido y llevaran a cabo las reformas de fondo que realmente ayudarían a volver más competitivo al país.

No se requiere de mucha sapiencia para saber cuáles deberían ser. En primer lugar necesitaríamos una verdadera reforma fiscal, esto es, una que reduzca las tasas de impuestos a los cumplidos en lugar de aumentarlos, que cobre a los que actualmente no pagan, que promueva la inversión y que disminuya los trámites y las complejidades innecesarias del sistema tributario. La siguiente sería una verdadera reforma energética, que abriera la producción y distribución de petróleo y gas así como de sus derivados a la inversión privada. En tercer lugar deberíamos tener una reforma laboral a fondo, que dé una mayor libertad de contratación y despido con el fin de que se creen más empleos y se eliminen los privilegios de los que gozan actualmente los sindicatos.

El país necesita muchas más reformas, pero éstas por lo menos podrían colocar nuevamente al país en una senda de crecimiento. Tenemos que entender que el desarrollo no se da simplemente por milagro o porque los legisladores se presenten a trabajar seis meses de cada año, sino porque la ley promueve la inversión productiva y la seguridad jurídica y por lo tanto la creación de empleos y prosperidad.

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