Hay vértigo, no necesariamente movimiento. Gira y gira sobre su propio eje la violencia criminal y la incertidumbre política, creando la ilusión de enorme dinamismo. No hay tal, es el mismo suceso que se repite y sólo releva a quienes lo protagonizan o al lugar donde ocurre. A ese vértigo sigue la pérdida del sentido del equilibrio y el trastorno del juicio.
Un crimen sucede a otro y la impunidad condecora la fechoría. Una indecisión o una trapacería política sucede a otra y la subcultura del engaño corona a la mentira. Eso es lo que sucede.
Ese vértigo acelerado por la impunidad y esa incertidumbre acelerada por la incapacidad sólo pregonan un desastre superior al prevaleciente. La talla de las autoridades y dirigentes políticos no da para frenar el vértigo ni reponer la certidumbre. El país les queda grande y su interés está puesto en conquistar la ruina en que lo están convirtiendo.
Las muertas del estado de México reviven por la plusvalía electoral que ahora representan. Los ajustes en el gabinete derivan no de la necesidad del gobierno, sino del partido. Los liderazgos partidistas, es un decir, reflejan la descomposición y la división de sus respectivas organizaciones. A la violencia criminal se suma la violencia política y su impunidad anima la violencia desorganizada: se abarata la vida, contratar a un asesino no es tan caro.
Así, el Estado de Derecho no se fortalece, se reblandece. La consolidación de la democracia no se atora, retrocede. Cada suceso, en medio del vértigo, confirma que el país está gravemente herido. Obviamente, la actual generación de políticos no lo va a sacar del atolladero en que se encuentra. Ni caso tiene pedirles que lo intenten. Ni pueden, ni les interesa. Quizá, se les pueden exigir unas cuantas acciones para que no se hunda más y para mandar la señal de que algo puede hacerse. Algo, por pequeño que resulte.
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En el campo de la seguridad, el gobierno debería dejar el discurso de la grandilocuencia de su lucha y las cuentas alegres sobre la pila de cadáveres donde camina, para escoger cinco asuntos que marquen un alto a la impunidad.
No se trata, desde luego, de cinco conferencias de prensa como las que le encantan al gabinete de seguridad, donde los delincuentes o los portavoces hablan y hablan de lo que quieren hablar, pero no de lo que la sociedad quiere escuchar. Reveladoras declaraciones de criminales detenidos con nulo valor ministerial o prometedoras declaraciones oficiales con nulo respaldo en la realidad.
No, se trata de informar a carta cabal de cinco asuntos de enorme significado para la sociedad porque la han lastimado, ahí, donde una y otra una vez la han golpeado y la vuelven a golpear. Asuntos relacionados con la injusticia, la impunidad y la corrupción, donde por igual se han visto involucrados criminales y servidores públicos. Asuntos emblemáticos cuya atención y resolución, sin duda, permitiría restablecer algo de credibilidad en la autoridad y el Estado.
¿Cuáles podrían ser éstos? Va una lista: detener a los asesinos de la señora Marisela Escobedo, la madre de Rubí, ejecutada precisamente por reclamar justicia ante el homicidio de su hija; esclarecer la situación de Santiago Meza López, El Pozolero, de cuya detención se hizo una profusa campaña de propaganda, al asegurar que disolvía en ácido a sus víctimas y, ahora, no se dice nada; determinar la situación legal y la ubicación de El Chamán, Salomón Alarcón Romero, aquel mando de la Policía Federal que en vez de proteger, extorsionaba a la ciudadanía; informar y determinar la situación de Néstor Moreno, el funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, que a cambio de contratos presuntamente recibió un carro deportivo, un yate y una cierta cantidad de dinero; e informar del estado de la averiguación, si la hay, del secuestro sufrido por Diego Fernández de Cevallos.
No son casos difíciles. Cuando un Estado empeña en serio su fuerza y organización para esclarecer un asunto, lo puede. No es mucho pedir. ¿Puede el gobierno comprometerse al menos en eso?
Se trata de concentrar la atención de la autoridad en asuntos del interés ciudadano, de privilegiar la agenda ciudadana sobre la del gobierno, de asumir un compromiso para demostrar que, si bien no hay solución en el plazo corto a la inseguridad, sí hay capacidad para resolver al menos algunos asuntos dolorosos.
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En el ámbito electoral, la dirigencia de cada partido u organización debería asumir un compromiso de cara a la ciudadanía sobre los términos de la campaña que va a desplegar en las entidades cuya gubernatura estará en juego este año. Un compromiso, no una serie de posturas resbaladizas o invalidadas aun antes de desplegarse.
¿Cuál es el juego, por ejemplo, en el Estado de México? ¿Descalificar de antemano el proceso dada la debilidad de las fuerzas opositoras al PRI para frenar la aspiración presidencial de Enrique Peña? ¿Con toda honestidad y por el respeto que se le tiene, puede Alejandro Encinas acreditar sin chapucerías su residencia en esa entidad? ¿Puede aclarar el dirigente panista, Gustavo Madero, el valor del acuerdo suscrito por su antecesor y el ex secretario de Gobernación con el PRI y cómo explica el canje de votos ciudadanos por parlamentarios? ¿El presidente de la República, en verdad, va a impulsar la candidatura de su hermana, Luisa María, a la gubernatura de Michoacán en llamas? ¿El dirigente del PRI, Humberto Moreira, la de su hermano en Coahuila?
Son seis asuntos, seis gubernaturas en juego -Guerrero, Baja California Sur, Nayarit, Estado de México, Coahuila y Michoacán- que, extra a su efecto directo, influirán en la elección presidencial. ¿Cómo van a jugar los partidos? ¿Les importa un bledo la estabilidad, en aras de la posibilidad?
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Si el gobierno no marca el alto a la impunidad, al menos en algunos casos, la violencia y la corrupción muy probablemente lo desborden. Si los partidos no privilegian la civilidad en su confrontación, cualquier cosa puede pasar en la elección presidencial.
Son acciones sencillas que, de no emprenderse, animarán aún más la violencia criminal, política y social que, en el vértigo, podría agravar la situación del país.
Viene Guerrero, donde dos priistas parecidos en extremo simulan una reñida elección y, a causa de ella, Guillermo Sánchez Nava se debate entre la vida y la muerte con el cráneo partido en cuatro. Impune la violencia política y criminal. ¿Dirá el gobierno 'No a la violencia y la impunidad', dirán los partidos 'Sí a la civilidad y la responsabilidad política'? ¿O seguirán hundiendo vertiginosamente al país?
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