La reacción del Ayuntamiento encabezado por Eduardo Olmos Castro frente al primer conflicto de la administración que apenas arranca es a todas luces equivocada.
La mañana del lunes 4 de enero de 2010 alrededor de 300 trabajadores del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) denunciaron públicamente que la nueva dirección del organismo, a cargo de Carlos Gerardo Caballero Quiñones, les estaba exigiendo su renuncia sin respetar la antigüedad de muchos de ellos. Los empleados se negaron a firmar. El director del DIF, por su parte, negó las acusaciones e informó que se trataba de un proceso de "evaluación para valorar sus capacidades y determinar si cumplen con el perfil para continuar ocupando sus puestos".
Pero como siempre suele ocurrir, los principales afectados por este conflicto laboral fueron los ciudadanos, ya que la entrega de apoyos como medicinas, despensas, anteojos y cobijas a personas de escasos recursos fue suspendida. Alrededor de un centenar de personas, la mayoría de la tercera edad, se toparon con las puertas cerradas al momento de solicitar la ayuda que regularmente les proporcionaba el DIF. La respuesta de los encargados fue un típico "regresen el lunes".
La presión doble de los demandantes de apoyos y de los empleados obligó a las autoridades a rectificar. El martes inició la aplicación de exámenes de evaluación para los trabajadores y el miércoles se reanudó la entrega de la ayuda. Pero quien tuvo que dar la cara en los medios de comunicación para aclarar el asunto fue el secretario del Ayuntamiento, Miguel Felipe Mery Ayup.
Dos días después, el viernes, según la información publicada por El Siglo de Torreón, se envió una circular firmada por el secretario Mery a todas las direcciones y departamentos municipales en la que se ordenaba a sus titulares que "por ningún motivo y sin excepción, se den declaraciones a los medios de comunicación". En el documento se establece además que "cualquier petición o necesidad de los mismos como entrevistas, aclaraciones sobre algún tema en particular, favor de coordinarse con su servidor para darle atención''.
Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, Omar Gutiérrez de Anda, consideró que "es importante que la administración se mantenga abierta, que no tenga nada que esconder, al contrario, que la información sea transparente". Y pidió que el silenciamiento del gabinete municipal no fuera permanente.
Este "cállense" a los funcionarios por parte de la administración de Olmos Castro es un decisión que no sólo pone en entredicho la capacidad de las personas escogidas por el alcalde para encabezar los distintos departamentos municipales, sino que también relega el papel de la Dirección de Comunicación Social, la cual, se supone, debería coordinar las acciones de la Presidencia en materia de información hacia los medios de comunicación y la ciudadanía.
Pero no es todo. El hecho de concentrar la facultad de emitir declaraciones en la figura del secretario del Ayuntamiento, cuyo cargo implica ya de por sí múltiples tareas, representa, por una parte, someterlo a un desgaste innecesario y, por otra, dificultar el acceso a la información, ya que es prácticamente imposible que una sola persona tenga el conocimiento de todas y cada una de las acciones de la administración municipal, por lo que, ante cualquier cuestionamiento, tendrá que informarse primero con el encargado del área sobre el tema particular para luego dar respuesta a los medios de comunicación.
Parece que el alcalde no cree que sus colaboradores tengan la capacidad para responder a las preguntas formuladas en torno a sus responsabilidades. Pero, si no confía en ellos, al menos en ese aspecto, ¿por qué los puso en donde están? Se supone que, de acuerdo a las declaraciones que el mismo Olmos ha hecho, las personas que encabezan las direcciones municipales son las que mayor conocimiento tienen del área que les corresponde y, por lo tanto, las que mejor información podrían proporcionar al respecto. Entonces ¿por qué taparles la boca?
Los ciudadanos no somos ingenuos. El pago de favores, el "amiguismo" y las imposiciones partidistas son criterios que aquí, como en todo el país, pesan mucho más que la capacidad y el conocimiento a la hora de escoger colaboradores. Y lo anterior tiene sus consecuencias. Ahí está el caso del DIF.
Hay que ver hasta cuándo soporta el secretario del Ayuntamiento haciendo las veces de vocero de todas las dependencias municipales. Y hay que ver cuánto tiempo aguantan calladitos todos los nuevos funcionarios. Francamente, no creo que mucho.
DAÑO AL MUNICIPIO
Uno de los principales reclamos por parte de la actual administración priista a su antecesora panista es lo relacionado a las condiciones físicas en las que encontraron las oficinas del Ayuntamiento y sus dependencias. Suciedad, amontonamiento de mobiliario, falta de expedientes y descompostura de parque vehicular y equipo de cómputo, son los principales señalamientos.
Lo anterior no sólo habla de la irresponsabilidad de las personas que estaban encargadas de esas oficinas y de su falta de respeto por la institución para la que trabajaban, sino que, sobre todo, representa un daño al patrimonio del Municipio, el cual deberá ser subsanado con recursos del erario, es decir, con el dinero de nosotros los ciudadanos.
