La huelga general en España vivió ayer un seguimiento desigual en todo el país, con una repercursión alta en sectores como el de industria o el metal y mucho más baja en el transporte, la administración pública o el comercio.
El paro de 24 horas, que coincide con una jornada reivindicativa en casi toda Europa, fue convocado por los sindicatos mayoritarios de izquierdas para protestar contra la reforma laboral, la caída de las pensiones y los planes de austeridad aprobados por el gobierno socialista. La huelga transcurrió sin grandes incidentes, salvo en Barcelona y Madrid, con cerca de 40 detenidos en todo el país.
La mayoría fueron acusados de delitos menores y puestos inmediatamente en libertad.
En la capital catalana, un grupo de 500 estudiantes incendió un vehículo de la Policía, mientras que en Madrid unos cien piqueteros cortaron el tráfico en la céntrica Gran Vía, obligando a los comerciantes a cerrar establecimientos a su paso.
Además, en el municipio madrileño de Getafe, la Policía efectuó varios disparos al aire para dispersar a unos 300 sindicalistas que intentaban impedir la entrada de trabajadores a una empresa.
Las organizaciones convocantes -Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO)- calificaron de "rotundo éxito" el seguimiento de la huelga, que cifraron en un 70% en los turnos de noche y mañana.
Más de 10 millones de personas no acudieron a sus puestos de trabajo, según el primer balance.
Los sindicatos describieron un apoyo masivo en sectores como los metales o la industria, con plantas de montaje de vehículos, como la de General Motors en Zaragoza, prácticamente paralizadas.
"La huelga general del 29 de septiembre es un éxito", dijo en rueda de prensa el líder de UGT, Cándido Méndez. "Los trabajadores rechazan la resignación y saben que España necesita unas políticas distintas, un cambio de rumbo en las políticas de reforma laboral o congelación de las pensiones".
"El resultado de la huelga obliga al Gobierno a rectificar", añadió su homólogo de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que afronta su primer paro general desde su llegada al poder en 2004, no ofreció una valoración general y evitó entrar en una guerra de cifras.
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, sí ofreció algunos datos puntuales, bastante alejados del triunfalismo inicial de los sindicatos. Corbacho señaló que el seguimiento del paro por parte de los funcionarios públicos fue de apenas el 7,5%. En los transportes, el apoyo fue del 20% y, por ejemplo, la red de ferrocarriles de alta velocidad canceló un 80% de sus servicios habituales.
En El Salvador, unos 75 sindicalistas y un grupo de ciudadanos españoles se concentraron ayer frente a la embajada de España para apoyar la huelga general en ese país.
"Este es un acto solidario con los trabajadores organizados en España que rechazan las medidas económicas del presidente Zapatero", dijo Alexander Gómez, secretario de la Federación Sindical de Trabajadores de los Servicios Públicos de El Salvador, que aglutina a más de 30 sindicatos.
