Defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes urgieron hoy a la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, que frene la entrada en vigor de una ley antiinmigrante en Arizona.
Si la gobernadora Jan Brewer no veta la ley SB1070, que ya fue aprobada por ambas cámaras estatales, Arizona se convertirá en el primer estado en criminalizar la presencia ilegal de las personas, señalaron.
Además esa medida permitiría que la policía aplique la ley federal de inmigración si sospecha que la persona es indocumentada, advirtieron.
'La ley SB 1070 en caso de entrar en vigor tendrá duras consecuencias fiscales, económicas y de seguridad pública para Arizona y todos sus residentes', dijo el presidente del Fondo Mexicano-Estadunidense para la Defensa Legal y la Educación, Thomas Sáenz.
'Esta ley anticonstitucional puede afectar adversamente la aplicación de la ley federal al alterar las prioridades de su aplicación y limitaría los recursos', indicó.
'Corresponde por lo tanto a la secretaria Napolitano y al Departamento de Seguridad Interna que indiquen claramente la oposición del gobierno federal a la ley SB 1070 y se comprometa a no alterar prácticas federales y a no cooperar con la instrumentación de esta draconiana ley', agregó.
La directora de Rights Working Group, Margaret Huang, afirmó que 'esa ley es la conclusión de un largo proceso en el que se ha transferido a los estados la aplicación de leyes federales de inmigración y ha creado un ambiente propicio' para detenciones basadas en la apariencia de la persona.
Gustavo Andrade, de las organizaciones Casa de Maryland y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), sostuvo por su parte que las comunidades inmigrantes del país están 'bajo asedio'.
Recordó que el presidente estadunidense Barack Obama prometió una reforma migratoria este año, pero su administración 'ha desatado un reino racial del terror sobre la comunidad latina', por lo que pidió que muestre su 'liderazgo y valentía moral' para frenar esa ley.
La embajada de México indicó en fecha reciente en un comunicado que 've con gran preocupación los efectos potencialmente graves que para sus nacionales pudiera acarrear en materia de derechos civiles la aprobación definitiva de ciertas iniciativas de ley, como la SB 1070'.
'Como lo han indicado distintas organizaciones nacionales defensoras de los derechos de los migrantes y de los latinos, las iniciativas que se limitan a criminalizar el fenómeno migratorio crean espacios para la aplicación indebida de la ley en función del perfil racial', señaló.
'México observa además con inquietud los posibles efectos negativos que, de aprobarse, podría tener esta medida en el desarrollo de los lazos amistosos, comerciales, turísticos y culturales que por generaciones han caracterizado a la relación de México con Arizona', agregó.
Indicó que el gobierno mexicano seguirá brindando la asistencia y protección que requieran los mexicanos a través de su red consular 'para garantizar el debido respeto y ejercicio de sus derechos fundamentales, indistintamente de su estatus migratorio'.
El senador republicano John McCain, quien en el pasado impulsó una reforma migratoria integral con el ahora fallecido colega demócrata Edward Kennedy, también ha enfrentado críticas de grupos pro inmigrantes por apoyar la ley de Arizona.
Gabe González, del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa, criticó a McCain no sólo por apoyar la propuesta de Arizona, sino por la posibilidad de que obstruya un proyecto de reforma migratoria bipartidista en el Senado en caso de que no se refuerce el control fronterizo.
