Calculada sobre las rodillas la ocurrencia desesperada del presidente Felipe Calderón de liberar a los compradores de vehículos nuevos del pago de la tenencia ante la inminente segunda catástrofe electoral para su partido en el sexenio, la medida derivó en un colosal fiasco.
Del tamaño de la pifia habla la ira de los indirectamente beneficiados en el papel, es decir los distribuidores de automóviles, a quienes se obliga a cubrir el tributo a cambio de un bono canjeable por Impuesto sobre la Renta que no puede redimirse de inmediato.
La razón es simple: las empresas no tienen utilidades, por tanto no tributan el gravamen.
Ahora que la carambola del absurdo alcanza más de diez bandas: De entrada, los propios potenciales compradores de vehículos se consideran engañados, dado que la prebenda sólo es de una sola vez, es decir el año próximo tendrán que seguirla pagando.
Más allá, los propietarios de vehículos se sienten discriminados al no hacerse extensiva la medida en lo general.
Adicionalmente, los grupos ecologistas están exigiendo a los fabricantes de automotores el comprometerse a desarrollar una estrategia para impulsar la generación de autos eficientes, es decir con mayor rendimiento en kilómetros por litro de gasolina.
Y si le seguimos, del otro lado de la moneda se habla de que la prebenda, cuya exposición de motivos apunta a darle un jalón a una industria que el año pasado vio abatirse su demanda en 26 por ciento en promedio, provocaría un incentivo perverso para incrementar el uso de automóviles por parte de las clases media y media baja, en un escenario que, pese a la crisis, el año pasado se añadieron al parque vehicular del Valle de México 170 mil unidades más.
Solamente en la capital del país están registrados 2 millones 800 mil vehículos, en tanto en los municipios conurbanos hay un millón 600 mil, al margen de camiones y autobuses con placas federales y vehículos en tránsito.
Y si le seguimos, el gobierno queda mal parado frente al Congreso que analizaba el diseño de una reforma hacendaria integral, dado que pareciera que a éste le sobran recursos para subsidiar a los potenciales dueños de automóviles.
Y si es así, dicen los transportistas, a qué rayos los incrementos permanentes en el costo de las gasolinas y el diesel.
Implementada como una medida estrictamente recaudatoria, aunque temporal, en 1968, en la antesala de que nuestro país fuera anfitrión de los Juegos Olímpicos ese año, la imposición del impuesto sobre tenencia o uso de automóviles se prolongaría hasta dos años después, dado el compromiso de la Copa del Mundo de Futbol.
Y ya encarrerado, el gobierno se olvidó de la temporalidad, por más que hasta 1980 se le dio un carácter legal, vía la implantación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos.
Sin embargo, el 21 de diciembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial un Decreto del presidente Felipe Calderón que abroga el tributo, aunque con un transitorio que alargaba su vigencia hasta el primer día del 2012.
En el camino, el gobierno local de Querétaro implantó un programa que subsidia al 100 por ciento el pago del gravamen durante este año, haciendo lo propio Puebla y Veracruz pero hasta el 2012.
De acuerdo a cifras oficiales, la derrama para las entidades federativas y la propia Federación durante este año será de 21 mil 62 millones de pesos, además de otros 4 mil 27.1 millones por el Impuesto para Automóviles Nuevos, con la novedad de que el tributo es difícil de evadir, dado que se exige para trámites como la verificación vehicular.
De hecho, hasta quienes evaden el Impuesto sobre la Renta están obligados a enterarlo.
La tarifa actual para vehículos cuyo costo alcanza hasta 428 mil 768 pesos, es el equivalente al 3 por ciento de éste, alcanzando más allá y hasta 825 mil 140 pesos, el 8.10, para llegar al 13 cuando se alcance llegue a de 1 millón 109 mil, y el 16.80 cuando se rebase éste.
El monto máximo es de 19.10 por ciento.
Digamos que lo que en el papel le daría un empujón al partido del presidente Calderón, en la práctica derivó en un alud en su contra.
Tiro por la culata.
Lanzada la caballería pesada en su contra tras el incidente vergonzoso en que se involucró en el palco de la Federación Mexicana de Futbol en el Mundial de Sudáfrica, lo cierto es que el hoy ex presidente del Fondo Nacional de Turismo, Miguel Gómez-Mont, no estaba haciendo mal papel.
Durante su gestión se había arreglado una vieja disputa con el Ayuntamiento de Benito Juárez, es decir la zona de Cancún, en relación con el mantenimiento de la infraestructura; se había revitalizado Huatulco como uno de los destinos estelares del país, y se estaba abriendo el escenario a turismo religioso, cinegético y cultural, además de un nuevo destino de playa en Sonora.
El ex vicepresidente Ejecutivo de la firma promotora de vivienda Geo, hermano del Secretario de Gobernación, había llegado por primera vez en su vida a un cargo público.
La gran pregunta es si los boletos del viaje de Gómez-Mont y sus hijos los pagó el gobierno.
SE EQUIVOCÓ CANACAR
Cegada por la ira que le provocó la multa conjunta de 31 millones de pesos que le impuso al organismo como tal y a sus principales directivos la Comisión Federal de Competencia por supuesta colusión para imponer tarifas, vía la repercusión al público de los aumentos en las gasolinas, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga se equivocó de ventanilla.
Hete aquí que solicitó a un juez un amparo contra la resolución, con la novedad de que éste no procede hasta agotarse el procedimiento.
Dicho con todas las letras, la Cámara está obligada previamente a colocar en la mesa un recurso de reconsideración frente a la resolución adversa, ofreciendo las pruebas de descargo que considera pertinentes.
OTRA VEZ SAN JUANICO
Colocados en alerta permanente, ante el temor del espectro de la terrible explosión del 20 de noviembre de 1986, es decir hace ya 24 años, los habitantes del poblado de San Juan Ixhuatepec, conocido coloquialmente como San Juanico, mantienen firme el dedo en el renglón porque se cumpla un decreto presidencial expedido al fragor de la catástrofe, que ordenaba la clausura del gasoducto que alimenta a las plantas gaseras instaladas en la zona, y la reubicación de éstas.
El primer punto se cumplió 20 años después, en el 2006. Sin embargo, existe una intensa presión en las gaseras para revertirlo.
Las firmas en cabildeo permanente con Pemex son Gasomatic, Unigas, VelaGas, BelloGas, Servicios de México y Gas Metropolitano, propiedad de los hermanos Tomás y Enrique Zaragoza y Eduardo Ramírez.
Naturalmente, ninguna de ellas está dispuesta a moverse del lugar, pese a la bomba de tiempo.
