En las corporaciones policiacas del Estado y del Municipio ha llamado la atención el hecho de que los recién llegados agentes de la Policía Federal no se han incorporado a sus operativos, sino que se mueven a su aire, en “investigaciones especiales”, y sólo entrarían como apoyo de policías locales cuando se ofrezca, a diferencia de ocasiones anteriores cuando participaban en operativos conjuntos. Esta noticia no cayó nada bien en la Fiscalía General del Estado o en la Policía de Torreón, donde los muchachos del Fiscal Jesús Torres Charles y del General Carlos Bibiano Villa esperaban apoyarse en los federales para bajarle a los delitos del fuero común, principalmente robos y asaltos. Pero hasta ahora, los delitos siguen a todo lo que dan y sin visos de bajar.
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A todo esto, los ires y venires de los agentes de la Policía Federal son desconocidos por en el mundillo policiaco local, pues nadie sabe todavía qué están haciendo los elementos de Genaro García Luna, quienes son bastante reservados sobre sus objetivos y acciones, no vaya a ser que por ahí se filtren cosas, lo que revela una falta de confianza entre los cuerpos de seguridad. Esto ha generado el rumor de que una de las tareas de la Policía Federal en La Laguna será la de limpiar policías locales. ¿Será?
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Mientras aquí se espera el fallo del Tribunal de Circuito en el litigio entre el Municipio de Torreón y PASA, nuestros subagentes en Cuernavaca reportan una situación interesante que involucra a la empresa recolectora de basura. Resulta que el alcalde de Cuernavaca, el priista Manuel Martínez Garrigós, de sus pistolas decidió retener el pago de dieciséis millones de pesillos a PASA por el servicio de limpieza, por lo que la empresa suspendió la recolección de basura desde hace tres semanas. Se dice que don Manuel quiere hacer negocio con la recolección de basura, por lo que desde su campaña la agarró contra PASA. Pero lo relevante en estos lares es que el desplante del alcalde de Cuernavaca permitiría al de aquí, Eduardo Olmos, “apalancarse” en una negociación con la empresa regiomontana ahora que el Tribunal decida si el Municipio puede licitar el servicio, o si debe extenderle a PASA el leonino contrato que data de 1994. El Municipio espera que el Tribunal se incline por lo primero, pero en cualquier caso, el arma a utilizar sería retener los pagos para forzar una negociación con PASA, calculando que la empresa no puede arriesgarse a tener problemas en dos ciudades al mismo tiempo. El hecho de que PASA tenga conflictos en dos ciudades importantes dice mucho sobre la empresa y arroja dudas sobre su buena disposición para colaborar con las autoridades donde presta servicios. Pero también es cierto que el Municipio debe andarse a tientas en sus estrategias de negociación, pues PASA puede meter en aprietos a la ciudad si decide dejar de recoger la basura. Ya lo hicieron en Cuernavaca, que pasó de “ciudad de la eterna primavera” a “ciudad del eterno basurero”, y Torreón tiene una propensión muy grande a la poca limpieza.
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En el cuartel de la alcaldesa electa de Gómez Palacio, Rocío Rebollo, ya salió humo blanco en la designación del próximo director de Obras Públicas. Nuestros subagentes reportan que el suertudo fue José Betancourt, maestro de ingeniería en la UJED y, para más señas, elemento de toda la confianza del clan Herrera. Don José fue contratista consentido en la administración municipal de Leticia Herrera, cuando hizo obras para Sideapa que resaltaron por su mala calidad. En la administración de Octaviano Rendón se encargó de la supervisión del auditorio Centenario que a tres años de inaugurado ha tenido desprendimientos, goteras e inundaciones, además de que la obra se entregó con una discrepancia de veinte millones de pesillos entre el costo proyectado y lo que se terminó pagando. Dicen que el ingeniero ya entra y sale de la dirección de Obras Públicas como Pedro por su casa y ha desplazado al todavía director, Luis Lara de la Cerda, lo cual también resulta fácil porque don Luis apenas está enterado de lo que pasa en su oficina.
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En los pasillos del edificio del PRI en Torreón se comenta un creciente descontento de los dirigentes y las bases tricolores con el alcalde Eduardo Olmos, pues en ocho meses de su administración ha tenido tal alejamiento del partido que ni siquiera se para en sus eventos. Se dice que esta situación no tiene muy contento al jefazo estatal y hermano cómodo Rubén Moreira, ni al dirigente municipal, Salvador Hernández Vélez. Las malas lenguas dicen que es paradójico que el ex alcalde José Ángel Pérez haya ayudado al PRI a regresar al poder, pero que don Lalo no ayuda para que permanezca. Nuestros subagentes reportan que a los funcionarios municipales les tiene sin cuidado las peticiones que emanan del partido y esto se atribuye en buena medida a que don Lalo y don Chava no se llevan para nada y se grillan constantemente. Esta situación se contrapone a los objetivos que don Rubén tiene para el PRI de Torreón, que, según los subagentes, es sacar hasta ciento setenta mil votos en el municipio en la elección del año que entra, cuarenta mil más que los obtenidos por don Lalo el año pasado. Pero las huestes tricolores se preguntan cómo le van a hacer, cuando la administración municipal no ha realizado una labor de vinculación con el partido y, por el contrario, se dice que en lugar de ayudar ha estorbado. De ahí que algunos piensen que la meta de don Rubén en esas condiciones, es un sueño guajiro.
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Y hablando de votos, el tema de la proliferación de autos sin placas amenaza con convertirse en un asunto electoral debido al creciente poder que han obtenido las agrupaciones defensoras de autos “chocolates”. Una de las razones por las que el Municipio reculó (en el buen sentido de la palabra) para aplicar la mano dura a los autos de procedencia extranjera o con engomados de Onappafa, es porque no quieren hacer enojar a la organización de vividores que convirtieron la violación de la ley en un jugoso botín. De ahí que los dirigentes “onappafos” hayan aplaudido con ganas el operativo municipal contra autos sin placas una vez que les dieron garantías de que no los van a tocar ni con el pétalo de una infracción. La Onappafa o sus derivados aglutinan a más de treinta mil personas y han ampliado su base no sólo a dueños de autos extranjeros, sino también de vehículos nacionales que no quieren sacar placas y se amparan en los engomados que no deberían tener ninguna validez. Y claro que en el PRI le ven amplia rentabilidad a mantener contenta a una organización que les puede dar treinta mil votos, pues hay elecciones que se deciden por menos que eso. Esto se vio claramente en Durango, luego de que el dirigente de la Onappafa, José Guadalupe Barrios, declarara de lo más quitado de la pena que ya habían acordado con el ahora gober electo, Jorge Herrera Caldera, que no habría persecución contra autos chuecos. El problema es que, una vez más, la autoridad se rinde (recula, en el mal sentido de la palabra) ante los intereses particulares que sólo buscan llevar agua a su molino, a costa del resto de la sociedad.
