La vicecoordinadora del PVEM en la Cámara de Diputados, Adriana Sarur Torre, dijo que el delito de secuestro, el más grave que se comete en México, obliga a que el Congreso acelere sus acciones para enviar al Ejecutivo leyes efectivas contra quienes privan de su libertad a las personas, las mutilan, asesinan, a la vez de que exigen rescates y aplican tortura psicológica a sus familiares.
En entrevista, expresó su convicción de que al reabrirse a sesiones el pleno de la Cámara de Diputados uno de los primeros temas que puedan ser puestos a votación será la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
Refirió que en su última sesión de abril, el Senado aprobó esta legislación que reglamenta la facultad del Congreso de emitir leyes en materia de secuestro, y que es parte las reformas puestas en marcha como reacción a la ola criminal que golpea a la sociedad.
Señaló que la bancada del PVEM impulsará en comisiones la aprobación del tema, ya que tipifica los delitos, establece penas de hasta 50 años de prisión, además de que prevé múltiples reformas a la legislación penal que deben procesarse, a fin de que el cambio sea integral.
Destacó que la ley fija sanciones más severas a servidores o ex servidores públicos que participen en secuestros, además de que incluye un sistema de protección a testigos y autoriza al Ministerio Público Federal a intervenir conversaciones telefónicas privadas.
La legisladora Sarur Torre, quien es secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, subrayó que la reparación del daño causado a la víctima y el Fondo para la Atención de Víctimas del Secuestro, representan disposiciones de gran importancia para la causa de la justicia a los ofendidos. Esta legislación es un beneficio legislativo que obtienen los ciudadanos, expresó.
En la atención a Víctimas del Secuestro deberán considerarse los apoyos médicos y sicológico, al igual que jurídico.
En las investigaciones que lleve a cabo la PGR se podrán dictar medidas precautorias en protección de la vida y la integridad física de víctimas y familiares.
Además, las unidades especiales de investigación de secuestros tendrán la facultad de asesorar a los familiares en negociaciones.
Sarur dijo que cuando la Cámara de Diputados apruebe la Ley General contra el Secuestro, el fondo de atención a víctimas podrá integrarse en el presupuesto de 2011, en el rubro de la PGR, y de manera adicional se podrán agregar recursos de la enajenación de bienes decomisados, abandonados o que resulten de la extinción de dominio.
La Ley General contra el Secuestro establece que la reparación del daño se haga con cargo a recursos obtenidos la extinción de dominio de bienes en poder de los delincuentes, así como de las sentencias que dicten los jueces.
En la reparación del daño se incluirán gastos de alimentación, transporte, hospedaje que con motivo del procedimiento penal realicen las víctimas del secuestro.
La tarea legislativa contra el secuestro, dijo Sarur, también contempla reformar el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
