A la memoria de Edmé Reyes, quien me arropó cuando llegué al DF, y del colega Jan de Vos.
En Jalisco hay un festival de corrupciones, conflictos de interés y tráfico de influencias. Las instituciones están rotas y desvencijadas.
Alonso Godoy Pelayo ha sido el auditor superior de Jalisco desde 2004. Llegó con una fama de académico serio y honesto que se evaporó al difundirse que la anterior legislatura estatal le regaló bonos por 9.8 millones de pesos, con lo cual su salario mensual pasó de 100 a 250 mil; que su suegro y compadre se benefició de un sospechoso contrato del Congreso por cinco millones; y que una de las instituciones que audita, la Universidad de Guadalajara, le compró en 28 millones una propiedad valuada en 1 millón 260 mil. También se le critica por una denuncia penal, seis acusaciones de acoso sexual, una petición de juicio político y uno que otro dispendio.
En febrero pasado compareció ante una nueva legislatura y el boletín oficial lo condenó en el primer párrafo: "Con evasivas, respuestas poco claras y un discurso repetitivo, el Auditor [...] respondió a los cuestionamientos de los diputados". Ese día legisladores de todos los partidos se lucieron con preguntas incisivas y frases lapidarias mientras el auditor se atrincheraba en evasivas y frases hechas.
Pese a ello, el PRI lo mantuvo en el cargo. El coordinador de la fracción tricolor que lo cuestionó en febrero, Roberto Marrufo, operó su ratificación el 28 de junio argumentando que "no se podía despedir al auditor así como así [...] ya que habría respondido con demandas y entonces se tendría que reinstalar y pagar salarios caídos". Con esa lógica, ¿para qué perseguir criminales si a lo mejor contrademandan?
El auditor sigue en el cargo porque también lo apoyaron otros partidos ninguno de los cuales lo defendió públicamente. La explicación más escuchada sobre tan notable consenso es que se trata de un auditor cómodo para quienes gobiernan. Entre la evidencia citada estaría que los diputados de la anterior legislatura se repartieron 289 millones sin tener que comprobarlos.
El auditor piensa diferente. En entrevista telefónica reiteró lo que ha venido diciendo: los bonos y el contrato para su suegro (y compadre) "son legales y los asignó el Congreso"; no niega la venta del terreno a la Universidad de Guadalajara, pero aclara que él "sólo es copropietario junto a sus hermanos". Rechaza vehementemente ser un "auditor a modo" y dice que los ataques en su contra vienen por la enjundia de su trabajo. Insiste en haber fincado cargos por 4 mil millones de pesos. El caso más escandaloso es la cuenta de Zapopan de 2009; encontró irregularidades por 1,300 millones de los cuales 800 corresponden a adeudos de las fraccionadoras que depredaron urbanísticamente a ese municipio gobernado entonces por el panismo. De hecho, responsabiliza al PAN de las presiones en su contra.
Alonso Godoy se quedó callado cuando le pregunté si no considera inmoral recibir un bono por 9.8 millones y si se da cuenta que en su relato hay graves conflictos de interés y tráfico de influencia. Me aclara, eso sí, que ha hablado poco con los periodistas "porque no me buscan". En una de esas entrevistas uno de los principios más sólidos de la política nacional: "Porque tengo vergüenza y porque tengo dignidad ¡no voy a renunciar!".
El desorden y la corrupción jaliscienses generaron pocas reacciones en los liderazgos y partidos nacionales, aun cuando el auditor ha ganado más que los secretarios de Estado mexicanos que ganan el doble que sus contrapartes en Suecia. La explicación está en la "balcanización" de los partidos. Por el aumento en los subsidios que reciben en los estados ha crecido su autonomía que los blinda frente a dirigencias nacionales o candidatos presidenciales.
El caso sacude la sociedad jalisciense desde hace un año, pero no a la clase política que ha sido más bien parca. Una excepción es Eugenio Ruiz Orozco, un priista histórico quien ha sido muy crítico en cartas, desplegados y declaraciones. Para él las "instituciones están en crisis" porque "si funcionaran adecuadamente ese señor [Alonso Godoy Pelayo] estaría en la cárcel". (Carta a Pedro Mellado, Mural, 13 de junio y entrevista José David Estrada, Reforma, 12 de julio). Los organismos civiles se han manifestado y los medios de comunicación, impresos y electrónicos, han escudriñado muy bien el caso. Los principales organismos empresariales han protestado porque la corrupción ya es disfuncional.
El futuro jalisciense es turbio e incierto. El auditor está decidido a seguir hasta el final de su mandato (diciembre de 2016) y los partidos intentarán que se olvide el asunto. La variable independiente es, como en el resto de México, el malestar ciudadano que deberá lidiar con un Congreso tan desprestigiado como el auditor y los partidos. ¡Aaaaay, Jalisco!
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