Basándose en el derecho a la información, WikiLeaks, portal de comunicación electrónica, puso a disposición de la comunidad mundial, más de doscientos cincuenta mil mensajes intercambiados entre funcionarios de los Estados Unidos de Norteamérica.
En ellos, se revelan políticas y prácticas de diplomáticos norteamericanos, que no sólo eran desconocidas, sino criticadas por el mismo gobierno de ese país.
Incluyen comunicados, videos, estudios de personalidades de líderes mundiales e informe, sobre situaciones internas de otros países, todos ordenados por funcionarios de EUA.
Además, dejan constancia de hechos violentos, con muertes de civiles inocentes durante bombardeos en la invasión de Irak, contra edificios en el medio urbano, autorizados por sus superiores a pilotos de guerra.
Todos, ante acusaciones de Derechos Humanos y otras organizaciones sociales, fueron negados con anterioridad por el alto mando de las Fuerzas Armadas del vecino del norte.
Entre otros, se leen comunicados con información del narcotráfico en México y hasta propuestas de clérigos nacionales para el Papado Romano, además de expedientes actualizados de personalidades de talla internacional, caso del mismo Papa.
También, otras informaciones reservadas por el propio gobierno norteamericano, como el número mayor de defunciones de soldados en relación a los declarados oficialmente.
La polémica se desató de inmediato entre dos bandos antagónicos: aquellos que consideran riesgoso para la seguridad mundial difundir informaciones "secretas"; y otros, defensores a ultranza del derecho a la información, que aseguran fortalece la democracia.
El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, informó que su departamento abrió una investigación criminal por esa filtración masiva de documentos diplomáticos, considerando: "son riesgo para la seguridad nacional", a lo que le responde Kristinn Hrafnsson, portavoz de WikiLeaks,: "no supone una amenaza para la seguridad del país".
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, intervino a favor de lo hecho por su gobierno y aseguró que la filtración de los documentos diplomáticos secretos: "constituye un ataque no sólo contra Estados Unidos, sino contra toda la comunidad internacional".
Por su parte, diferentes representantes de la prensa europea, afirman que el acto corresponde al derecho inalienable de todos los habitantes del planeta: tener acceso a la información. Y tienen razón.
Se dice que hay dos mil cables diplomáticos norteamericanos que incluyen información de México, que sin duda encierran sorpresas y ocultamientos; nuestro Presidente ya protestó.
Tener acceso a información, considerada como secreta o privilegiada, anteriormente requerían de profesionales del espionaje internacional -recuerde el reciente caso de espionaje ruso-; ahora, se logra a través de expertos en informática, que ingresan a portales y direcciones oficiales y privadas.
No olvide los antecedentes, como Daniel Ellsberg, que en 1971, siendo Lyndon Johnson presidente, entregó datos reveladores sobre Vietnam; el Watergate, que concluyó con la renuncia del entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon; y de cómo, a través de esas nuevas redes de comunicación, alcanzó notoriedad el desempeño sexual de Bill Clinton, con su becaria Mónica Lewinsky, la que, por cierto, capitalizó el escándalo embolsándose buenos dólares, producto de la mercadotecnia del caso.
Sin duda, uno de los grandes adelantos en la práctica de la democracia, es el derecho a la información y la obligatoriedad a la transparencia en las instituciones públicas, incluidos todos los funcionarios que la integran, particularidades que han provocado fuertes dolores de cabeza a aquellos que desean mantener ocultas maniobras y negociaciones para alcanzar objetivos particulares.
Tome en cuenta que ha sido un remedio eficaz para empezar a combatir la corrupción, aunque también pretendan manipular la información, para el desprestigio y difamación de políticos antagónicos a algunos intereses.
Esos "intrusos", también defraudan a la banca comercial ingresando a sus computadoras, saqueando fondos de empresas privadas, cuentas bancarias de particulares y hasta obtieniendo información para delitos como el secuestro y el chantaje.
Personas similares son los malintencionados, difamadores envalentonados por el anonimato, que sacan lo peor de sus instintos para agredir, escudados en "la oscuridad"; y otros abusivos, como los pervertidores de menores y traficantes de sexo cibernético, que en diferentes modalidades -pornografía escrita, fotografías, videos, etc- desprestigian los beneficios que recibimos de estos nuevos medios de comunicación masiva, caso de redes sociales, portales de servicios, etc.
Ante ellos hay pocos argumentos de defensa, aún cuando en nuestras leyes de comunicación se haya tipificado como delitos las acciones que ofendan intereses de terceros.
Ahora, se ha desatado la controversia sobre la confidencialidad de información y aún más: definir el límite entre lo público y privado. Quienes más padecen esa indefinición están los personajes públicos: artistas, políticos y hasta religiosos, que ven amenazada su vida privada, ante la posibilidad de que en cualquier portal comercial aparezcan imágenes y documentos comprometedores.
Para el caso, indudablemente que, mostrar evidencia de malos comportamientos, nunca será inmoral o antiético, aún cuando pudiera provocar incomodidades a la diplomacia o dificultades en seguridad. ¿Usted qué opina?
Ydarwich@ual.mx
