El derecho a la información transita por un momento crucial, con graves riesgos de que se reviertan los avances logrados en transparencia, advierten analistas.
Con el argumento de que se trata de información "reservada o confidencial" ha aumentado el número de ciudadanos cuyas solicitudes fueron rechazadas por instancias oficiales.
Mauricio Merino, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), menciona que tanto el Gobierno Federal como algunos gobiernos locales están levantando "verdaderas murallas" para evitar la entrega de datos.
El especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Miguel Carbonell comenta que hay una intención "muy firme" para revertir los avances en rendición de cuentas.
Desde su perspectiva, lo más grave es que el acceso a la información no tiene defensores en el Gobierno. "La verdad es que la transparencia se quedó huérfana en el Gobierno de Felipe Calderón".
Para Haydeé Pérez, coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de la organización Fundar, de dos años a la fecha existe "un embate estructural y sistémico contra todo lo que el país ha ganado en el tema".
En el estudio Métrica de la transparencia 2010, presentado este mes, se establece que por lo menos 50% de las leyes en el país no definen cómo, cuándo ni bajo qué criterios se considerará una información "reservada o confidencial".
