"He abandonado los principios del libre mercado para salvar al sistema de libre mercado."
George W. Bush
La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías ha anunciado un alza en el precio de la tortilla de ocho a 12 pesos por kilo. El anuncio es de alguna forma un reto político al gobierno por parte de la organización encabezada por Lorenzo Mejía, quien ha señalado que la tortilla podría sufrir aumentos mensuales como los que el gobierno aplica en las gasolinas, el gas y otros combustibles.
La Secretaría de Economía ha anunciado de inmediato que el alza no se justifica y que la Procuraduría Federal del Consumidor inspeccionará a las tortillerías para buscar "abusos". De hecho, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, dijo que se aplicarán multas de hasta 2 millones de pesos a los tortilleros que suban el precio de su producto.
Lo curioso del caso es que en México no hay -por lo menos no legalmente-- un control de precios ni en la tortilla ni en ningún otro producto. La Profeco no tiene la facultad de sancionar a una tortillería por subir el precio. En el pasado, sin embargo, la institución ha hostigado a las tortillerías que se atreven a hacerlo buscando pretextos de todo tipo. El gobierno ha llegado a organizar prácticas monopólicas con los supermercados para vender la tortilla a un precio menor al de las tortillerías aunque esto les signifique una pérdida a las grandes cadenas.
No se entiende cuál es el fundamento legal para que el secretario de Economía diga que va a sancionar con multas a las tortillerías que suban el precio de su producto. Al parecer el secretario Ferrari piensa que vive en Cuba o en Corea del Norte y no en un país que supuestamente goza de libertad de mercado.
Mejía, el líder de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías, ha señalado la injusticia de que por una parte el gobierno realice este férreo control del precio de la tortilla al menudeo, cuando sube constantemente los combustibles que utiliza la industria y permite además que se eleve el costo del maíz, principal insumo para las tortillas. Según el líder de los tortilleros, el precio del grano a pie de molino ha aumentado de 3,150 a 3,700 pesos por tonelada en los últimos meses.
El precio de la tortilla, por supuesto, tiene consideraciones políticas muy importantes. El presidente Felipe Calderón sabe que el alza en este producto puede ocasionar problemas muy serios a cualquier gobierno. Pero si el mandatario ha optado por entrar al juego perverso del control de precios, no es justo que lo haga nada más con el último peldaño de la cadena, el más frágil. Si se quiere controlar el precio de la tortilla hay que hacer lo mismo con los precios del maíz y de los combustibles. Otra medida justa sería abandonar la laxa política monetaria del Banco de México (que hoy se encuentra bajo control del presidente) que es causa parcial de las alzas de precios.
El problema con las burocracias es que siempre atacan al más débil, por ejemplo, al tortillero, que es usualmente una persona de muy escasos recursos. A él se le puede amenazar con multas que rebasan varias veces su patrimonio o se le puede hacer víctima de una práctica de competencia desleal. Con los grandes productores o distribuidores de maíz, en cambio, las autoridades prefieren no meterse.
Para colmo, los tortilleros son presentados por el gobierno como los villanos en este tema. Pero la verdad es muy distinta. El verdadero ogro de esta historia es el gobierno, que quiere aprovechar los beneficios de un mercado libre, pero que aprieta a los comerciantes más débiles, los tortilleros, cuando no está de acuerdo con sus precios.
No sólo es Aeroméxico la única aerolínea que no emite facturas electrónicas por internet. Si la pide uno después de un vuelo, la empresa cobra 160 pesos más IVA por emitirla. La ausencia de Mexicana de Aviación ha creado abusos cada vez mayores contra los consumidores.
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