El "Gobierno de la Gente" tuvo una dura lección sobre lo que ocurre cuando las cosas se hacen a escondidas. El reclamo de "ipecos" del Estado al gober Humberto Moreira sobre la extensión del Impuesto sobre Nóminas a las prestaciones, que en esencia significa subir impuestos en tiempos de crisis, agarró desprevenidos a las huestes del Gober, quien rápidamente movilizó a alcaldes y secretarios para aplacar a los grupos empresariales. Por más que el secretario de Finanzas, Javier Villarreal, intentó explicar que la reforma al ISN en realidad cerraba una laguna fiscal, el argumento no tuvo peso ante lo que se consideró como un doble discurso del Gobierno Estatal, que por un lado cuestionaba el aumento de impuestos federales y por el otro los subía en Coahuila.
Todo el problema fue porque los curulecos del Congreso local, siguiendo los dictados del Palacio Rosa, hicieron la reforma “a la sorda” y sin avisar, pues al parecer nadie se acordó de la necesidad de operar esto con los empresarios. El enojo le dio una bandera al PAN, lo cual hizo que el Gobierno Estatal reculara (significa echarse para atrás, no piense usted otra cosa) y don Javier se pusiera a trabajar horas extra para encontrar un esquema que revocara la extensión del ISN. Al final los empresarios salieron ganones, no sólo con los Certificados de Promoción Fiscal con los que quedan libres de pagar más, sino también con exenciones del ISN a nuevas plazas de trabajo. En Torreón, dirigentes empresariales ya preparaban una conferencia para lanzarse contra el Gober cuando recibieron la llamada de la peronera capital sobre el nuevo esquema e inmediatamente cambiaron el tono para declararse encantados con la idea. Con esto, don Humberto se anotó puntos a favor al aparecer como sensible a los reclamos y dispuesto a rectificar. Tras el episodio, nuestros subagentes reportan que algunos empresarios se quedaron con la idea de que el borlote fue en realidad un montaje diseñado para lanzar el aumento del impuesto, anticipar la furiosa reacción y luego dar marcha atrás para quedar bien con los “ipecos”. ¿Será?
Tras la polémica sobre su ausencia en Torreón durante los hechos violentos de la semana pasada, el gober Humberto Moreira se apersonó el lunes para lanzar un plan contra la inseguridad que plantea, además de la respuesta policiaca, acciones de corte social y económico para hacer frente al problema de la delincuencia. La idea de ofrecer estímulos al empleo y rescatar espacios públicos es el componente que faltaba para un combate integral a la inseguridad, pues este aspecto había recibido escasa atención. Por ejemplo, reportan nuestros subagentes, la Secretaría de Desarrollo Social federal tiene presupuestos para programas de recuperación de plazas y espacios deportivos que nadie ha tocado en los últimos dos años. Hasta ahora ha quedado demostrado que la simple presencia policiaca no ha resuelto el problema de la inseguridad y las nuevas estrategias son bienvenidas, aunque bastante chamba tendrá el alcalde Eduardo Olmos si este plan de veras va en serio. Podría empezar por el Poniente de Torreón, la zona más violenta de la ciudad, donde los principales espacios públicos, el Parque Fundadores y la Casa del Cerro, llevan más de un año cerrados y por ahí se dice que en el DIF contemplan cerrar un centro en la colonia Compresora. La disyuntiva es simple: dejar que la delincuencia le gane los espacios a la ciudad o hacer que la ciudad arrebate esos espacios a la delincuencia. Veremos qué hace nuestro flamante alcalde.
El nuevo tesorero de Torreón, Pablo Chávez Rosique, ya se llevó su prueba de fuego que incluyó un severo regaño de parte del alcalde Eduardo Olmos, por el retraso en el pago de la segunda quincena de enero a los trabajadores municipales. Nuestros subagentes reportan que don Pablo, con “ansias de novillero” (como diría el alcalde) quiso hacer cosas buenas que le salieron malas. En concreto, buscó entrarle a revisar la nómina municipal para verificar que no hubiera “aviadores” y para hacerlo insistió en que los sueldos no se pagaran mediante depósito bancario, sino que él firmaría los cheques. Por supuesto que firmar unos dos mil cheques fue demasiado para el encargado de las arcas municipales, con lo cual cientos de empleados se quedaron sin la quincena y, como se vino el puente, estuvieron tres días sin “chivo”. El tropiezo de don Pablo fue tan grande que hasta el líder del principal sindicato municipal, Luis Carlos Fournier, salió con que extrañaban la Administración de José Ángel Pérez al declarar que la de don Lalo había salido peor. De ahí el regaño del alcalde al tesorero, al que también hicieron “bola” el contralor Lauro Villarreal y el director de Servicios Generales, Xavier Herrera, al grito de “péguenle al negro”. (Sin ánimos discriminatorios.)
Entre los detalles que han salido en las obras de “rescate” de Torreón hay algo sospechoso en el arreglo del pavimento en el bulevar Independencia. Al reportar que las rayas de carriles y pasos peatonales recién pintadas se empezaron a borrar en menos de una semana. Nuestros subagentes comentan que hay un “arreglo” para optar por una pintura que no parece durar mucho. Las malas lenguas señalan que esto es intencional, para que se realicen constantemente trabajos de repintado o limpieza, pues hay un jugoso contrato de por medio en el que estarían metidos funcionarios de la subsecretaría de Obras Públicas que comanda Gerardo Berlanga. También serviría para dar la impresión de que el “Gobierno de la Gente” trabaja más aún cuando no haya necesidad. ¿Serían capaces de hacer semejante cosa? Como que no se cree.
El panista lagunero transplantado a la capirucha del esmog, Rogelio Carbajal, agarró nuevo “hueso” federal como subsecretario de la Función Pública. Don Rogelio, quien empezó su carrera en las juventudes blanquiazules hasta llegar a diputado y secretario general del PAN nacional, es uno de los consentidos del Presidente Felipe Calderón, de quien fue secretario particular. Pero mientras la mayoría de los nombramientos de subsecretarios pasan desapercibidos, éste no fue el caso y en algunos corrillos políticos los mal pensados ya sospechan que la llegada de un miembro del círculo presidencial a un puesto de fiscalización significaría darle un tinte político-electoral a las investigaciones sobre uso de recursos federales.
La alianza PAN-PRD-PT-Convergencia en Durango ya empezó a mostrar fricciones en su operación interna. Nuestros subagentes comentan que tras bambalinas en el mitin organizado en Gómez Palacio el sábado pasado, donde estuvo el senador Santiago Creel, hubo broncas entre los equipos del candidato a la gubernatura, José Rosas Aispuro, los del PAN municipal y los del PRD municipal sobre el manejo de la publicidad y otros aspectos de la organización. Tal parece que los operadores no han establecido la forma en que se va a proyectar la alianza y ni siquiera han podido producir una identidad gráfica, un mensaje o áreas de responsabilidad. Se dice que más de un “aliancista” se quedó sorprendido cuando don Santiago dijo que la coalición tenía un proyecto de gobierno para Durango, cuando es que ese proyecto no existe porque nadie se ha puesto de acuerdo para hacerlo. Y es que si bien en la superficie la alianza aparenta solidez, el diablo está en los detalles y es ahí donde la coalición puede hacer agua con la consecuencia de dejar a don José “chupando faros”.
