La falta de participación ciudadana en la Comarca Lagunera, aunada a la opacidad con la que operan las autoridades en ambos lados del Río Nazas, contribuye a un desempeño mediocre de las acciones de gobierno.
Como es del conocimiento, desde enero de 2009 el entonces alcalde de Torreón José Ángel Pérez propuso la creación de un Centro de Planeación Metropolitana, en el que estarían representados los gobiernos estatales y municipales en la región, así como diversos organismos sociales y universidades. A la fecha no se ha concretado esa propuesta, ni ninguna otra que venga llenar el vacío existente en la materia.
La situación a últimas fechas ha empeorado. De acuerdo a información publicada por El Siglo de Torreón el 3 de octubre pasado, el mismo presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, dijo que el veinticinco por ciento de las solicitudes que sobre ese particular ha recibido el Gobierno de Eduardo Olmos, han derivado en recursos de inconformidad, debido a que no proporciona la información a los ciudadanos de modo adecuado.
A las interpelaciones sobre el tema, el alcalde Olmos manifiesta estar decidido a corregir esta situación anómala mediante la creación de un Instituto Municipal de Planeación y Competitividad "para hacer un planteamiento ciudadano... interesado por gente interesada en su ciudad, no en su interés personal...".
El anuncio del Alcalde es absurdo, en la medida en que en forma abierta y descarada el gobierno a su cargo invade la esfera de los ciudadanos, con la clara intención de crear un organismo burocrático más, a modo y conveniencia del poder, que usurpe la función de participación que compete a la sociedad en su conjunto. En otras palabras, se trata de montar un teatro en el que el gobierno solito se pregunte y se conteste, en la medida en que el Alcalde se atribuye la potestad de decidir quién o quiénes responden al "interés de la ciudad" y quién o quiénes a sus "intereses personales", para calificar la idoneidad de los futuros integrantes del organismo propuesto.
No extraña que Olmos en su condición de político busque el control aun a costa del atropello que es objeto de comentario sin embargo, el vacío que existe en el tema es responsabilidad de nosotros, en la medida en que como ciudadanos hemos dado muestras de ser incapaces de organizarnos en la tarea de exigir cuentas a nuestros gobernantes.
Es frecuente que los propios organismos empresariales, sociales y universitarios pidan la creación de estructuras de participación subsidiadas por el Estado y hasta soliciten su inclusión como cuota orgánica integrada al gobierno, en lugar de solventar el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, a partir de los elementos humanos, materiales y económicos de los que disponemos.
El Centro Empresarial de la Coparmex y otros organismos y empresas de Iniciativa Privada, así como las universidades públicas o de particulares, cuentan con los instrumentos de información, conocimiento e investigación sobre las que planean su actuar, por medio de diversas herramientas de investigación científica o de mercado. Basta con enfocar el uso de tales instrumentos a la participación cívica y a la interactuación con los diversos niveles de gobierno, para fortalecer el diálogo entre gobernados y gobernantes.
Es cierto que el dinero que se requiere destinar a este propósito es escaso, porque la situación económica es difícil y la carga de los impuestos que se pagan es mucha, pero el ejercicio de nuestros derechos cívicos tiene un precio que hay que pagar, si queremos conservar nuestra condición de hombres libres y construir una sociedad crítica y participativa.
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