Y AHORA, ¿QUIÉN PODRÁ CASTIGARLOS? A SIMPLE VISTA

En un momento histórico en el que la mayoría de las instituciones, locales y federales, carecen de credibilidad, característica que debería ser una de una de sus virtudes principales, en Durango alza la mano un órgano que ha logrado sortear los obstáculos modernos de la corrupción y el autoritarismo: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Sin embargo, pronto ya no lo podrá presumir.

Ese cuerpo colegiado, desconcentrado del Poder Judicial, venció varios intentos por integrarlo al Tribunal Superior de Justicia del Estado como una de sus ramificaciones, todos ejecutados por el Congreso local.

Respaldados por opositores al sistema y basados en sus propios argumentos, el cuerpo de magistrados alcanzó a rescatar, todavía el año pasado, esa autonomía que durante años les permitió alardear -y con justa razón-, de que en más del 90 por ciento de los juicios que ahí se procesan fallan en favor de los ciudadanos.

Fue célebre aquel juicio realizado durante la anterior Administración estatal, en el que determinaron el cese de una docena de elementos de la hoy rebautizada Policía Ministerial, al resultar positivos en un examen antidoping que se les realizaron de manera sorpresiva; el Tribunal de lo Contencioso se sostuvo siempre en su postura, la de castigar conforme a la ley a los agentes, ordenándolo al entonces procurador de Justicia, Jesús Gutiérrez Vargas.

Lo que después ocurrió es otro cantar: los policías se ampararon y sus superiores decidieron sostenerlos en la dependencia, algunos en cargos que les resultaron más cómodos que el anterior. Así "acabaron" con el problema.

Ayer la fracción priista del Congreso local retomó aquella iniciativa de reforma que parecía haber quedado en el olvido: la sacaron del congelador y, como si nada, inició su camino rumbo a la consolidación, en un proceso que terminará con la desaparición de ese tribunal, para muchos, el único autónomo que todavía queda.

La reforma implicará un innegable conflicto de intereses, dada la cercanía existente entre los Tres Poderes de la entidad; nadie, absolutamente, puede negar el cercano vínculo que existe -al menos- entre los representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Basta mirar a la Secretaría de Contraloría y su papel reciente:¿a cuántos funcionarios realmente castigó? La lentitud con que marchó la investigación en la Dirección General de Transportes, y la insatisfacción provocada, es el ejemplo de lo que podría ocurrir con los procedimientos del nuevo ente que se pretende crear.

Y nadie dice nada. A la oposición le pasó de noche la intención de la iniciativa. No hubo reclamos; eso, lo que pasará, se asemeja a lo que en su momento ocurrió con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado y la propia Universidad Juárez del Estado de Durango. Son "acomodos" legislativos que, independientemente de la intención oficial, terminaron por causar una gran división en los sectores sociales y políticos que a cada uno conciernen. Sin embargo, en esta ocasión no les interesaron, siquiera, los beneficios políticos que el simple hecho de poner el grito en el cielo les acarrea.

Los magistrados, incluido su presidente Armando Vela Montes, parecen haberse dado por vencidos: no quieren más ese estrés. Se cansaron de luchar. Dejarán que el nicho autónomo, ese que hasta hoy es modelo y ejemplo, se extinga. Parece que de nuevo -otra vez- no hay más que hacer.