En lo que constituye una extensión más de la alfombra roja que el Gobierno le tiende a los Estados Unidos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está en vías de alargar durante seis meses más el llamado Proyecto Demostrativo que permite el ingreso de camiones de carga de ese país.
La prórroga, cobijada, quizá, como uno más de los eventos para conmemorar el Bicentenario del inicio de la lucha por la Independencia nacional, alcanzaría hasta el 28 de febrero del año próximo, con la novedad de que, planteado el ejercicio como preámbulo para la apertura total de las fronteras de uno y otro países, la reciprocidad es letra muerta.
Como usted sabe, la Casa Blanca suspendió casi a la llegada de su nuevo huésped, Barack Obama, la posibilidad para los camiones mexicanos, lo que obligó al Gobierno a tomar represalias, por más que éstas se ubicaron casi en el plano simbólico.
Estamos hablando de imponer una serie de aranceles o impuestos de importación a un conjunto de productos de poca o nula demanda en el país.
Digamos que mientras las puertas de la nación de allende el Bravo permanecen cerradas a la posibilidad de cruzarlas, las nuestras se abren de par en par.
Naturalmente, la intención de la dependencia encabezada por Juan Molinar Horcasitas ha provocado reclamos airados de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, a los que la autoridad ha puesto oídos de artillero.
La protesta se ha planteado en tres misivas dirigidas al titular de la dependencia, alegando, naturalmente, el incumplimiento de la regla de oro del comercio exterior, es decir, la reciprocidad.
Como recordará usted, en el escenario de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos se comprometió a abrir la posibilidad del transporte de carga, primero en un plano transfronterizo, y luego total.
Los camiones mexicanos cruzarían del río Grande -Bravo para usted y yo- hasta el último rincón de Canadá... en tanto los de Estados Unidos podrían llegar hasta El Suchiate.
La primera etapa se abriría en 1996, es decir, dos años después de la entrada en vigor del TLCAN.
El caso es que transcurrido el plazo, el gobierno de William (Bill) Clinton se rajó, lo que obligó a México a promover la instalación de un panel de solución de controversias, quien le daría la razón. El hecho es que ni así.
El alegato hablaba de que los camiones mexicanos no empataban con las especificaciones de las normas de seguridad de Estados Unidos; que nuestros operarios no sabían hablar inglés; que desconocían las reglas mínimas de tránsito; que las unidades contaminaban...
De hecho, debieron transcurrir 11 largos años para que al fin el país de allende el Bravo se dignara sentarse a una mesa de negociaciones, de la que surgiría la idea de una suerte de experimento inicial, bajo el nombre de Programa Demostrativo.
Las reglas hablaban de un año de vigencia a partir del 27 de abril de 2007, con la posibilidad de inscribir a 100 empresas.
La paradoja del caso es que mientras Estados Unidos inscribió a 104 firmas, es decir, cuatro más de las permitidas, México sólo logró reunir a 28, dada que la mayoría del sector trabaja bajo esquemas de hombre-camión y, naturalmente, no podía cumplir la cascada de requisitos planteados.
El caso es que al año, bajo el argumento de que el tiempo no era aún suficiente, se prolongó el experimento hasta 2010, con la novedad de que ahora no habría límite para inscribir empresas.
Sin embargo, el 18 de marzo del año pasado, sorpresivamente Estados Unidos canceló unilateralmente su compromiso, alegando la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de una Ley Omnibus de Asignaciones que le prohibía al Departamento de Transportes utilizar Fondos para mantener vivo el programa.
México, decíamos, respondió con una serie de represalias comerciales que provocaron la sonrisa del Tío Sam, por más que no hubo cancelación por parte nuestra, es decir, los camiones de allá seguirían entrando como Juan por su casa.
Según ello se trataba de una "estrategia" para mantener abierta la posibilidad de un hipotético regreso a la reciprocidad.
Lo inaudito del caso es que hoy, 18 meses después de la cancelación unilateral, el Gobierno quiere seguir mostrando su debilidad.
Lo grave del asunto es que la inaudita medida de alargar la alfombra llega justo a unos días de que el país concedió, también unilateralmente, aceptar como válidas las normas de Estados Unidos en materia de mercancías clasificadas como eléctricas y electrónicas, lo que implica que la revisión realizada en allende el Bravo será válida para nosotros.
A quién le importa que se inunden las bodegas de productos chinos.
La alternativa, naturalmente, acabó con las empresas de normalización y verificación del país. ¿Viva la Independencia Mexicana?
BALANCE GENERAL
¿A quién le cree usted?
Ayer el Grupo ICA asumió el control del Consejo de Administración de una serie de empresas pertenecientes al Grupo Mall Empresarial de capital español, ante lo que califica de incumplimiento reiterado en el pago de contratos de obra.
Las firmas construyen un megaproyecto turístico en Campeche, integrado en el papel por sitios de playa, campo de golf, una marina y una serie de departamentos de lujo.
Del otro lado de la moneda, empero, la desarrolladora ibérica sostiene que el asunto es al revés, es decir, que es la constructora mexicana, encabezada por Bernardo Quintana Isaac, es quien le debe dinero, "por reiterados y sistemáticos incumplimientos de los contratos de obras".
El caso es que existe una serie de demandas ante la Procuraduría Federal del Consumidor contra la firma española por incumplimiento en la entrega de departamentos del complejo que se llamaría Esmeralda Resort.
Los inconformes son matrimonios europeos que colocaron en la mesa 11 millones de dólares para garantizar un nidito para su retiro en el paraíso campechano. Saque usted sus conclusiones.
OTRA DE MEX LUB
Ahora resulta que la firma Mexicana de Lubricantes, en cuyo capital participa como socio minoritario en un 47% Petróleos Mexicanos, ha creado una serie de filiales, entre ellas una denominada Organización 15, para participar en licitaciones públicas, lo mismo convocadas por la Comisión Federal de Electricidad que por el Gobierno capitalino.
De hecho, el seis de abril del año pasado ganó un concurso para suministrar aceite aislante a la paraestatal, y el 18 de mayo de este 2010 otro para suministro, en este caso, de aceite lubricante para cilindros.
El asunto, naturalmente, no tendría nada de extraño, de no ser por un detallito: la compañía enmascara sus filiales para evitar convidarle de las ganancias a su socio.
De hecho, no aparecen las firmas en los estados financieros.
El descubrimiento provocó un nuevo roce con la empresa pública, en un escenario en que la firma estaba intentando el borrón y cuenta nueva frente a un marco de 46 litigios cruzados.
