Dolor. Familiares enterraron a Miguel Cárcamo en El Guante, Honduras, quien fue víctima de la matanza en Tamaulipas.
El vocero de la PGR Ricardo Nájera confirmó en entrevista que el convoy de indocumentados secuestrado por los Zetas en San Fernando Tamaulipas estaba integrado por 77 personas, tres de las cuales eran mexicanas y se encuentran desaparecidas hasta este momento.
A partir de la versión del sobreviviente originario de Ecuador, de que había más personas que integraban este grupo que pretendía llegar a Estados Unidos, el funcionario federal informó que efectivamente, la información que se tiene por parte del testigo clave, el segundo sobreviviente de nacionalidad hondureña, el covoy era de 77 personas.
Desglosó que además de los 72 cuerpos localizados en el rancho de San Fernando donde se perpetró la ejecución masiva la semana pasada, a este se suman los dos testigos sobrevivientes de Ecuador y Honduras.
Mientras que a partir de la declaración que rindió el testigo hondureño bajo protección de la PGR, se ha logrado determinar que en el grupo viajaban tres mexicanos y dos de ellos eran chóferes, cuyo paradero se desconoce hasta ahora.
Por su parte, el ecuatoriano que salió vivo de la masacre dijo que una mujer embarazada y su hija también sobrevivieron, cuyo testimonio fue entregado ayer viernes por el gobierno de Ecuador, reportó El Comercio de Ecuador.
"Eran 76 y había una mujer embarazada como de nueve meses y con una niña, pero a ella no la mataron, no sé a dónde se la llevaron, no la vi ahí", afirmó el sobrevivente de la masacre en la declaración, de la que el jueves fueron difundidos algunos extractos.
El ecuatoriano no precisó la nacionalidad de las dos sobrevivientes. "Cuatro personas quedamos salvadas y de ahí, el resto, todos murieron", dijo a la prensa oficial durante su repatriación el domingo último.
Así también, el fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, informó que enviaron a México los registros de las huellas dactilares de ecuatorianos que presumen pueden estar entre las víctimas de la matanza.
"Ayer (jueves) remitimos las huellas dactilares de algunos ecuatorianos que, se presume, habrían estado en el grupo de personas que fueron víctimas de esta masacre" , señaló Pesántez en una rueda de prensa
Piden a México protección
Los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Belice, Honduras y República Dominicana demandaron al gobierno mexicano esclarecer la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas y adoptar medidas para proteger a los indocumentados que cruzan por su territorio.
En una declaración adoptada el pasado jueves durante una reunión realizada en La Antigua, Guatemala, se pronunciaron además por establecer en México un Observatorio de Derechos Humanos a nivel regional.
Los cancilleres repudiaron la matanza de migrantes y llamaron a las autoridades mexicanas a castigar a los responsables "para que este deleznable hecho no quede impune" y a que "adopten al más corto plazo posible los mecanismos que permitan evitar que hechos como el sucedido en el Estado de Tamaulipas se repitan".
Expresaron, por otra parte, su compromiso de "continuar el combate contra los grupos dedicados al tráfico y trata de personas, narcotráfico y crimen organizado, promoviendo la coordinación con las autoridades de seguridad en todos los países de la región".
En tanto, Alden Rivera, vicecanciller de Honduras, señaló en Tegucigalpa que, según el testimonio de un sobreviviente de la matanza, 30 migrantes de ese país estarían entre los 72 asesinados en Tamaulipas. Hasta ahora han sido repatriados 16 cuerpos a la nación centroamericana.
El embajador de El Salvador en México, Hugo Carrillo, informó que los cuerpos de 11 migrantes de ese país que fueron identificados serán repatriados mañana en una aeronave que proporcionará el gobierno mexicano.
Firman convenio para proteger migrantes
El Secretario de Gobernación, Francisco Blake, firmó con autoridades de los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas un convenio para establecer una estrategia integral para la prevención y combate al secuestro de migrantes en la frontera sur.
La finalidad del convenio es emprender acciones coordinadas entre las tres instancias de Gobierno, organismos de derechos humanos y sociedad civil, para la vigilancia, defensa y aplicación de la ley en contra de integrantes de las bandas del crimen organizado que abusan de los indocumentados.
También se busca acotar a servidores públicos que violenten a los extranjeros que ingresen a territorio mexicano.
En la estrategia se atenderán las principales rutas que utilizan los migrantes desde la frontera sur hacia el norte, precisó Blake.
En la firma estuvieron presentes el titular de Segob y los gobernadores de Tabasco, Andrés Granier Melo, y de Campeche, Fernando Eutimio Vega Valdez, además del Procurador de Chiapas, Raciel López Salazar, en representación del Ejecutivo Estatal.
