De nuevo el Instituto Federal Electoral (IFE) está en medio de un debate y es blanco de ataques. Se dice que se entromete en cosas que no le corresponden (reglamentar el derecho de réplica), que pone en riesgo la elección de 2012 (CIRT), que está debilitado, que está en crisis y hay que sacudirlo o hacer cambio de consejeros. Todos estos argumentos y otros más se han escuchado en días pasados. ¿Qué pasa hoy con esta importante institución?
Una institución no sólo se entiende por sus reglas, sino por el desempeño de sus integrantes y, además, por las redes e intereses que se mueven para apoyarla o combatirla. Hay que agregar el espacio político y el momento en donde este tipo de instituciones actúan. Este espacio se ha transformado en los últimos años y ha sufrido cambios tan importantes que ahora podemos identificar dos grandes ciclos por donde ha caminado la democracia mexicana y, por supuesto, el IFE: uno de ascenso y construcción democrática que llegó hasta el año 2000, y otro de una difícil y complicada postransición, con muchos pendientes, abiertas regresiones e incertidumbre. En este segundo momento hay que ubicar y entender lo que pasa con el IFE.
El IFE de la transición y de la alternancia, cuyas reglas fueron las de la reforma de 1996, construyó comicios competidos, terminó con el conflicto electoral y logró prestigiarse con base en sus resultados. El IFE que siguió, el de las elecciones caras, mediatizadas y con alto abstencionismo, empezó a ser intervenido por los partidos a partir de la renovación de sus consejeros en 2003. Así, con las mismas reglas, pero en un contexto diferente, el IFE tuvo un desempeño inversamente proporcional entre el año 2000 y el 2006, momento en que regresó el conflicto. La reforma de 2007 fue una respuesta de la clase política al conflicto y a los excesos del modelo de competencia mediatizado. Optar por los tiempos del Estado en radio y televisión fue un acierto, que no ha dejado de ser un campo de lucha cotidiana entre medios, partidos y autoridades.
Las nuevas responsabilidades y los instrumentos con que cuenta el IFE no son del todo simétricas, pero hay que decir que la institución, a lo largo de su historia, ha tenido que ganarse su prestigio en contra de la adversidad. Quizá en la época posterior a la reforma de 1996 el ciclo de avances se impuso a las inercias, lo cual sucedió en un clima de no pocos conflictos y presiones. En estos momentos sucede algo similar, pero con la diferencia de que a las inercias de la clase política se suman las presiones de los poderes fácticos, de los medios. Así, mientras los políticos decidían cómo bajarle el perfil al IFE, cómo tener consejeros que siguieran línea de los partidos, cómo evitar nuevas multas como la del Pemexgate y Amigos de Fox, cómo tener una institución que se amoldara a sus intereses y necesidades, los concesionarios de la televisión ganaron terreno, aumentaron su negocio y su capacidad de imponer sus condiciones a la clase política bajo una sola regla: si quieres ganar posiciones, tienes que pasar por mi pantalla. Es conocida la historia de la "Ley Televisa", la sentencia de la Suprema Corte y luego la reforma de 2007, que se quedó a medias y abrió huecos para violar la legalidad.
De esta forma, en las críticas a los que han tratado de debilitar al árbitro no se pueden quedar fuera ninguna de las dos tenazas de la pinza: la clase política y los medios, la partidocracia y la mediocracia.
Las televisoras no han dejado de pelear en contra del IFE y de golpearlo por la aplicación del nuevo modelo de comunicación, y la clase política le ha pegado con su incapacidad para terminar las reglas y la reforma de 2007, por sus arreglos por debajo de la mesa para violar la legalidad, por su cinismo para dejar a la institución sin los tres consejeros que desde fines de octubre de 2010 debería haber nombrado. No hay que volverse a equivocar, la vulnerabilidad del IFE no está en las reglas, sino en la alianza entre una parte de la clase política y las televisoras. A ello les sirve la imagen de una institución debilitada.
Los que quieren un IFE que se amolde a sus intereses políticos, un árbitro a la medida de sus necesidades, quieren una competencia limitada. Son los mismos que quieren nombrar tres consejeros orgánicos, que sigan sus instrucciones; son los que ya se sienten ganadores y no quieren ningún riesgo, nada que se les salga de control. A esos políticos arrepentidos de la reforma del 2007 y a esos medios que no quieren el modelo que les quitó parte del negocio y de la incidencia hay que decirles que no se equivoquen, porque la democracia, la ciudadanía y el interés del país necesitan, a pesar de todo, comicios competidos y árbitros independientes y eficaces.
Investigador del CIESAS
