La administración del alcalde Eduardo Olmos ya aplicó su primer aumento al transporte público, en una medida que se consideraba necesaria para elevar la diferencia entre el precio que cobran los concesionarios que le entraron al proyecto de modernización y los que se quedaron con sus viejas “cafeteras”. Sin embargo, es un golpe para los usuarios que en estos tiempos de crisis no están para aumentos, y aquí es donde resultó notoria la contradicción en el PRI municipal que no dijo ni pío ante el alza de tarifas. Nada salió de la boca del jefazo del tricolor municipal, Salvador Hernández Vélez ni de sus huestes. El único que brincó por ahí fue el veterano líder, Mario Cepeda, pero a toro pasado pues su condena llegó días después de aplicado, por lo que fue más bien una declaración decorativa para quedar bien.
La actitud del PRI contrasta con las posturas tomadas por el tricolor en la pasada administración municipal, cuando se oponían a cualquier aumento en los servicios públicos y los dirigentes, desde el hermano cómodo Rubén Moreira para abajo, repetían la cantaleta de que todo estaba más caro en Torreón que en Saltillo. Ese discurso pasó a mejor vida con el regreso del PRI al poder municipal y ahora nadie quiere hacer escándalo. Sin embargo, hay que reconocer que la administración de don Lalo rechazó desmantelar el proyecto de modernización del transporte que dejó encaminado José Ángel Pérez y optó por darle seguimiento, aunque duela a viejos priistas.
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Finalmente entró en vigor el Sistema de Administración Tributaria de Coahuila (Satec), el invento del gober Humberto Moreira para consolidar en una sola dependencia todos los ingresos del Estado. El Satec estaba contemplado para arrancar el 15 de julio, pero la movilización de funcionarios estatales por la tormenta “Alex” pospuso los relevos que había planeado don Humberto en función del paso de Javier Villarreal de la Secretaría de Finanzas a la flamante dependencia. Don Javier queda como el “zar” de los dineros estatales, controlando no sólo los ingresos que captaba Finanzas sino también los que llegaban por otras áreas, como la promotora inmobiliaria del Estado y el área de minería. Mediante el Satec, don Javier también podrá ejercer control sobre las finanzas de los municipios pequeños que podrían transferir sus cobros de impuestos al nuevo organismo. Sin embargo, nuestros subagentes disfrazados de cajeros, apuntan que en Torreón el experimento podría dar pie a grillas desagradables entre los encargados del organismo, que son grillos profesionales y consentidos del gober Moreira. Por un lado, José Antonio García Triana se mantiene como Recaudador de Rentas, pero arriba tendrá al coordinador regional del Satec, Mario Domínguez Zerboni, el funcionario cuyo mayor logro como director de Pensiones del Municipio fue duplicarse el sueldo apenas llegó al cargo. Si bien está difícil que don Mario vaya a repetir la dosis en su nueva chamba, el problema tendrá que ver con las jerarquías y el posible empalme de funciones. La cuestión es que ambos presumen cercanía en el corazón de don Humberto. Don Pepe se apoya en relaciones familiares que lo vinculan al gober del Edomex, Enrique “El Gavioto” Peña Nieto, mientras que don Mario es padre de Mario Domm, uno de los cantantes preferidos del gober. Así las cosas, el nuevo jefazo del Satec tendrá que estar muy atento a las grillas entre ambos personajes, que como arriba decimos, son grillos profesionales y van a ejercer su profesión.
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¿Qué tienen en común Raúl Salinas de Gortari, Carlos Ahumada, Mario Villanueva, Mario Ruiz Massieu y el gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras? Todos tienen o han tenido como abogado a Juan Collado, (especialista como la Virgen del Sagrado Corazón, en casos difíciles y desesperados) para que los represente en una variedad de escándalos que han dado mucho de que hablar en el país desde hace más de una década. Recientemente, don Ismael contrató los servicios del reconocido penalista para que le llevara la demanda por daño moral que puso contra el ex candidato “aliancero” a la gubernatura, José Rosas Aispuro. Pero al hacerlo entró en un club muy selecto de personajes notorios por los casos de corrupción, lavado de dinero o asesinato en que se han visto envueltos. Pero a lo mejor eso es lo que se necesitaba porque, parafraseando a uno de los clientes de don Juan, Mario Ruiz Massieu, en Durango los demonios andan sueltos.
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Y hablando de Durango, si alguien ha visto al gober electo, Jorge Herrera Caldera, díganle que notifique a las autoridades, no lo vayan a dar por desaparecido. Y es que don Jorge ha estado muy callado en las últimas semanas, sobre todo frente a los escándalos destapados en el Cereso de Gómez Palacio y otras lindezas en el campo de la seguridad, por no mencionar todos los otros campos, pues fuera de una entrevista con uno de nuestros subagentes, el gober electo no ha enseñado la cabeza (ni lo de debajo de la cabeza). Se dice que don Jorge anda preparando su equipo de trabajo, pero la situación es tan hermética que hasta ahora no se menciona nada y nuestros subagentes no han podido “hackear” su computadora para ver las listas. Don Jorge tampoco ha dado muestras de nerviosismo ante la impugnación que hizo la alianza opositora. Para los próximos días se espera el fallo del Tribunal Electoral del Estado, pero ahí está cantado que los magistrados van a sostener el triunfo del priista por instrucciones superiores. Pero esto no es del todo una buena noticia para el gober electo, pues si el tribunal estatal no sustenta bien el fallo para desechar la impugnación, sería una arma más de los opositores cuando vayan al tribunal federal, donde los magistrados podrían echar abajo la elección. Todo sea por la defensa de la sagrada nómina, don Jorge.
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El director de Obras Públicas del Municipio, Arturo Lozano, debe ser fiel creyente en aquello de que más vale pedir perdón que pedir permiso. Y es que don Arturo tiene el hábito de arrancar obras sin decir agua va y luego justificarse cuando empiezan los reclamos. Así sucedió con la remodelación de la Plaza de Armas, que Obras Públicas arrancó sin avisar y ya se topa con críticas del gremio de arquitectos. Pero además, nuestros subagentes no están tan seguros de que don Arturo cuente con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que debe aprobar cualquier modificación al patrimonio histórico y de hecho ya ha regañado a algunas autoridades locales por meterle mano a edificios sin permiso. El jefazo de Obras Públicas jura y perjura que tiene los permisos correspondientes, aunque se niega a mostrar los papeles y quiere que se confíe en su palabra. Sin embargo, los subagentes sospechan que en realidad don Arturo no tiene la autorización del INAH y se hace pato con eso de enseñar el documento en lo que le dan el permiso. De otra manera no se explica su negativa a mostrar el papelito. Esto de la burocracia parecerá asunto menor, pero todavía estamos por ver el día en que las autoridades, para variar, hagan las cosas en orden y como Dios manda.
