De acuerdo a información difundida este fin de semana por El Siglo de Torreón, el Instituto Mexicano de Competitividad declaró que le es imposible evaluar el desempeño del Municipio de Torreón bajo la administración de Eduardo Olmos, en materia de presupuesto y gasto.
Lo anterior es consecuencia de la falta de información contable y administrativa en el manejo de la cosa pública, que las autoridades están obligadas por ley a proporcionar tanto a los ciudadanos como a las organizaciones no gubernamentales que deseen acceder a tal información y que en el caso de Torreón, no está disponible.
En el primer informe del alcalde Olmos es notable un costoso despliegue publicitario obsesionado en agradecer hasta la abyección al gobernador Humberto Moreira, avances que corresponden al mínimo que se espera de cualquier gobierno. Esta actitud contrasta con el desprecio a los esfuerzos de los diversos sectores productivos de la sociedad torreonense en su conjunto, no obstante que dicho conglomerado social, es el protagonista esencial de nuestra vida pública y como tal debe ser reconocido.
La información difundida en ocasión del cierre de este primer año de gobierno es objeto de manipulación extrema. Se dice que las encuestas aprueban el desempeño de Olmos Castro, al tiempo que reprueban en forma general el trabajo de su equipo de directores. Lo referido entraña una contradicción irresoluble que se explica por el empeño de mantener el culto a la personalidad del Alcalde o más bien del gobernador Humberto Moreira, a cuya sombra y en dependencia absoluta transcurre la administración del Municipio.
Hemos pasado del pleito constante del gobernador Moreira con el alcalde José Ángel Pérez en tiempos del panista, al extremo de la sumisión total de estos días que ha borrado al Municipio de Torreón, como entidad política y administrativa autónoma.
Después de su informe, Olmos anuncia que despedirá a diez de sus directores y las preguntas obligadas son: ¿Cuántos directores tiene?, ¿qué función tiene cada dirección?, ¿cuál es el organigrama en el Municipio si es que existe?, ¿corresponde tal organigrama a lo previsto en el Código Municipal o es fruto del capricho del alcalde como delgado del gobierno que manda desde Saltillo?
Esta falta de transparencia se refleja hoy día en la compra de ciento ochenta casas a los policías de Torreón, respecto de lo cual, Olmos no informa sobre el tiempo y forma en que se licitará la adquisición de tales casas y ello ha dado lugar a una serie de discusiones bizantinas que eluden el tratamiento del tema central: La licitación como tal y sus detalles.
Las explicaciones que ofrece el secretario del ayuntamiento Miguel Mery sorprenden, porque a su decir la determinación de las casas que serán adquiridas no depende ni del Cabildo ni de ningún otro organismo con facultades legales, ni siquiera de los propios policías beneficiarios, sino que está en manos del jefe de Policía Bibiano Villa, lo que revela que la administración priista de Torreón es un desorden muy bien organizado, conforme a reglas no escritas que operan en contraposición al Estado de Derecho.
Este funcionamiento anormal que al mismo tiempo es causa y consecuencia de la falta de transparencia informativa, no es producto de la torpeza de Olmos y su equipo, sino que corresponde al estilo de gobierno de Moreira, empeñado en convertir al PRI en gran acreedor para efectos de política electoral, de cada burócrata y cada ciudadano que reciba un beneficio al que tiene derecho sea por virtud de su esfuerzo laboral o como destinatario de los programas sociales existentes, que no son propiedad de ningún partido, sino de todos los mexicanos.
Es evidente que esa falta de transparencia con fines electorales es el caldo de cultivo de una corrupción rampante, que genera aviadores en la nómina de empleados, encarece el costo de la obra pública y como consecuencia, ocasiona desperdicio de recursos y endeudamiento.
Claro que la corrupción resultante no es exclusiva de los priistas, porque deriva de la humana naturaleza sin embargo, mientras en los gobiernos panistas o perredistas los casos de falta de transparencia y corrupción existen por defecto, en las administraciones priistas son parte esencial del sistema. Ahí está la diferencia.
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