La inseguridad que padece México desde hace algunos años está llevando a muchos ciudadanos a instrumentar alternativas de protección individual que, sin resolver el problema, son medidas desesperadas para paliar la incapacidad de los diferentes niveles de gobierno de cumplir con su obligación primaria de proteger la integridad de las personas y su patrimonio.
Desde el punto de vista económico, esas medidas están provocando una distorsión en la asignación de recursos, canalizados en forma ineficiente a la atención de una problemática que, por su propia naturaleza, no puede ser resuelta con esfuerzos privados.
En efecto, la protección que el Estado está obligado a brindar a los habitantes de su territorio es, desde el punto de vista económico, un bien público. Esto es así porque el “consumo” de “seguridad pública” que realiza cada persona no disminuye el acceso a ese bien por parte de otras personas, así como por el hecho de que nadie puede ser excluido de consumirlo.
La seguridad pública que el Estado está obligado a proporcionar incluye el servicio de policía para proteger a los individuos.
Entre mayor seguridad pública exista, mayor será la seguridad personal.
En México, sin embargo, la prestación de este servicio esencial es deficiente y, por ello, una causa de la creciente inseguridad. Ante esta falla, muchos han optado por invertir recursos para contar, al menos, con seguridad en sus hogares y empresas.
No obstante, es imposible que la seguridad privada se traduzca automáticamente en seguridad pública. En el extremo, aún cuando cada persona en el país pudiera contar con su propia seguridad privada, esto no daría como resultado que todos los habitantes del país tuvieran seguridad pública.
La razón es sencilla y tiene que ver con lo que en economía llamamos falacia de composición.
Esto es, lo que es cierto para las partes no necesariamente es cierto para el todo.
La seguridad individual no puede convertirse en seguridad pública porque existen muchos espacios públicos, como calles, parques, carreteras, espacio aéreo, etc., que por ser áreas comunes no pueden estar bajo la protección de alguien, en particular. En consecuencia, aunque uno o más individuos puedan dotarse de su propia seguridad personal, ésta queda confinada en sus domicilios y empresas. Por eso es que el Estado tiene que asumir su responsabilidad de proteger a todos los habitantes.
Un caso dramático que muestra el contraste entre seguridad pública y privada fue el de las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York. Este complejo de edificios contaba con su sistema de seguridad privada muy estricta, especialmente después del atentado del 26 de febrero de 1993 en uno de sus sótanos que cobró la vida de 6 personas y lesionó a cerca de otras mil.
Por otra parte, para 2001 la ciudad de Nueva York había logrado una mejoría substancial en materia de seguridad pública, gracias a la gestión de su alcalde Rudolph Giuliani, convirtiéndola en una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, según el FBI. En este sentido, tanto las torres gemelas como la ciudad de Nueva York, contaban con un alto grado de seguridad.
Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar la catástrofe del 11 de septiembre de 2001, cuando las torres delWorld Trade Center fueron atacadas y derribadas por dos aviones comerciales.
¿Por qué? Básicamente por dos fallas en la seguridad pública federal, más allá de la del complejo de edificios y la de la ciudad.
La primera falla fue en la seguridad de las aeronaves, secuestradas por los terroristas.
La segunda falla fue en la seguridad del espacio aéreo estadounidense, que no pudo ser resguardado para evitar el vuelo sobre Nueva York de los aviones utilizados por los secuestradores como misiles en contra de las torres, causando la muerte registrada de más de 2 mil setecientas personas.
Este saldo trágico revela en forma bastante cruda las limitaciones que tiene la seguridad privada cuando hay también inseguridad pública. En México, dolorosamente, estamos comprobándolo a diario.
La pérdida total o parcial de muchos patrimonios, la privación de la libertad por actos delictivos y hasta la muerte de personas inocentes en circunstancias desafortunadas, son pruebas claras del vía crucis que se ha vuelto cotidiano para toda la población en nuestro país.
En un clima así de inseguridad pública, no hay forma en que la seguridad privada pueda proteger plenamente aún a aquellos que invierten en ella.
Este es un camino equivocado a la seguridad.
Es urgente, por tanto, el reclamo que los ciudadanos tenemos que hacerle a nuestros gobernantes para que dediquen menos tiempo a la retórica y más a las acciones que les permitan cumplir su tarea primordial de proveer el bien público de la seguridad para las personas y sus propiedades.
