"La actitud oficial es: si te pasó algo, es porque andabas mal."
Madre de víctima, HRW
Una de las justificaciones que con mayor frecuencia ha ofrecido el presidente Felipe Calderón ante la oleada de homicidios de los últimos años es que más del 90 por ciento de las víctimas son miembros del crimen organizado. Esta explicación ha sido retomada por funcionarios y comandantes de las fuerzas de seguridad.
El problema es que no hay corroboración. Se antoja lógico que muchas de las víctimas hayan sido delincuentes. En algunos de los casos más sonados, sin embargo, se ha demostrado que las víctimas no pertenecían a ninguna organización criminal.
Recordará usted, quizá, el caso de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, el 31 de enero de 2010. El presidente Felipe Calderón se refirió a ellos en un principio como "pandilleros". Después de que sus familias protestaron, y de que se comprobó que eran estudiantes con buenas calificaciones y deportistas dedicados, el primer mandatario reconoció públicamente su error.
Bastante peor fue el caso de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo del Tec Monterrey, muertos por miembros del ejército en marzo de 2010. Los soldados pusieron un arma en las manos de uno de ellos para avalar su declaración de que habían disparado contra unos sicarios que los habían atacado. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del Tec, sin embargo, demostraron que los muchachos habían salido sin armas del campus universitario antes de ser acribillados por los soldados.
A pesar de casos como éstos, la población mexicana ha aceptado la afirmación tantas veces repetida de que más del 90 por ciento de los muertos son criminales. La realidad, sin embargo, es que no lo sabemos. El informe Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la 'guerra contra el narcotráfico' de México de Human Rights Watch (HRW) señala: "La ausencia de investigaciones permite dudar de los fundamentos de las afirmaciones expresadas por el presidente y otros funcionarios, y revela además una tendencia intrínseca en el gobierno a prejuzgar a las víctimas."
No hay información que permita realmente determinar si el 90 por ciento de los ejecutados tenía relación con el crimen organizado o si es el 45 o el 10 por ciento. Una misión de Human Rights Watch que estuvo en México esta semana preguntó a varios de los funcionarios más importantes en materia de seguridad dónde estaban las pruebas de que efectivamente el 90 por ciento de las víctimas de homicidio eran criminales. Nadie pudo responder.
La explicación de la procuradora Marisela Morales, según me cuentan algunos de los miembros de esta misión, genera todavía más inquietud. Ella señaló que la enorme mayoría de esos homicidios no son investigados por la PGR ya que las averiguaciones quedan en el fuero común. Los casos atraídos por la autoridad federal, en cambio, están tan manoseados por las procuradurías locales que es muy difícil extraer conclusiones claras.
Si así son las circunstancias, lo más honesto sería aceptarlas públicamente. Si las autoridades no saben quiénes son las víctimas de los homicidios, deben reconocerlo. Lo que no podemos hacer es decir que el 90 por ciento son criminales si realmente no lo sabemos. Es mejor aceptar nuestra ignorancia, cuando no tenemos información, que pretender ocultarla difamando a las víctimas de homicidio en nuestro país.
VIOLACIONES GENERALIZADAS
El informe de Human Rights Watch sobre México apunta que sigue habiendo violaciones generalizadas de derechos humanos, entre ellas torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Lo peor de todo es que las autoridades no parecen estar interesadas en investigar las acusaciones. Parten de la suposición de que toda acusación en contra de las autoridades es falsa en principio, cuando hay muchos casos que sugieren que se siguen cometiendo violaciones graves a los derechos humanos en nuestro país.
Twitter: @sergiosarmient4