El gobierno juega con fuego, en medio del incendio que ya arrasa parte del territorio nacional como resultado de sus juegos de guerra contra las bandas criminales.
Hoy, ante las posiciones inconciliables que suscitan asuntos como el aborto, el presidente Calderón optó por abandonar sus responsabilidades de árbitro y conciliador y se colocó del lado de una de las partes beligerantes.
Contra el principio de comunicación institucional que recomienda al gobernante mensajes que reduzcan las curvas de discrepancia que dividen a las sociedades en temas que confrontan grandes valores, en este caso, la defensa de la vida frente a la defensa de la libertad, Calderón optó una vez más por una estrategia de comunicación partidista.
Y frente a la necesidad de convergencias en este ya prolongado ciclo de autodestrucción nacional, el Presidente parece decidido a montarse en una nueva ola de divergencias que agregaría ingredientes de regionalismos y fanatismos religiosos a la avanzada descomposición política y a la catástrofe de inseguridad y violencia criminal.
BELFAST A LA VISTA
Y es que con su irrupción en el debate de la Corte sobre el aborto, lo mismo se puso Calderón en actitud de combatiente en la perspectiva de un potencial conflicto religioso, que alentó inconformidades con tintes separatistas en las disputas por competencias entre federación y estados, en temas que se daban por resueltos entre los acuerdos nacionales básicos. Mucha sangre se ha derramado en México y en el mundo -Belfast a la vista- por la combinación de confrontaciones de creencias y desajustes de normas y gobiernos regionales con los gobiernos centrales.
Calderón abrió un nuevo frente de conflicto entre poderes federales al entrar como entró en el debate del pleno de la Corte. Lo hizo con un mensaje público en contra del proyecto del ministro Fernando Franco, quien argumentó la inconstitucionalidad de las normas locales de Baja California y San Luis Potosí que, más allá de la Constitución federal, establecieron el derecho a la vida desde la concepción y el consecuente castigo a la interrupción de embarazos.
Ese mismo día, el Presidente le solicitó al Senado una medida destinada a establecer en las normas mexicanas el derecho a la vida desde la concepción, con su propuesta de modificar la declaración interpretativa que incluyó México al adherirse en 1981 al Pacto de San José, en el que nuestro país se apartó de la obligación de incorporar ese principio a las leyes nacionales.
ANTIABORTO ELECTORAL Pero por si no hubiera sido suficientemente claro el propósito de presionar al Poder Judicial hacia las posiciones del Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, a través de su subsecretario jurídico, hizo una crítica explícita a la ponencia del ministro Franco, que -con la irrupción presidencial- puede tener consecuencias desastrosas. Porque si a estas horas la Corte ya se pronunció -o lo hace más tarde- en el sentido señalado por el Ejecutivo, dominará la percepción de que los ministros fueron subordinados por el Presidente. Y si la Corte resistió -o resiste en las siguiente horas- el Ejecutivo agregará a la condena a su tentativa de sometimiento del Poder Judicial, la percepción de incompetencia o debilidad por haber fracasado en el intento.
Con estos costos y riesgos, es en la obsesión electoral que domina la agenda presidencial donde podría esperar alguna ganancia de su esta operación. El tema cohesiona al PAN y divide al PRI y al PRD. Y todo apunta a la intención de integrar a las campañas la presión del Ejecutivo y su partido -con la jerarquía católica y otras voces conservadoras- para que el Senado remueva el obstáculo de la declaración interpretativa mexicana en el Pacto de San José, a fin de propiciar una legislación nacional que establezca el derecho a la vida desde la concepción y las consecuentes penas para la interrupción del embarazo. Victoria pírrica a la vista.
