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Vive México un infierno

Actitudes

JOSÉ SANTIAGO HEALY

EL PASO, Texas.- Las causas de la violencia en México, particularmente en contra de los periodistas y la libertad de expresión, son mucho más profundas y complejas de lo que podemos imaginar.

La semilla de este monstruoso y deforme árbol fue sembrada hace más de 25 años cuando surgieron los primeros capos y cuando nadie imaginó que el narco invadiría todas las esferas de la sociedad mexicana.

Para colmo los carteles no sólo existen en el ámbito de las drogas sino también en las policías, el magisterio, la iniciativa privada, los partidos políticos y en otros sectores en donde se han gestado monopolios y cotos de poder que actúan abusivamente y con amplia impunidad.

El Gobierno mexicano se ha dedicado en los últimos años a combatir sólo los efectos de tan grave enfermedad social y en el caso de los comunicadores asesinados su respuesta ha sido vaga y tardía a través de la creación de fiscalías ineficientes y poco comprometidas.

Estas fueron algunas de las conclusiones del foro sobre agresiones a la libertad de expresión en México que se llevó a cabo en El Paso, Texas, bajo el auspicio de la Sociedad Norteamericana de Editores de Periódicos y la Sociedad Interamericana de Prensa y en el que participaron unos cincuenta editores, reporteros y académicos.

Asistimos al evento con la idea de conocer más de cerca lo que sucede en Ciudad Juárez, en Monterrey, Durango, Tamaulipas y el resto de la frontera a través de dos días de discusiones, pero no sospechábamos del panorama tan deprimente y desolador que ahí fue planteado.

Un periodista norteamericano llegó al extremo de preguntar si era inminente una nueva revolución en México. Otro de Ciudad Juárez evidenció una posible invasión militar de Estados Unidos para desterrar la violencia, aunque advirtió que sería contraproducente porque convertiría a los narcos en terroristas.

Lo cierto es que son 65 los periodistas asesinados en México durante los últimos diez años de los cuales 34 homicidios se han registrado durante el Gobierno de Felipe Calderón.

Un ochenta por ciento de estos delitos se presume fueron cometidos por narcotraficantes, sin embargo en prácticamente el cien por ciento de las agresiones contra periodistas participan autoridades policiacas directa o indirectamente.

Alejandro Hernández Pacheco, ex camarógrafo de Televisa secuestrado en julio en Gómez Palacio por presuntos sicarios, reveló que la participación de policías locales y federales fue evidente a lo largo de la pesadilla que vivió junto con otros tres comunicadores.

"Fuimos carne de cañón por parte de las autoridades que con engaños nos llevaron a la Ciudad de México y nos exhibieron ante los medios de comunicación luego de ser liberados", enfatizó.

Alejandro Junco, director general de El Norte de Monterrey, informó que el pasado sábado uno de sus reporteros fue secuestrado presuntamente por los Zetas en el municipio de Guadalupe, pero gracias a un mensaje que enviaron a las corporaciones policiacas y al Ejército de que harían un escándalo nacional e internacional con este caso, el comunicador apareció en cuestión de horas golpeado, pero a salvo. "Al parecer lo confundieron", dijeron las autoridades.

El fiscal especial para Crímenes contra Periodistas de la PGR, Gustavo Salas Chávez, reveló que al asumir el cargo a principios de este año se encontró con una oficina sin expedientes y con sólo tres casos consignados en cuatro años.

Salas Chávez dijo estar comprometido en la resolución de todos los casos registrados en México, pero no recordó dónde y cómo desapareció el reportero Alfredo Jiménez Mota de Hermosillo.

Osvaldo Rodríguez, editor y fundador de El Diario de Juárez, clamó desesperado por la ayuda de los medios para sacar del hoyo a esta región, sin duda la más golpeada por el crimen organizado.

Al final se concluyó que la solución a la violencia deberá venir de México y de su sociedad. Pero nadie se pone de acuerdo en los cómos. Unos quieren legalizar la droga, otros culpan a Estados Unidos de este infierno y la mayoría al Gobierno de Felipe Calderón, en tanto el número de asesinatos supera los 30 mil en los últimos cuatro años.

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